En México se presta mucha atención a la responsabilidad que tiene Estados Unidos en el poder de fuego que poseen los grupos criminales en este país latinoamericano. Pero hay otro problema sobre el que se habla poco: la alta tenencia de armas ligeras en manos de civiles.
La Constitución mexicana instituye el derecho de la población a "poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa", con excepción de las de grueso calibre, mientras que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de 1972 estipula los requisitos para su inscripción en el Registro Federal de Armas.
Pero expertos no concuerdan si la actual coyuntura violenta que atenaza a la sociedad debe tener como respuesta una reforma de la legislación o, solamente, la simple aplicación de sus preceptos.
"México tiene una de las leyes más restrictivas. No creo que el conflicto sea la ley, sino cómo se aplica", señaló a IPS la experta Magda Coss, autora del libro "Tráfico de armas en México. Corrupción, armamentismo y cultura de la violencia".
"En la aplicación hay muchas fallas, hay mucha negligencia de los ciudadanos sobre su conocimiento", apuntó.
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"Por otro lado, está la corrupción de las autoridades, no hay seguimiento a los decomisos y el almacenaje" de las piezas legales para que no terminen en el mercado clandestino, complementó la especialista, cuya obra fue publicada en 2010.
La posesión de armas en los domicilios y su porte en las calles abona hechos de violencia en México, mientras que las mafias del narcotráfico se nutren de su flujo ilícito por bandas dedicadas a su comercio a gran escala.
En 2011, la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena) tenía registradas 2,45 millones de armas, en su mayoría rifles y escopetas para cacería y tiro deportivo, seguidas por pistolas semiautomáticas.
Pero ese despacho reconoce que solo una de cada 300 armas que circulan en esta nación de casi 117 millones de personas es legal y cumple con todos los requisitos.
En México, los ciudadanos poseerían más de 15 millones de armas de origen ilegal, indica el boletín 2011 "Estimando armas de fuego en manos de civiles", que forma parte de la anual Encuesta de Armas Ligeras, elaborada por el Instituto Superior de Estudios Internacionales de Ginebra.
Especialistas como Luis Gutiérrez, presidente del no gubernamental Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales, recomiendan el diseño y aprobación de una nueva ley de armas, con estándares estrictos sobre compra, posesión y trasferencia.
"La ley actual es obsoleta y carece de observancia efectiva. En el país es posible adquirir cualquier tipo de armas de forma clandestina, como fusiles de asalto o granadas", resaltó el activista, cuya organización pertenece a la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (Iansa, por sus siglas en inglés).
El combate contra las drogas, emprendido desde 2006 por el entonces presidente de México, el conservador Felipe Calderón (2006-2012), dejó como saldo unos 100.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 240.000 desplazados internos, según estadísticas de la organización independiente México Evalúa, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Procuraduría (fiscalía) General.
Desde que el sucesor de Calderón, el también conservador Enrique Peña Nieto, asumió la presidencia el 1 de diciembre, esa violencia ha incrementado las víctimas mortales en 850 personas, según recuentos de la prensa mexicana.
Los cárteles mexicanos del narcotráfico alimentan su poder de fuego con el contrabando de armas pesadas desde Estados Unidos, mientras que las piezas ligeras ilegales llegan por la frontera sur, desde naciones centroamericanas.
Entre 2007 y 2012, el gobierno mexicano decomisó unas 140.000 armas, en su mayoría fusiles letales como AK-47, AR-15 y M-16, según cifras de la Sedena.
La percepción de inseguridad que envuelve a la sociedad mexicana ha llevado a la población civil a adquirir armamento, pese a que persiste el rechazo social a aumentar las facilidades para obtenerlo. En Estados Unidos, se calcula que hay 270 millones de armas, en manos de una población de 313 millones de personas.
Un sondeo de 2011 de la consultora Parametría halló que 51 por ciento de los mexicanos encuestados desaprueban la tenencia de armas en los hogares, mientras que 38 por ciento de ellos apoyan su prohibición total.
El análisis de la Encuesta de Armas Ligeras sitúa a México en el puesto 42 de 170 naciones investigadas sobre el número de piezas en poder de particulares, quienes poseen la mayoría de las de este tipo, entre ametralladoras, rifles, fusiles de asalto, escopetas y pistolas automáticas y semiautomáticas.
"No se aplican campañas de concienciación. Las campañas de despistolización no resaltan las implicaciones de tener armas en casa", dijo Coss, en alusión a los planes de retiro de armamento que ejecutan cada año el gobierno nacional y las autoridades de Ciudad de México.
La ley del sector establece que las autoridades "realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo", pero esta disposición no se cumple.
Gutiérrez apuesta por la prohibición, pero reconoce que la situación actual obstaculiza ese objetivo. "Las leyes que posibilitan la adquisición de armamento no deberían existir, debería haber una prohibición generalizada, pero por el momento esta visión encontraría resistencia entre sectores de la población y partes interesadas", sostuvo.
"La justificación de armar a una sociedad es una grave irresponsabilidad", sentenció.
México es uno de los mayores promotores del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, el primer acuerdo vinculante para regular el flujo, que actualmente se negocia en la Organización de las Naciones Unidas.
Pero el proyecto fue bloqueado en julio de 2012 por China, Estados Unidos y Rusia.
Las partes volverán a reunirse en marzo en Nueva York para tratar de destrabar las negociaciones. Este país es parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, vigente desde 1998.
Pero México no se sumó al proyecto regional "Promoviendo el marcaje de armas de fuego en América Latina y el Caribe", que la Organización de los Estados Americanos ejecuta en más de 20 países, pese a las permanentes denuncias de que el tráfico de armas es responsable de muchas vidas en su territorio.
