Poco apoyo en Pakistán a ofensiva militar contra el Talibán

Tras la indignación y el impacto causados por el atentado contra la activista adolescente pakistaní Malala Yousafzai, analistas y actores políticos debaten si el gobierno debería o no lanzar una ofensiva contra combatientes islamistas en la frontera con Afganistán.

En su última visita a Pakistán, Marc Gossman, enviado especial de Estados Unidos para Afganistán y Pakistán, no terminó de dejar clara la posición de Washington al respecto.

Si bien presionó a Pakistán para que "haga más" por controlar a los militantes de las zonas tribales de Waziristán del Norte, donde pelean contra efectivos estadounidenses estacionados en Afganistán, dejó entrever otros intereses ahora que se acerca el retiro total de tropas en ese país.

"Sobre el asunto específico de la ofensiva en Waziristán del Norte, es una decisión únicamente del gobierno de Pakistán", dijo en un programa del canal de televisión pública en octubre.

Desde principios de 2012, Pakistán sufrió una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad, bases militares y políticos, atentados sistemáticos con bombas contra escuelas, 96 centros educativos solo este año, asesinatos de chiitas, todos a manos del movimiento islamista Talibán, la red extremista Al Qaeda y sus grupos asociados.
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El gobierno y las fuerzas armadas son conscientes de la amenaza de los islamistas, pero por varias razones se han mostrado renuentes a lanzar una gran ofensiva.

"Hay cierta paranoia en el ejército de Pakistán sobre el creciente papel de India en Afganistán, y por eso se muestran renuentes a arremeter contra sus socios, como la (insurgente) Red Haqqani", dijo a IPS el especialista en defensa Imtiaz Gul, de Islamabad.

"Una vez que se retiren las fuerzas extranjeras, quién sabe cuán útil le puedan ser esos vínculos a Pakistán", apuntó.

Pero la presión aumenta para que el gobierno frene el terrorismo y el extremismo religioso que se apoderó del país, en especial por parte de la sociedad civil.

Durante años, el gobierno trató de promover la imagen de que no le estaba "haciendo los mandados" a Estados Unidos.

El atentado contra Malala Yousafzai, de 14 años, el 9 de octubre, por defender el derecho a la educación de niñas y adolescentes, le dio una excusa para lanzar una ofensiva militar sin correr el riesgo de perder apoyo popular, arguyó Gul.

"Es hora de eliminar a las milicias", dijo a IPS el editor del diario en inglés Express Tribune, Kamal Siddiqi. "Están en Waziristán del Norte y es necesario sacarlas de allí", añadió.

El especialista en defensa Ikram Sehgal coincide en que "hay que hacer algo" respecto del extremismo religioso y la insurgencia armada, pero cree que sería imprudente alborotar el avispero con una ofensiva militar.

"El ejército no tiene recursos humanos ni materiales para luchar contra las milicias en un terreno que es extremadamente difícil de recorrer", dijo a IPS.

Según él, la solución es forjar una fuerza antiterrorista civil. "Eso rompería el nexo entre corrupción, crimen organizado y terrorismo, pues los dos primeros suministran a este último el apoyo logístico necesario para lanzar ataques terroristas", explicó.

Pero los legisladores nunca permitirán la creación de una fuerza de ese tipo, se lamentó, pues significaría perder apoyo de grupos religiosos. Con las elecciones nacionales a la vuelta de la esquina, previstas para marzo de 2013, no sería una medida oportuna.

Mirza Shahzad Akbar, abogado especializado en derechos humanos que representa a las víctimas de ataques con aviones no tripulados, también se opone a una ofensiva militar abierta. Según él, hay que apuntar a una reconciliación nacional honesta.

"Reconciliación no quiere decir de ninguna manera que aceptemos demandas irracionales de los terroristas, pero necesitamos atender el problema del descontento en la sociedad", apuntó.

"En ese proceso, si surge la necesidad de una intervención militar quirúrgica, puede realizarse con consenso y dentro de los límites constitucionales", precisó.

"Si peleamos una guerra que es totalmente nuestra, la nación hará frente a las consecuencias sin importar cuáles sean, pero ahora sufrimos los efectos de la guerra de otros", explicó Akbar, refiriéndose al papel de Estados Unidos en los conflictos de la región desde 2001.

"Mientras Estados Unidos esté en Afganistán, no veo que un proceso de reconciliación pueda resultar exitoso", añadió.

El analista Hassan Askari Rizvi, radicado en Lahore, no cree que haya una ofensiva militar en el futuro inmediato, en especial por la falta de consenso político.

"Con las elecciones nacionales a la vuelta de la esquina, los partidos de derecha nunca arremeterán contra el Talibán, ni siquiera la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (LMP-N), la mayor agrupación opositora", añadió.

El presidente de la LMP-N, Chaudhry Nisar, dijo en una conferencia de prensa realizada el 17 de octubre en Islamabad que "olía a conspiración", y añadió que una operación en Waziristán del Norte podría "desestabilizar al país".

Pero el Consejo Sunita Ittehad, una organización religiosa integrada por grupos de esa vertiente del Islam, anunció que apoyaría al gobierno si decidía lanzar una ofensiva militar en esa región.

"Queremos una operación inmediata contra el Talibán y daremos todo nuestro apoyo al gobierno", dijo el presidente del Consejo, Sahibzada Fazle Karim.

Asimismo, el líder del Movimiento Muttahida Qaumi (MQM, por sus siglas en inglés), Altaf Hussain, dijo por teléfono desde Londres en una concentración de su partido: "Aplasta al Talibán y 180 millones de personas te apoyarán".

Pero el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, alertó sobre un "retroceso" en caso de una operación militar que no cuente con el apoyo de la mayoría del país.

Para empezar y como solución, opinó Gul, quien también dirige el independiente Centro de Estudios sobre Seguridad e Investigación, con sede en Islamabad, "debemos reconocer que el verdadero enemigo está adentro, no en las fronteras".

"El gobierno debe crear leyes efectivas contra el terrorismo que protejan a todos los actores, contar con un sólido programa de protección de testigos y jueces, tener normas que procesen a quienes profesan discursos de odio e intolerancia, controlar la mala gobernanza y capacitar a los efectivos en derechos humanos y derecho forense", añadió.

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