Porfirio Lobo comenzó su último año en la Presidencia de Honduras atrapado en un gran desgaste de gestión, con falta de recursos para pagar salarios, inseguridad ciudadana sin freno y deterioro de su propia imagen. Un cuadro que le hizo pedir disculpas por sus desaciertos.
El último sondeo de opinión, realizado por la Compañía de Jesús (jesuitas) de Honduras y la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", de El Salvador, otorga al mandatario derechista un puntaje de 4,07 en una escala de 0 a 10, el más bajo desde que llegó al gobierno el 27 de enero de 2010.
El sacerdote Ismael Moreno, superior de los jesuitas en Honduras, dijo a IPS que el gobernante obtuvo en diciembre de 2010 un puntaje de 5,11, un año después de 4,6 y el mes pasado se registró "una mayor caída en el deterioro porque la gente percibe más fracasos que logros en su gestión".
En una muestra nacional de 1.540 personas, 52 por ciento de las consultadas consideran que la administración de Lobo fracasó, en especial en sus dos promesas fundamentales: trabajo y seguridad.
"Apenas 24 por ciento de las entrevistadas destacan entre sus logros los bonos a los pobres", su principal programa social, detalló.
"El resto no siente que el gobierno esté sacando a Honduras de la crisis, la percepción de frustración se incrementa y la gente tiene claro el panorama de los desaciertos: inseguridad, desempleo y no cumplimiento de promesas", acotó.
Datos de la Secretaría (ministerio) de Trabajo indican que tienen problemas de empleo 48 por ciento de las 3,6 millones de personas económicamente activas que tiene Honduras, con 8,2 millones de habitantes. Además, la violencia se cobra un promedio diario de 18 vidas.
En 2012, la tasa de homicidios fue de 85,5 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial fue ese año de 8,8, según la Organización Mundial de la Salud.
La mayoría de los homicidios son producto de la acción de sicarios, dentro del crimen organizado. Pero también están detrás bandas formadas dentro de la propia policía, en la que estalló hace dos años su peor crisis histórica, cuando un caso destapó la corrupción enquistada por la penetración de distintas mafias, en especial del tráfico de drogas.
Tres cúpulas de la policía fueron destituidas en menos de un año, pero ese cuerpo de seguridad sigue supurando escándalos, con oficiales y agentes involucrados en delitos de narcotráfico y asesinatos. Organismos locales e internacionales estiman que la depuración total tardará 15 años.
Hasta finalizar 2012, los homicidios sumaban 20.513 desde que Lobo asumió la Presidencia. Aunque este insiste en que ha logrado "contener" la inseguridad ciudadana, ya se registraron más de 100 muertes violentas en los 27 primeros días del año.
"Enero fue un mes rojo y las políticas públicas en materia de seguridad deben ser más efectivas y menos discursivas", dijo a IPS el procurador Roberto Velásquez, de la estatal oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que encabeza la batalla por la depuración policial.
El gobierno se mueve "en aguas turbulentas, sin un rumbo claro y con signos preocupantes en materia económica, donde todo apunta a que vamos hacia una crisis sin precedentes y no se ven soluciones confiables", explicó.
Recordó que en diciembre el gobierno enfrentó protestas masivas, en especial de maestros y otros empleados públicos, que realizaron diferentes concentraciones para exigir el pago de salarios atrasados, un hecho sin antecedentes en las últimas tres décadas, en un país donde el mayor empleador es el Estado.
El gobierno no logra honrar sus compromisos y en la primera quincena de enero los proveedores de medicamentos amenazaron con suspender el suministro al sistema público de salud, si no se pagan 40 millones de dólares, de la deuda acumulada desde 2010.
Analistas financieros indican que el gobierno difícilmente hallará nuevos recursos y el dinero que ingresa solo permite "tapar huecos de la crisis".
Lobo estableció para 2013 un presupuesto de 6.635 millones de dólares, con un déficit de 1.000 millones, que economistas independientes consideran que no podrá financiar.
Además, aducen, el desbalance impedirá que se firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al haber incumplido Honduras condiciones en contención del gasto, reducción de la burocracia y devaluación de la moneda, entre otras exigencias. Ya en 2012 el gobierno fracasó en alcanzar un entendimiento con el organismo multilateral.
Honduras vive del café, el banano, la pesca y la palma aceitera y en 2012 tuvo una balanza comercial deficitaria, con exportaciones por 7.204 millones de dólares e importaciones por 10.337 millones, según cifras del Banco Central.
En el mismo periodo, el producto interno bruto creció 3,2 por ciento, para cerrar el año en 16.600 millones de dólares, la deuda interna alcanzó un nivel histórico de 3.000 millones de dólares y la deuda externa sumó otros 2.500 millones de dólares, indicó la entidad.
Julio Raudales, ministro de Planificación, reconoce que el país vive un momento crítico. "Existen algunos escenarios para ver cómo reducir el gasto, en especial el déficit fiscal, así como mejorar la recaudación de ingresos", dijo este mes.
Raudales rechaza que exista una "quiebra del Estado", pero los expertos del no gubernamental Foro Social de la Deuda Externa, una de las organizaciones con mayor credibilidad del país, advierten que Honduras afronta en 2013 una "calamidad fiscal" que exige urgentes medidas.
Nelson García Lobo, analista de ese Foro, dijo que tener un acuerdo con el FMI "traerá una serie de presiones sobre la economía y sobre el presupuesto" y en caso de no tenerlo "pone en precario los préstamos y donaciones".
Para afrontar el gasto, el gobierno depende de donaciones externas, préstamos de organismos financieros internacionales, bonos negociados en el mercado local e impuestos.
La crisis fiscal y económica se conecta, en parte, con la corrupción que afronta la administración de Lobo, un problema en que Honduras mantuvo en 2012 el primer lugar dentro de América Central, según la organización Transparencia Internacional.
El día 25, durante su rendición de cuentas anual ante el parlamento, Lobo dijo que, "con humildad, acepto mis desaciertos". Pero minimizó el alcance de la crisis: "les prometo que vamos a salir adelante, no hagan caso a las aves de mal agüero". Aseguró que dejará "un mejor país".
Mientras, su gobierno se afana en revisar exoneraciones por 500 millones de dólares otorgadas en la última década a los empresarios, diplomáticos, fundaciones, medios de comunicación y organismos internacionales para obtener ingresos y reducir prebendas.
Además, desde diciembre busca la apertura de relaciones diplomáticas con China y la colocación en ese mercado de unos 750 millones de dólares de nuevos "bonos soberanos". Pero Bejing le exige que antes rompa sus nexos con Taiwán.
Analistas críticos aseguran que el último año de Lobo será de "coma en economía y seguridad".
El gobernante Partido Nacional mantiene la mayor intención de voto para los comicios de noviembre, pero 26 por ciento de los encuestados en diciembre dijeron que no confían en partido alguno y la politóloga Isolda Arita dijo a IPS que en Honduras hay un escenario que "puede dar sorpresas".
