La vida religiosa en Kazajstán exhibe una llamativa dicotomía: los funcionarios en Astana describen al país como un bastión de tolerancia, pero interponen obstáculos ante quienes adhieren a credos considerados no tradicionales.
A fines de octubre, Kayrat Lama Sharif, presidente de la Agencia de Asuntos Religiosos del gobierno, anunció el resultado de un proceso de un año de duración puesto en marcha con la adopción, el pasado otoño boreal, de una controvertida ley de religión.
La legislación dio a las denominaciones religiosas y las asociaciones civiles basadas en la fe un año para volver a registrarse bajo nuevos y estrictos criterios. De lo contrario, serían clausuradas.
Los resultados fueron duros: el presidente Nursultan Nazarbayev solía proclamar con orgullo que Kazajstán daba la bienvenida a unas 40 religiones oficialmente reconocidas, pero ese número se redujo en alrededor de 60 por ciento. Mientras, aproximadamente un tercio de todas las organizaciones civiles basadas en alguna fe fueron eliminadas, quedando 3.088 del total anterior de 4.551.
En una entrevista con el periódico Kazakhstanskaya Pravda, Lama Sharif dijo que la ley aspiraba a aumentar la influencia de Astana sobre los asuntos religiosos. También insistió en que Kazajstán, donde alrededor de 70 por ciento de la población se identifica como musulmana y otro 25 por ciento como cristiana ortodoxa, «es un ejemplo de armonía interreligiosa para el mundo entero».
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Medios estatales publicaron cartas de líderes religiosos a Nazarbayev (habitual anfitrión de congresos de clérigos de todo el mundo para promover el diálogo interreligioso y la tolerancia) que elogiaban la reforma y alababan las credenciales de Kazajstán como remanso de libertad religiosa.
Además, líderes de minorías religiosas soportaron unos meses angustiosos mientras esperaban saber si sus respectivos grupos sobrevivirían al proceso de re-registro.
En diálogo con EurasiaNet.org tras un animado servicio de domingo por la mañana en la iglesia pentecostal de Sun Bok en Almaty (excapital del país), el pastor Vasiliy Shegay dijo que al principio le rechazaron la postulación de registro a su grupo, pero que en un segundo intento se la aprobaron. Al mismo tiempo, su iglesia hermana está clausurada.
También señaló que sus reservas en cuanto a que la ley infrinja sus derechos no se habían confirmado. «A los cristianos nos tratan bien», dijo.
Astana divide a las religiones en «tradicionales» (entre ellas el Islam, el cristianismo ortodoxo, el catolicismo romano, el judaísmo y el budismo) y «no tradicionales», lo que incluye un amplio espectro de denominaciones menores, algunas con fuertes elementos misioneros, entre ellas los testigos de Jehová, bautistas, hare krishnas, musulmanes ahmadíes y sufíes.
Los grupos religiosos «no tradicionales» estuvieron bajo presión mucho antes de adoptarse la ley, pero ahora se intensifican las redadas en sitios de culto.
En octubre, pastores de una iglesia protestante en Astana fueron acusados de enloquecer a un miembro, de esconder literatura extremista y de dar a los fieles una bebida roja que contenía «ingredientes alucinógenos que inducían a la euforia».
Los feligreses que se considera violan la ley son habitualmente multados.
Los críticos creen que se están dirigiendo esfuerzos policiales desproporcionados contra comunidades religiosas sin una agenda extremista conocida, y les preocupa que las medidas punitivas empujen a algunos musulmanes a la clandestinidad.
«Uno de los problemas es que cuando la gente tiene interés en ocultarle sus actividades al Estado porque el Estado es muy intrusivo, entonces se vuelve más difícil para el gobierno saber qué les corresponde», dijo a EurasiaNet.org el activista Felix Corley, de Forum 18, una organización de vigilancia de las libertades religiosas con sede en Oslo.
La nueva ley estipula lo que los críticos ven como una prohibición mucho más alta para los grupos religiosos en materia de requisitos de membresía, exigiendo un mínimo de 5.000 integrantes en el ámbito nacional, 500 en el regional y 50 en el local.
La norma también contiene disposiciones que cubren la investigación de literatura religiosa y vuelve más estrechas las pautas para la formación del clero.
No contiene ninguna prohibición de uso del hijab, aunque se lo desalienta oficialmente (Nazarbayev dice que no es una tradición kazaja). De modo controvertido, prohibe rezar en edificios públicos, entre ellos oficinas del gobierno, centros educativos e instalaciones militares.
Algunos críticos sostienen que la ley de religión puede usarse como una herramienta para que Astana ejerza el control sobre lo que deberían ser elecciones privadas en torno a la fe. También sostienen que la ley contraviene los compromisos internacionales de Kazajstán para defender la libertad de conciencia.
«Formalmente, según la ley, hay libertad (de conciencia), pero en los hechos es difícil ejercerla en nuestras realidades», dijo un joven miembro de la iglesia protestante en Almaty (que sí recibió registro), quien habló a condición de no revelar su identidad.
La clausura de grupos religiosos es una «purga», sugirió, que busca «abolir religiones que son inconvenientes para el Estado».
La ley brinda a los funcionarios una herramienta poderosa para aplicar una ortodoxia religiosa diseñada por el Estado. «Continúan las olas de presión contra las comunidades religiosas, y el gobierno intenta hacer que la religión vaya por canales que él puede controlar», dijo Corley.
Astana busca «un entorno religioso completamente controlado», agregó, «pero la historia muestra que eso simplemente no funciona así».
* Joanna Lillis es una periodista independiente que se especializa en temas de Asia central. Este artículo fue publicado originalmente en Eurasianet.org.
