Indígenas mapuche de la región chilena de La Araucanía luchan desde hace más de dos décadas contra la construcción de la Ruta Costera, un megaproyecto que concibió la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que ha entrañado pérdidas arqueológicas y culturales.
La Ruta Costera no es más que un camino longitudinal para unir el largo y estrecho territorio de Chile, lo más cerca posible del litoral del océano Pacífico. El trazado total supera los 3.340 kilómetros y hasta el momento hay más de 2.600 kilómetros pavimentados.
Semejante proyecto carretero se convirtió en uno de los desafíos centrales de varios gobiernos que siempre encontraron la oposición de comunidades indígenas.
En La Araucanía, 674 kilómetros al sur de Santiago, la Ruta Costera comprende 41,6 kilómetros del tramo Puerto Saavedra-Toltén, justo donde se encuentra el Área de Desarrollo Indígena del Budi.
Las autoridades sostienen que la iniciativa integrará zonas aisladas, disminuirá los tiempos de traslado y potenciará el desarrollo de nuevas áreas de atractivo turístico.
[related_articles]
Estudios de la Universidad de la Frontera indican que el área posee «una larga historia cultural y un vínculo claro con ella a través de testimonios arqueológicos y reproducción cultural, con alta prevalencia de aspectos identitarios y cosmogónicos dentro de la región».
Sus habitantes ancestrales son los mapuches lafkenches, palabra de la lengua de este pueblo que significa «gente de mar» o que vive en las costas.
Uno de ellos es Leonardo Calfuneo, «lonko» (autoridad máxima) de la comunidad Konin Budi, de unas 60 familias.
«Nos opusimos a este megaproyecto porque para el pueblo mapuche no significa progreso y desarrollo, sino la destrucción irreparable de nuestra cultura», afirma a Tierramérica.
Calfuneo habita con su esposa una pequeña parcela en la que se sitúa una acogedora casa de madera, donde ofrecen mate y sopaipillas (masa de harina de trigo frita) a los comensales.
«Vivimos de la pequeña agricultura, somos campesinos, somos un pueblo milenario y nuestra vida fue siempre de la tierra», explica.
Calfuneo enfrentó en persona los avances del proyecto que no ejecuta una empresa constructora, sino el Cuerpo Militar del Trabajo, dependiente del ejército.
En marzo, las maquinarias del cuerpo militar realizaron labores en sus tierras sin autorización, destruyendo cercos vivos de plantas medicinales y un espacio sagrado para la comunidad.
«Aquí van destruyendo para ensanchar los caminos, y no solamente se pierden las tierras sino también las plantas medicinales y las vertientes», protesta.
En su comunidad, «cada familia cuenta con tres, cinco o 10 hectáreas para vivir», un espacio escaso si se considera que hace solo unas décadas regía la propiedad comunitaria en el territorio mapuche.
Mediante el decreto ley 2.568 del año 1979, el régimen de Pinochet dividió y tituló las tierras mapuches. Muchos de esos predios fueron adquiridos por particulares, principalmente asociados a empresas forestales, de energía y piscicultura.
La carretera costera creará una conectividad eficiente en el litoral, y así se potenciará el desarrollo económico de la zona, alegan las autoridades locales.
«Se trata de un proyecto que lleva bastante tiempo y que nosotros queremos lograr destrabar», dice a Tierramérica el intendente (gobernador) de La Araucanía, Andrés Molina.
«Por distintos motivos el proyecto nos interesa mucho pero, en la práctica, no logramos sacarle una evaluación en términos de rentabilidad social y económica a esos caminos», admite.
Aunque mejoró la calidad de los caminos, «hoy día estamos trabajando para poder sacar un estudio de rentabilidad social para lograr pensar en pavimentar. No podremos hacer nada mientras no tengamos internamente una evaluación social que nos permita invertir como país», señala.
Su expectativa es «sacar adelante esto lo antes posible y ojalá dejar comenzado el proyecto dentro del año 2013».
Los plazos de Molina asustan al comunero Luis Aillapán, «gempin» (dueño de la palabra) de Konin Budi. Para este hombre dotado de conocimientos sobre la cultura, espiritualidad y filosofía de su pueblo, la construcción de la ruta es «un dolor grande».
«Estamos acostumbrados a la naturaleza, a caminar un poco y acceder al mar y pescar los recursos que necesitamos», comenta a Tierramérica.
Aillapán posee siembras y algunos animales. Su familia se alimenta de lo que la tierra y el mar le dan. Desde su casa se aprecia el océano Pacífico a un lado, praderas verdes al otro, y algunos cerros que forman parte de la cordillera de la costa.
Pero, a los pies de sus tierras, los militares trabajan y las maquinarias se abren paso.
«Gente de nuestro propio pueblo nos ha dado la espalda y por las noches se escuchan disparos que buscan amedrentarnos», denuncia.
Su esposa, Catalina Marileo, y su hijo de cuatro años fueron acusados en 2002 de agredir a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que realizaban estudios de factibilidad del proyecto.
Más tarde, Aillapán, su esposa, su cuñada, Margarita Marileo, y el marido de esta fueron procesados por la ley antiterrorista, heredada de la dictadura y que hoy se aplica casi exclusivamente al pueblo mapuche en conflicto.
La comuna de Saavedra, de unos 401 kilómetros cuadrados entre el Pacífico y el lago salado Budi, tenía 13.481 habitantes en 2009, de acuerdo a cifras oficiales. Más de 80 por ciento viven en zonas rurales y 73,2 por ciento se declaran mapuches.
En el Área de Desarrollo Indígena del Budi viven 3.295 personas, que constituyen 24,4 por ciento de la población de la comuna. Y en la isla Huapi, ubicada en el lago, hay 43 comunidades habitadas por 5.000 mapuches.
Un estudio de la Universidad de la Frontera, encargado por el gobierno en 2001, indicó que 45,2 por ciento de los habitantes estaban a favor de la Ruta Costera y 52,9 por ciento en contra.
La situación cambió cuando el ahora exalcalde de Saavedra, Ricardo Tripainao, recorrió las comunidades explicando los beneficios de la carretera, como el mayor precio que podrían cobrar por sus productos y los millones que el Estado les pagaría por la expropiación de sus terrenos.
Tierramérica constató que hoy mucha gente está molesta por los incumplimientos del Estado en esos pagos y por el ensanchamiento de la extensión de los terrenos a expropiar, que inicialmente era de 13 metros, pero que en muchos sectores llega a 20 o 25 metros.
Pero entre los habitantes de la cabecera municipal de Puerto Saavedra, una localidad urbana con atracciones turísticas, hay un sentimiento favorable hacia la carretera, pues atraerá más visitantes y reducirá el aislamiento.
El campamento militar a cargo de la obra se emplaza en una orilla del Budi, área protegida por su patrimonio cultural.
El intendente Molina asegura que «está contemplada» la consulta a las comunidades, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, puesto que «la idea es que el proyecto se haga participativamente».
Ese Convenio, adoptado en 1989 y que entró en vigor en Chile en 2009, establece garantías para las comunidades originarias, en especial de ser consultadas sobre actividades o proyectos en sus territorios.
Sin embargo, advierte el intendente, «no vamos a consultar mientras no tengamos el proyecto con todas las aprobaciones».
* Este artículo fue publicado originalmente el 21 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
