La ejecución de un dirigente del Movimiento Sin Tierra en una plantación de caña de azúcar en el sudoriental estado brasileño de Río de Janeiro, donde en los años 70 eran incinerados opositores a la dictadura, refresca un capítulo de la historia más trágica de este país.
En el libro «Memorias de una guerra sucia», el exagente de Departamento de Orden Político y Social, Cláudio Guerra, relata la incineración de 10 militantes de izquierda, para no dejar rastros, en el horno de la Usina Cambahyba, en Campos dos Goytacazes, un municipio del norte del estado de Río.
Ahora, 40 años después, el nombre de este complejo agrícola-industrial de siete haciendas de 3.500 hectáreas vuelve a estar vinculado a la represión de una voz molesta, pero en plena democracia.
Cícero Guedes, de 54 años, era un importante líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que encabezó la ocupación de predios en la Usina Cambahyba que dio origen al campamento Luiz Maranhão.
«Era una figura muy simbólica, y con ello quisieron dar un mensaje muy fuerte al MST, que está organizando a los trabajadores por la tierra en la región», dijo a IPS uno de sus dirigentes nacionales, Marcelo Durão.
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«Estamos ante un enfrentamiento con las fuerzas opresoras de la región», señaló tras recordar a Guedes como «un fuerte militante, coherente y muy centrado en la lucha por la tierra, y una referencia en la producción agroecológica».
Para Marcos Pedlowski, profesor de la Universidad Estatal del Norte Fluminense que desde 1998 estudia allí la cuestión agraria, el asesinato «es claramente un intento por quebrar la organización y no es una disputa pequeña». La figura de líder asesinado «concentraba la imagen de los esfuerzos de la lucha por la tierra», agregó.
El dirigente del MST murió por el impacto de al menos 10 disparos tras caer en una emboscada la madrugada del 26 de este mes cerca del complejo industrial cañero. Volvía en bicicleta de una de las tantas reuniones para regularizar la situación de las 100 familias de campesinos del campamento.
La disputa por la tenencia de la tierra con grandes empresarios en esa región «se ha agravado por la morosidad en la tramitación de procesos judiciales que involucran inmuebles considerados improductivos y, por lo tanto, sujetos a expropiación para la reforma agraria», observó la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de Brasil, Maria do Rosário Nunes. El caso de Cambahyba es «ilustrativo», añadió la funcionaria en un comunicado.
La autorización judicial de la expropiación de agosto de 2012, que permitirá dar continuidad efectiva al proceso, fue emitida 14 años después del dictamen del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
«El telón de fondo (del asesinato) es la lentitud de la justicia federal», coincidió en entrevista con IPS el diputado estadual Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
«Los latifundios de esa región de procesamiento de caña están en bancarrota, con deudas al Estado en un área de gran concentración de pobreza y sin tierra. Es donde el Incra tiene que garantizar la reforma agraria», señaló.
Esos latifundios pertenecieron al ahora fallecido Heli Ribeiro Gomes, ex vicegobernador de Río de Janeiro, que pasaron a sus herederos.
En el mencionado libro, Guerra relata que se aprovechó de la amistad con Ribeiro Gomes para desaparecer los cuerpos de los militantes izquierdistas usando el ingenio.
La versión es «absurda», según los familiares de Guerra, pero la historia no desmiente otros hechos tan macabros como ese, inclusive en la actualidad, como los asesinatos de Guedes y de otros activistas rurales que no tuvieron tanta repercusión.
«Nos dicen que fueron cremados 10 militantes. Pero podemos creer que fueron muchos más», destacó Durão. La zona es famosa por la violencia histórica contra los trabajadores rurales de parte de familias azucareras y de sus «matones».
Durão llamó la atención sobre la «brutalidad» del asesinato, de «forma premeditada» con unos cuatro disparos en la cabeza y seis en el lado izquierdo del tórax.
Freixo apuntó que «fue un asesinato grupal, una emboscada , y no se llevaron nada. Claramente fue una ejecución».
El norte fluminense no ha cambiado mucho desde esos años de dictadura (1964-1985) ni de siglos anteriores, cuando la explotación de la caña de azúcar remitía a las primeras formas de esclavitud en Brasil. Al menos en lo que se refiere a temas esenciales como la propiedad de la tierra, la explotación humana y la violencia.
En 2009, un informe del Ministerio de Trabajo señaló a Campos dos Goytacazes como la región con el mayor número de casos de trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud en pleno siglo XXI, precisó Freixo. No es de extrañar cuando se considera que ese territorio fue el último en abolir la esclavitud.
Pedlowski, autor del libro «Desmontando el latifundio. Saga de la reforma agraria en el norte fluminense», destacó la concentración de la propiedad agraria, vinculada al monocultivo de caña y a la violencia.
El coeficiente Gini, que mide la desigualdad y que va de cero a uno, ubica a Campos en 0.8 en la escala de concentración de la tierra, la mayor del estado de Río de Janeiro.
«Las familias que mandan en Campos son las mismas», en una región que es «cuna tradicional de la extrema derecha, como (la organización católica hoy disuelta) Tradición, Familia y Propiedad», y que incorporó los escándalos de corrupción política de los nuevos tiempos.
Guedes luchaba de modo ferviente contra los el uso de productos químicos tóxicos en la agricultura, además de combatir esa injusticia secular. Es que fue cortador de caña en el norteño de estado de Alagoas antes de unirse al MST en 1996 y conseguir su tierra en el asentamiento Zumbi dos Palmares.
Padre de cinco hijos, el campesino promovía una huerta agroecológica y era una referencia en las ferias de esos productos y en la coordinación local para el gubernamental Programa de Adquisición de Alimentos, que estimula la agricultura familiar para abastecer las meriendas escolares.
«Él no aprendía en la universidad. Los demás aprendíamos con él», contó Pedlowski.
«Su vida giraba en torno del MST. Hacía muchos sacrificios para conseguir colectivos de comercialización en la producción y no se satisfacía con tener garantizada su tierra. Iba al frente de las demás ocupaciones. Era su animador», enfatizó.
«Eliminar a un líder expresivo como él muestra el grado de impunidad y de parálisis de la reforma agraria, especialmente tras la llegada al gobierno de Dilma (Rousseff)», concluyó.
Según el MST, el gobierno actual no solo no consiguió resolver el problema de 150.000 familias acampadas a la vera de carreteras esperando tierras, sino que aumentó la concentración agraria, inclusive en manos de empresas de capital extranjero.
Un informe del Incra indica que en 2012 invirtió unos 1.050 millones de dólares y benefició a 23.000 familias en 117 asentamientos.
El año pasado, añade, el organismo consiguió que se decretara de interés social 31 inmuebles para fines de reforma agraria.
