Para impulsar a las autoridades de Polonia a enmendar leyes relativas a los inmigrantes indocumentados fueron necesarias huelgas de hambre y un caso como el de Layla Naimi.
Las autoridades ya no estarán obligadas a enviar a los inmigrantes a centros de detención y, tras varias quejas, el fiscal abrió una investigación sobre el ubicado en Lesznowola, cerca de Varsovia.
El Ombudsman (defensor del pueblo) y el Ministerio del Interior anunciaron que se realizarían inspecciones en todos los centros de detención de extranjeros, junto con miembros de la Fundación para los Derechos Humanos de Helsinki y la Asociación de Intervención Legal.
A mediados de octubre, 73 personas en cuatro centros de detención de inmigrantes en Polonia iniciaron una huelga de hambre. Sus reclamos eran: derecho a la información en un idioma que comprendieran, derecho a mantener contacto con el mundo exterior, derecho a una adecuada atención a la salud, a educación para sus hijos, a mejoras en las condiciones sociales, poner fin a los abusos y a la violencia excesiva, y también a la criminalización de los detenidos. En el pasado, huelguistas fueron mantenidos en aislamiento y castigados, sin que el público supiera nada sobre eso.
Actualmente hay 380 inmigrantes indocumentados mantenidos en seis centros de detención, también llamados "campamentos cerrados". Son solicitantes de asilo que esperan que sean procesadas sus peticiones. Su delito: haber ingresado a la Unión Europea (UE) sin documentos adecuados.
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En esos campamentos no se permiten visitas, pero IPS habló con algunos inmigrantes liberados en los últimos tiempos del centro de refugiados de Lesznowola, uno de los puntos donde tuvieron lugar las protestas.
Una de ellos, Layla Naimi, escapó de Teherán hace un año, sin la posibilidad de despedirse de su familia. "Mis opciones eran irme o que me encarcelaran", dijo.
Naimi era activista de Change for Equality (Cambio por la Igualdad), una iniciativa que busca recabar un millón de firmas para cambiar las leyes que discriminan a las mujeres en Irán. Esta campaña ganó premios internacionales, pero a las autoridades conservadoras iraníes no les gustó, por lo que las activistas fueron perseguidas.
Naimi tuvo la suerte de estar lejos de su casa cuando la policía iraní la fue a buscar. Pero le confiscaron su pasaporte y su computadora.
Con un falso documento de identidad, Naimi viajó a Turquía, y de allí a Holanda. En el aeropuerto de Amsterdam solicitó asilo. La policía holandesa fue amable y la ayudó. Luego de tres meses, Naimi recibió la noticia de que sería deportada a Polonia. Ella nunca había estado en este país, pero antes de abandonar Irán consiguió una visa polaca.
En agosto, Naimi llegó a Varsovia. "Un policía me empezó a gritar. Yo no entendía por qué", relató. La encerraron y no le dieron ni alimentos ni agua por 24 horas. "Pedí una sábana para acostarme. El policía que me la trajo me dijo: Ahora soy tu amigo. ¿Qué me vas a dar a cambio?", añadió.
Tres días después, la transfirieron a Lesznowola. "Eso no es ni un centro ni un campamento. Es una prisión", dijo.
Por todas partes había guardias, rejas, cámaras de circuito cerrado. Naimi caminaba una hora luego del desayuno, y otra más luego de la cena. A las seis de la mañana, los guardias hacían un registro de rutina. "Incluso sacaban mis bragas del armario y miraban dentro. Yo preguntaba: ¿No querrá que me quite las que llevo puestas?. Su respuesta: Me haría feliz verte desnuda".
El acoso sexual no se limitó a las palabras. "Uno de los guardias intentó tocarme de atrás mientras yo barría el piso", relató Naimi.
"Ellos beben alcohol, una puede olerlo. Tienen un juego: evaluar a las mujeres. Esta vale 40 zloty (13 dólares), esta solo vale 10 zloty, porque usa hijab", dijo.
Según ella, la comida era mala. No había agua embotellada, ni siquiera en verano. Y tampoco había suficiente jabón o papel higiénico.
"Me daban lástima los niños. Había nueve, cuyas edades iban entre seis meses y 16 años. Había televisión y una mesa de ping-pong en la sala de estar. Una vez los varones destrozaron una pelota. Como castigo, la sala de estar fue cerrada por tres días", recordó Naimi.
El médico de Lesznowola tenía una sola cura para todas las enfermedades: píldoras de paracetamol. En una ocasión, Naimi tuvo dolor de estómago. "Pedí para ver al médico, pero el guardia declaró que yo me veía bien", señaló.
Ahora liberada, Naimi ignora qué ocurrirá. "No sé cuál es mi estatus legal, por qué estoy aquí, qué me sucederá. Me entrevistaron en el aeropuerto cuando llegué, pero sin un intérprete. Luego de 40 días de encarcelamiento hubo una segunda audiencia. Solo entonces estuvo presente el intérprete de mi idioma nativo, el farsi, aunque me resultó difícil entenderlo porque usaba un dialecto de la frontera afgana", recordó.
Tras dos meses de confinamiento, Layla Naimi fue puesta en libertad: la Oficina de Extranjeros reconoció la alta probabilidad de que cumpliera las condiciones para recibir el estatus de refugiada.
"Todavía tengo pesadillas", dijo.
IPS también habló con una familia árabe liberada de Lesznowola pocos días antes, tras siete meses prisionera. La madre y dos hijos que pidieron no revelar su identidad confirmaron la mayor parte de lo que dijo Naimi sobre las condiciones en el lugar.
También se quejaron de que les sirvieron cerdo, que los musulmanes no comen.
Esta familia, junto con otra en Lesznowola, realizaron una huelga de hambre durante tres días. Ahora viven en un campamento abierto. Dicen que está sucio, que no se consigue un cambio de sábanas, pero por lo menos se puede ir a la ciudad, a los comercios, a la mezquita.
Pero ¿les permitirán quedarse en Europa?
"En Polonia, el derecho al asilo es una ilusión: apenas 1,6 por ciento de quienes lo solicitan reciben estatus de refugiados, mientras que 18 por ciento reciben protección temporaria, durante apenas dos años, antes de tener que volver a su país", dijo a IPS la activista Marta Rozowska, defensora de los derechos de los refugiados.
"Esta familia árabe no podrá reunirse con el padre a menos que uno de sus integrantes reciba el estatus de refugiado y presente una demanda de reunificación familiar. Por desgracia, este procedimiento puede durar entre seis meses y dos años", añadió.
