La muerte de por lo menos 58 personas, el mayor desastre carcelario de los últimos 20 años en Venezuela, fue recibida con indignación y reclamos de investigación y correctivos, pero también con dosis de indiferencia en una sociedad marcada por altas tasas de violencia criminal.
"Cada año son asesinados unos 500 presos y hay un acostumbramiento a esa situación en las cárceles, reflejo tras los muros de la violencia que se vive en el país y su marca de 20.000 homicidios anuales", dijo a IPS el académico Roberto Briceño León, del no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia.
Para el sociólogo Luis Cedeño, de la organización Paz Activa, "en sociedades marcadas por altos índices de violencia homicida, como El Salvador, Honduras o Venezuela, se genera una suerte de insensibilización hacia un hecho que nos debería causar estupor, como la muerte en una acción armada de casi 60 detenidos en una cárcel".
"No debe olvidarse que el Estado tiene por definición el monopolio de la violencia y que las personas detenidas están bajo su cuidado y responsabilidad", recalcó Cedeño a IPS sobre lo acontecido en la cárcel Uribana, donde se hacinan 2.400 privados de libertad.
El inicio de una requisa en esa penitenciaria ubicada en la ciudad de Barquisimeto, 300 kilómetros al oeste de Caracas, el día 25, dio paso a un motín con enfrentamiento entre reclusos y efectivos de la militar Guardia Nacional y del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
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El saldo oficial hasta este lunes 28, era de 56 presos muertos, así como un guardia y un pastor evangélico que hacía labores de mediación entre detenidos y autoridades. Hay además 95 heridos, según el gobierno, 46 de los cuales permanecen hospitalizados.
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, dijo que "no hubo enfrentamiento, sino una resistencia a la requisa que íbamos a iniciar en sana paz, y los reos fueron atacados por personas ocultas (otros presos), que son líderes negativos y les dispararon a mansalva".
"Empezaron a dispararle a los reos porque decían que estaban entregando la base. Aquí estamos enfrentando mafias que se lucran de la miseria, presos que pretenden someter a la población penal con complicidad de funcionarios civiles y militares", agregó Varela.
Las cárceles de Venezuela, precisó a IPS el activista Carlos Nieto, de la organización Una Ventana a la Libertad, son controladas por grupos de presos que consiguen, "con la obvia complicidad de sus custodios", objetos prohibidos como armas blancas y de fuego tanto cortas como largas, explosivos, drogas, alcohol, teléfonos celulares y televisión por suscripción.
Esto último sirvió a Varela para sostener que "un detonante" de la violencia en Uribana fue la información que la televisora privada Globovisión (captada en Barquisimeto solo mediante suscripción) y la página web del diario local El Impulso dieron acerca de preparativos para la requisa, que finalmente resultó frustrada.
Familiares de los presos dieron otra versión a los medios locales, en las afueras de Uribana, mientras esperaban datos sobre ellos, entre escenas de desesperación y falta de listados sobre muertos y heridos.
Aseguraron que la balacera comenzó mientras un "pran" (líder de presos), Henry López, caminaba junto al pastor evangélico Segundo Camejo. Los guardias anunciaron entonces que lo trasladarían a otro penal, lo que violaría un supuesto acuerdo entre detenidos y autoridades, de efectuar la requisa del recinto sin movilizar reclusos.
Cuando unos presos trataron de impedir el traslado, los guardias abatieron a López y a Camejo, según esa versión de familiares, y entonces los reclusos se abalanzaron sobre los uniformados, que les repelieron a tiros. Habría sido así como cayeron unos 150 reclusos, entre muertos y heridos.
"La responsabilidad recae sobre la ministra de asuntos penitenciarios, por la pésima ejecución de este procedimiento y porque en Uribana no se hacían requisas desde hace cuatro años", señaló Nieto.
Humberto Prado, del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo a IPS que "el detonante principal fue la improvisación de lo que se supone debió ser una operación militar controlada. Nunca habían muerto tantos presos en una requisa. Es la mayor tragedia carcelaria desde que asumió el gobierno Hugo Chávez (en 1999)".
En las cárceles de Yare y El Rodeo, cercanas a Caracas, enfrentamientos con intervención militar causaron 26 y 42 muertos, respectivamente, en 2012 y 2011. En la cárcel de Sabaneta, en la noroccidental ciudad de Maracaibo, choques entre presos dejaron 108 muertos en 1994. En las dos últimas décadas hubo otros casos con menor número de bajas.
"Pareciera que se repite el mismo libreto: hay violencia en las cárceles, choques entre presos, asaltos o intervenciones militares, y las infaltables acusaciones contra medios de comunicación. La repetición de lo mismo abona la insensibilidad", dijo Briceño León.
Para el académico "una parte de la población ve esos hechos con distancia o desdén, como parte del castigo de quienes han delinquido, pero otra los mira con sincero estupor y alarma por la degradación que representan para la convivencia en sociedad".
Cedeño destacó que "parte de la población realiza su vida diaria bajo el asedio del crimen, hecho parte de su cotidianidad, y el cuidado por sus propios asuntos no deja mayor lugar a las necesidades de los presos, que están al final de la cola de su atención".
El excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles, vencido por Chávez en las elecciones del 7 de octubre, se manifestó "impresionado por la indiferencia. Es la segunda mayor masacre en la historia de las cárceles de nuestro país. No tenemos por qué acostumbrarnos a vivir así".
Briceño León contrastó que, "ante una tragedia como el incendio de una discoteca, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dejó la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para acudir al lado de los familiares de las víctimas".
En cambio, dijo, "en Venezuela, el vicepresidente Nicolás Maduro, que gobierna en nombre de Chávez, siguió camino a esa Cumbre en Santiago de Chile con su canciller, Elías Jaua", tras anunciar una investigación sobre lo que calificó como "una confusión trágica". Varela anunció el cierre de la cárcel de Uribana y el traslado de sus 2.400 internos a otras cárceles del país. Los enviados a varias prisiones "fueron rechazados por la población penal", un eufemismo para reconocer que los "pranes" rehusaron su admisión.
En 30 cárceles de Venezuela, con capacidad nominal para 14.000 presos, se hacinan más de 45.000, destacó Nieto, mientras Cedeño recordó que en el presupuesto del Estado para 2013 no se contempla la construcción de ninguna nueva prisión, lo que agravará el hacinamiento.
Según Prado "no hay voluntad política para resolver el problema. El gobierno incumple el Artículo 272 de la Constitución, que ordena manejar las prisiones con penitenciaristas formados académicamente y descentralizar su administración para que la conduzcan los estados y los municipios".
