Corregir la anomalía de una electricidad carísima, aunque esté generada por la fuente más barata, la hidráulica, es el nuevo desafío de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuya carrera política despegó precisamente por su alabada gestión del sector energético.
La coyuntura es adversa. La escasez de lluvias en 2012 aumentó el costo de la generación eléctrica, al obligar en el último trimestre a activar las plantas térmicas de petróleo que complementan el aporte de las centrales hidroeléctricas durante las sequías.
Aún así, el gobierno cumplió su promesa de bajar el precio de la electricidad, uno de los más elevados del mundo. Rousseff anunció el 23 de enero una reducción de 18 por ciento para el consumo residencial y de hasta 32 por ciento para el industrial.
"El gobierno quiere revocar la ley de oferta y demanda por decreto", con el contrasentido de reducir tarifas y estimular así el consumo cuando hay escasez energética, comentó a IPS el director del Centro Brasileño de Infraestructura, Adriano Pires.
En el futuro se tendrán que volver a subir porque las centrales térmicas "cobrarán su factura" al operar más tiempo debido a la previsible insuficiencia de lluvias para rellenar los embalses durante el verano austral, acotó el economista.
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Pires consideró que la energía es cara en Brasil por falta de estímulos a la oferta y a la competencia en el sector, además de "prácticas monopólicas" y de elevados impuestos.
Por razones opuestas, Roberto DAraujo, director de Ilumina Instituto de Desarrollo Estratégico del Sector Energético, agregó otras críticas. El gobierno "está desmantelando el sistema eléctrico brasileño al usar las empresas estatales" para atender demandas de los industriales del sureño estado de São Paulo, explicó a IPS.
Calcula que la empresa estatal Furnas, donde fue jefe del Departamento de Estudios Energéticos, perderá 60 por ciento de sus ingresos al cumplir las medidas gubernamentales y no será la más golpeada.
Las empresas eléctricas bajo control del Estado operan a nivel nacional, como Furlas, o regional, y todas tienen participación minoritaria privada, por lo que la mayoría cotiza en bolsa.
El alivio en las facturas de la luz proviene de subsidios y de empresas estatales que operan viejas centrales hidroeléctricas con concesiones que caducarían entre 2015 y 2017. El gobierno propuso prorrogarlas a cambio de indemnizaciones y rebajas tarifarias de más de 90 por ciento en algunos casos.
Algunas de estas empresas, situadas en estados gobernados por la oposición, rechazaron la medida, pero al ser dependientes del poder central solo pudieron acatarla y ver desplomarse su cotización bursátil y su capacidad de inversión.
Furnas, que provee 10 por ciento de la electricidad brasileña, ve agravarse su situación. Tiene 1.700 funcionarios con edad para jubilarse este año, y tendrá que promover despidos para adaptarse a la reducción tarifaria.
Con ello estará privándose de "inteligencia, de gente con experiencia", lamentó DAraujo, un defensor de la energía como servicio público en un "monopolio natural" en Brasil por el predominio de las hidroeléctricas.
Los precios de la electricidad "se duplicaron desde 1995", cuando empezó la privatización del sector y la implantación del "modelo de mercado", según el ingeniero.
Las protestas de movimientos sociales no sensibilizaron al gobierno hasta que los industriales se movilizaron reclamando energía más barata para recuperar competitividad y superar la "desindustrialización" del país.
Antes de la rebaja de enero, la industria denunciaba que un megavatio/hora le costaba 165 dólares promedio, mientras que el costo promedio en sus 27 mayores socios comerciales es de 108 dólares.
Las tarifas residenciales son inmensamente variadas, pero en un barrio de clase media de Río de Janeiro, por ejemplo, el costo del kilovatio/hora era de unos 24 centavos de dólar en diciembre.
"Es positivo bajar el costo de la energía", pero no con subsidios que transfieren recursos de contribuyentes a consumidores en "una transfusión de sangre que no saca al paciente de cuidados intensivos", dijo Pires.
Se refirió así al riesgo de apagones y al uso de tarifas eléctricas para contener una inflación que hace años supera la meta anual de 4,5 por ciento.
El gobierno actúa igual con los combustibles, cuyos precios al consumidor son contenidos desde 2005 a través del consorcio petrolero estatal Petrobras, que vende internamente productos a precios inferiores a los que paga para importarlos. Ese subsidio costaría 2.000 millones de dólares mensuales, según analistas.
El 30 de enero, la gasolina subió 6,6 por ciento y el diesel 5,4 por ciento. El alza fue permitida por el gobierno porque su impacto inflacionario será neutralizado por la rebaja de la electricidad, pero no elimina las pérdidas de Petrobras, cuyas utilidades netas cayeron 36 por ciento el año pasado, respecto de 2011.
Es otro enredo que desafía la fama de excelente gestora de Rousseff en el área energética, la que impulsó su ascenso político hacia la Presidencia, que ejerce desde enero de 2011.
Sobresalió como secretaria de Energía de Río Grande del Sur, un estado iluminado y ajeno a la crisis que obligó al racionamiento eléctrico nacional entre junio de 2001 y febrero de 2002. Ese fue el trampolín para su nombramiento como ministra de Minas y Energía en 2003 y de la Casa Civil de la Presidencia (jefatura de gabinete) en 2005.
Este último puesto la preparó como candidata a la sucesión de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011). Como ministra comandó la reforma del sistema eléctrico en 2004 para mejorar la seguridad y la planificación del sector.
El "trauma" del desabastecimiento de 2001 alimenta el temor a una nueva crisis, pero la situación cambió con inversiones en todo el sistema, antes inexistentes, evaluó Emilio La Rovere, profesor de postgrado en ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Se construyeron muchas centrales térmicas para el suministro cuando el estiaje reduce la generación hidroeléctrica, observó, aunque se descartó la seguridad absoluta porque el "riesgo cero cuesta carísimo".
La planificación del gobierno es "correcta", pero hay fallas en la ejecución, reconoció, ante los grandes atrasos en la construcción de varios proyectos. Hay, por ejemplo, plantas eólicas que no operan porque faltan líneas de transmisión para aprovechar su energía.
La polémica sobre los precios de la electricidad es "una disputa entre capitalistas", según Gilberto Cervinski, uno de los coordinadores del Movimiento de Afectados por las Represas.
Esa batalla, dijo a IPS, es entre las empresas eléctricas, cuyas utilidades se multiplicaron después de la privatización, y los industriales, que ganaron ahora con la rebaja de tarifas.
El movimiento, que estima en más de un millón los afectados en los últimos 30 años, apoya la rebaja gubernamental, pero reclama abaratar más aún la cuenta de luz de las familias brasileñas recortando las ganancias de las empresas distribuidoras y no solo de las generadoras, como sucede ahora.
Además, es injusto privilegiar al sector industrial, con una reducción de 30 por ciento, que ya paga menos por la electricidad, mientras baja solo 18 por ciento la tarifa residencial, opinó Cervinski.
También le preocupa la salud financiera de las compañías estatales por la reducción excesiva de sus tarifas. Sostuvo que deberían situarse en el doble de los menos de cinco dólares por kilovatio/hora fijados por el gobierno.
