El gobierno de Colombia accionó el temporizador que marca un año para la posible salida del país de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en rechazo a un fallo que le resta unos 70.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe frente a Nicaragua. Activistas temen que denuncie otros tratados.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, optó por el único recurso frente a la sentencia inapelable en su contra de ese tribunal que dirime conflictos entre estados, que fue solicitar que explique su sentido y alcance, mediante un mecanismo denominado "demanda de interpretación".
Argumenta que la sentencia se pronuncia sobre límites, pero no sobre los derechos de la población del archipiélago, preservación ambiental y patrullaje, y sobre eso preguntará.
El fallo emitido el 19 de noviembre por el tribunal con sede en La Haya reconoce la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, situado unos 750 kilómetros al norte de la costa de este país y 230 kilómetros al este de Nicaragua, pero también trazó una delimitación marítima que otorga a este último estado 90.000 kilómetros cuadrados adicionales sobre el mar Caribe.
La politóloga Laura Gil teme que la consulta redunde en menores beneficios para Colombia que si optara por negociar directamente con Nicaragua las "zonas grises" que tenga la sentencia.
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El desconocimiento de sentencias judiciales adversas parece haberse vuelto moda en la Colombia del siglo XXI.
Juan Gabriel Tokatlián, director del departamento de ciencia política y estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, de Buenos Aires, señala en una columna en el diario bogotano El Tiempo que Álvaro Uribe legitimó en sus dos gobiernos (2002 a 2010) esta "suerte de subcultura antijurídica y pro fuerza" que "permite explicar la incomprensible postura a favor del desacato de un fallo de la CIJ".
Uribe adoptó como propios los principios de la "guerra contra el terrorismo" promovida en 2001 por Estados Unidos y que no reconocía fronteras ni soberanía territorial cuando se trataba de exterminar "enemigos".
Así, ese mandatario derechista desató una crisis binacional en 2005 cuando hizo secuestrar en Caracas a Rodrigo Granda, un representante de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La gestión diplomática de Cuba y Brasil logró enfriar el escalamiento del trance entre Colombia y Venezuela, que comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros.
Francia consiguió más adelante la excarcelación de Granda, dentro de sus negociaciones para liberar a la dirigente política colombo- francesa Ingrid Betancourt, por entonces rehén de las FARC.
Hoy Granda es negociador plenipotenciario en los diálogos de paz que esa guerrilla izquierdista adelanta con el gobierno de Santos en La Habana.
Uribe provocó otra crisis mayor en marzo de 2008 (https://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=87636), cuando una "fuerza combinada de Estados Unidos y del gobierno colombiano", según documentos de Washington revelados por el sitio web Wikileaks, incursionó en Ecuador para matar al portavoz internacional de las FARC, Raúl Reyes (cuyo nombre real era Luis Devia Silva), quien esperaba reunirse allí con diplomáticos franceses.
Ese mismo mes, Ecuador demandó a este país ante la CIJ por los daños causados en territorios de frontera por las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato, proveído por Estados Unidos en el marco del antidrogas y contrainsurgente Plan Colombia.
"La salida de Colombia no afecta las decisiones que tomen los organismos que judicialmente tratan los temas internacionales. Será para el futuro que tienen un efecto, pero no para el pasado", comentó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño.
Los politólogos coinciden en definir a Colombia como un país respetuoso de las leyes internacionales, fama que, según entienden, se va ahora a pique. Las alarmas están encendidas entre los defensores de derechos humanos, el área donde "el desdén oficial ante la legalidad internacional se hizo más evidente", según Tokatlián.
"Están la jurisdicción del sistema interamericano (de derechos humanos) y de la Corte Penal Internacional, y los reconocimientos de competencia de algunos de los comités de vigilancia de los tratados multilaterales humanitarios, que tienen facultades para conocer casos individuales", advirtió a IPS el director de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.
"Colombia ha aceptado la competencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Podrían (las autoridades colombianas) echar atrás ese reconocimiento, lo cual sería gravísimo. Eso debería tener una contención constitucional", agregó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente de visita en Colombia y que estudia y remite casos a la Corte del mismo sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está estudiando 50 demandas contra el Estado colombiano.
La Corte tiene dos casos: desaparecidos y asesinados durante la retoma militar del Palacio de Justicia tras un asalto guerrillero en 1985 y el bombardeo del caserío de Santo Domingo, en 1998 en el oriental departamento de Arauca, que mató a 17 civiles e hirió a otros 27.
Desde 1985, este tribunal ha emitido 11 sentencias condenatorias, fijando indemnizaciones por unos 24 millones de dólares.
En la vocinglera reacción interna ante esos fallos, "el centro del debate no reside en las causas de las condenas ni los mecanismos para resolver el grave problema de los derechos humanos", anota Tokatlián, sino "el monto por pagar por las condenas y la poca preparación de la defensa jurídica del país".
"Colombia no ha sido, desde hace lustros, un protagonista promotor, como lo fue en su inicio", del sistema del que hacen parte la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentó Tokatlián por correo electrónico a IPS.
Para la ya mencionada Laura Gil, un retiro del país andino de esa jurisdicción "no va a pasar, porque para Colombia es mucho más costoso retirarse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos" que de la jurisdicción de la CIJ, señaló a IPS.
Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), dijo a IPS que desde el gobierno de Uribe hizo carrera el desconocimiento de sentencias a nivel interno.
"Y también en esa lógica ha actuado el actual presidente Santos. Ambos han desconocido decisiones judiciales, por ejemplo sobre el caso del Palacio de Justicia", anotó.
Barrios recordó la reacción de Santos frente un escándalo ocurrido en 2011, en el marco del fallo de la Corte Interamericana por la masacre paramilitar de Mapiripán, en 1997.
Los afectados promovieron una fuerte campaña de desprestigio contra el Cajar, y Santos exigió a la Corte revisar la sentencia, emitida en 2005, que condena al Estado por acción y omisión del ejército.
Además, Santos "amenazó con convocar el Consejo de Cancilleres (de la OEA) y con debilitar el Sistema Interamericano", recordó Barrios.
Ahora es inminente que la Corte Interamericana emita sentencia sobre el bombardeo en Santo Domingo.
"Si las sentencias resultan adversas, ¿seguirá el presidente Santos en la misma lógica, de desconocer fallos nacionales e internacionales?", se preguntó Barrios.
