Considerado por la gran prensa y la oposición de Brasil como un hito de la lucha contra la corrupción, el proceso que sigue el Supremo Tribunal Federal (STF) a políticos y empresarios podría resultar ejemplar si la justicia mide con la misma vara otros casos de menor visibilidad política.
El proceso al "mensalão" (en portugués, gran pago mensual), un supuesto esquema de desvío de dinero público del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) para pagar favores de legisladores y financiar campañas políticas, comenzó en una fecha llamativa.
Transmitido en directo por la televisión, se abrió en agosto, en medio de la campaña para los comicios municipales, y dio lugar a suspicacias.
"¿Hacer coincidir el juicio con las elecciones municipales no es entrar en el juego político, ofreciendo una poderosa arma a un lado de los contendientes?", se preguntó el teólogo brasileño Leonardo Boff en su columna "Crisis originaria, mensalão y STF".
Como otros, Boff no cuestionó la necesidad de condenar a quien cometió delitos "irrefutablemente comprobados".
[related_articles]
"La ley vale indistintamente para todos", opinó Boff, integrante de la corriente progresista católica Teología de la Liberación y exseguidor del PT, ahora afectado "por la herida que sangrará tanto tiempo", provocada por una colectividad que siempre "porfió por la ética en la política".
La supuesta caja oculta del PT habría funcionado durante los primeros años del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 y 2005, hasta que estalló el escándalo, pero el expresidente, que se mantuvo en el poder hasta enero de 2011, no está involucrado en el proceso.
Entre los 25 políticos, empresarios y banqueros ya condenados por el máximo tribunal se encuentran dirigentes históricos del PT, como su expresidente, José Genoino, y el exjefe de gabinete de Lula, José Dirceu, ambos antiguos guerrilleros comprometidos con la lucha contra la dictadura militar (1964- 1985) y con los principios éticos de la vieja militancia petista.
Después de un receso, el STF retomará el caso este miércoles 7, para establecer las penas. Para casos como el de Dirceu que se considera "un prisionero político (juzgado por) un tribunal de excepción", se prevén condenas largas.
Sí se trata de juicio político, pero no de un "tribunal de excepción" ni de una trama nacida de "supuestas alianzas de los jueces con la oposición", considera el analista Andrei Koerner, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Campinas.
En los últimos años, hubo avances en la legislación penal para tipificar delitos de lavado de dinero, "de cuello blanco" y crimen organizado y para hacer obligatoria la "ficha limpia" (sin antecedentes penales) para los candidatos a cargos públicos, dijo a IPS.
Se verifica además el florecimiento de "una movilización cívica" por la "ética en la política", el combate a la corrupción y el voto consciente, que comenzó a exigir instancias legales como instrumentos de cambio político.
Pero Koerner teme que un proceso como este, que ha ignorado "el sentido político de las acciones de los sujetos, teniendo en cuenta apenas su imputación penal", siente antecedentes "problemáticos".
"Existe el riesgo de desestabilización de todo el sistema partidario, como ocurrió en Italia; y la deslegitimación de los políticos da lugar a aventureros que utilizan sentimientos éticos de la población", alertó.
A Koerner le preocupa, además, que el STF no tenga capacidad institucional "de conducir con el mismo rigor los demás procesos de corrupción en curso", por la saturación de casos, la demora en los procedimientos y el desgaste de los ministros.
En la agenda del STF figura el proceso a un esquema similar al mensalão, para el financiamiento ilegal de campañas electorales, en el que estaría involucrado el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), y que habría utilizado los mismos canales financieros y operativos que el del PT.
"El riesgo es que el rigor del juicio en esta acción no se repita en casos análogos, generando el mensaje a la población y a los políticos de que la orientación del tribunal fue sesgada. De esa manera, el proceso sería frustrante", opinó el politólogo.
La consolidación del Estado de derecho será posible si las reglas son efectivas para todos los integrantes del sistema político y, de un modo general, no solo para los más pobres y discriminados.
Para João Feres Júnior, del Instituto de Estudios Sociales y Políticos, el proceso del STF "no juzgó (la) corrupción", y en cambio "tuvo un peso electoral" que sin embargo no parece haber incidido en los comicios de octubre, a juzgar por los resultados positivos que obtuvo el PT.
El analista tiene dudas de que el juicio genere consecuencias políticas institucionales. "Haber castigado a los que cometieron crímenes me parece correcto, pero no solo a los petistas", dijo a IPS.
Feres Júnior cuestionó algunas intervenciones de los magistrados "de desprecio al sistema político", pues estos "no tienen soberanía para hacer comentarios sobre alianzas partidarias como si fueran inmorales", ejemplificó.
La desconfianza surge de otros procesos de corrupción vistos por el máximo tribunal, en los que imputados con cargos similares fueron absueltos. En el juicio al mensalão, los abogados defensores de los petistas denunciaron falta de pruebas contra los procesados.
Mientras el STF condenó a Dirceu, a Genoino y al extesorero del PT, Delúbio Soares, por los delitos de asociación para delinquir y corrupción activa, en 2008 había concedido un habeas corpus al banquero Daniel Dantas y a otras nueve personas detenidas por la Policía Federal, recordó la periodista Cynara Menezes en una columna publicada en la revista Carta Capital.
Según el Ministerio Público Federal (fiscalía general), ese grupo que incluía al exalcalde de São Paulo, Celso Pitta habría cometido delitos de evasión de divisas, asociación para delinquir y administración fraudulenta.
"No se puede, frente a las cámaras de TV, anunciar con toda pompa la condena y la prisión de poderosos y, en la oscuridad de la noche, soltar a otros", reflexionó Menezes.
El mote de "juicio del siglo" que se ha dado a este proceso es apenas un "título periodístico", pero que resulta "políticamente irrelevante", valoró el analista Alexandre Cardoso.
No se puede negar que, a partir de este juicio, haya quienes "piensen dos veces antes de corromperse, para no terminar presos", dijo Cardoso a IPS. Pero no tendrá mayores efectos.
"Aunque los medios conservadores le dieron tanta atención y lo transmiten en vivo , la gente común está más preocupada por ver cómo paga el auto que compró en cuotas", concluyó.
