La srilankesa Lahandapurege Ariyawathie se siente afortunada, a pesar de haber sido torturada con 24 clavos candentes.
Esta mujer de 52 años, originaria del sureño distrito srilankés de Matara, emigró a Arabia Saudita a inicios de 2011 para trabajar como empleada doméstica, con la esperanza de reunir el dinero suficiente para construir su propia casa al regresar a su país.
Pero trabajó solo cinco meses y volvió a Sri Lanka con heridas abiertas causadas por sus empleadores, que para castigarla le insertaban pequeños hierros candentes en su cuerpo.
"Siento que tuve suerte. Podrían haberme pasado cosas peores", dijo Ariyawathie a IPS frente a su nueva casa, construida gracias al apoyo del Buró de Trabajo en el Extranjero y la Autoridad Nacional de Vivienda, luego de que su caso desatara una controversia en Sri Lanka.
De hecho, tiene razones para sentirse afortunada. El 10 de enero pasado, Rizana Nafeek, joven srilankesa de 25 años encarcelada en Arabia Saudita por la muerte accidental de un bebé que tenía a su cargo, fue decapitada sin que se le informara a su familia ni a las autoridades en Colombo.
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"Lo mismo me habría pasado a mí", dijo Ariyawathie, quien aún tiene seis objetos metálicos en su cuerpo.
Nafeek estuvo en prisión desde 2005 y condenada a muerte desde 2007. Había llegado a Arabia Saudita con un pasaporte falso cuando tenía 17 años.
Según su familia y otras personas vinculadas a su caso, agentes de empleo manipularon a sus parientes pobres para llevar a la entonces adolescente a trabajar como empleada doméstica en algún hogar saudita.
Nafeek terminó cuidando a un bebé de cuatro meses, tarea en la cual no tenía ninguna experiencia. El bebé se ahogó mientras ella lo alimentaba con un biberón. Activistas dicen que la joven no recibió ni un juicio justo ni el apropiado apoyo legal y consular.
Sus parientes, de la aislada aldea srilankesa de Muttur, en el nororiental distrito de Trincomalee, solo muestran resignación. "¿Qué podemos hacer? Tenemos que seguir adelante, no podemos hacer nada más", dijo a IPS su padre, Abdul Mohammad Nafeek.
Investigadores alertan que muchas familias están a merced de agencias de empleo que se trasladan a aldeas pobres y aisladas en busca de jóvenes como Nafeek.
"Están en una tierra extraña sin ninguna protección", dijo a IPS la activista Miyuru Gunasinghe, de la organización srilankesa por los derechos humanos Fondo de Ley y Sociedad.
Gunasinghe explicó a IPS que algunos países, como Filipinas, firmaron acuerdos bilaterales con Arabia Saudita para proteger los derechos de sus trabajadores emigrantes. "Filipinas es un gran ejemplo. Dejó de enviar trabajadores a Arabia Saudita por un año hasta que pudo negociar un acuerdo", indicó.
Sri Lanka tiene acuerdos similares con Bahrein y Jordania. Estos convenios no solo les garantizan a los emigrantes un salario mínimo, condiciones de vida decorosas y un horario de trabajo fijo, sino que también aseguran que sean tratados de forma igualitaria y no según contratos individuales o leyes tribales del país al que se trasladan.
A pesar de la indignación popular por la decapitación, Colombo todavía no ha indicado si procurará firmar un acuerdo de estas características con Riyadh.
Dos semanas después de la muerte de Nafeek, el gabinete aprobó una propuesta del ministro de Empleo en el Exterior, Dilan Perera, para elevar a 25 años la edad mínima requerida a las jóvenes que buscan trabajo como empleadas domésticas en Arabia Saudita. Para el resto de Medio Oriente, sigue siendo 23 años.
Las aspirantes también deben completar un programa de capacitación de 21 días para obtener un certificado.
Pero Gunasinghe relativizó la utilidad de estas medidas. "Puedes tener 25 años, pero si solo estudiaste hasta quinto grado (de escuela) y no sabes inglés, no puedes presentar la solicitud. Seguimos con el mismo problema", dijo.
Ariyawathie emigró luego de haber asistido al programa de capacitación del gobierno, que incluía clases de idiomas.
De todas formas, tuvo problemas para comunicarse con sus empleadores y no sabía cómo operar los artefactos eléctricos del hogar donde trabajaba. "Abusaron de mí porque yo no podía entender lo que me decían", dijo.
Gunasinghe sostuvo que el gobierno debería aplicar disposiciones más severas a las agencias de empleo y revisar la Ley del Buró de Trabajo en el Exterior para contemplar todos los derechos de los emigrantes. En su actual forma, la norma solo promueve el empleo en el extranjero.
La activista señaló que, si a los millones que trabajan en el exterior se les reconociera el derecho a votar, los políticos atenderían más sus necesidades.
A pesar de la escasa capacitación y los bajos salarios que reciben los emigrantes (algunas empleadas domésticas cobran 100 dólares al mes), las remesas son la principal fuente de divisas de Sri Lanka. Se estima que este año podrían totalizar 5.000 millones de dólares.
Hay unos dos millones de srilankeses trabajando en el exterior. Al menos 800.000 son mujeres que se desempeñan como empleadas domésticas, la mayoría en países del Golfo. Arabia Saudita sigue siendo su principal destino.
Pero hay un sutil cambio en marcha. Desde fines de 2011, cuando se divulgaron los primeros informes de prensa sobre esta situación, cada vez más personas muestran renuencia a emigrar a Arabia Saudita. Agentes de empleo ahora incluso ofrecen una prima de 800 dólares a cada mujer que esté dispuesta a trasladarse a ese país.
En Muttur, la aldea natal de Nafeek, activistas lanzaron una campaña de firmas para pedir que se prohíba el envío de empleadas domésticas a Arabia Saudita.
"La gente pensó que Muttur permanecería en silencio. No hemos logrado justicia. No queremos que la muerte de Rizana pase a ser solo un dato más en las estadísticas", dijo Mohammad Jihad, trabajador social de la aldea.