Colombia «no aplicará» fallo de La Haya sobre archipiélago

«Yo no voy a aplicar ese fallo de la Corte de La Haya hasta garantizar que los derechos de los colombianos están bien defendidos», aseguró el presidente Juan Manuel Santos en una asamblea de alcaldes de este país andino.

"Ese fallo vulneró muchos derechos de los colombianos", subrayó sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en la ciudad holandesa de La Haya, proferida el 19 de este mes y que le resta a Colombia más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe en torno al archipiélago de San Andrés.

Ese archipiélago, situado unos 750 kilómetros al norte de la costa continental colombiana y 230 kilómetros al este del litoral nicaragüense, alberga en su entrono un banco de pesca, yacimientos de petróleo y el Seaflower, un gran arrecife coralino declarado reserva de la biosfera.

"Me voy a proponer, mañana, tarde y noche, a lograr recuperar esos derechos que nos fueron vulnerados", reiteró el mandatario, poniendo fin a 10 días de incertidumbre sobre si Colombia se atrevería a desacatar la sentencia del máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dirimir controversias entre Estados.

Santos expresó el miércoles 28 que "Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica de controversias" y "reitera su compromiso de recurrir siempre a procedimientos pacíficos".

La CIJ reconoce la soberanía colombiana sobre el archipiélago, formado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y por varios cayos deshabitados. Pero al mismo tiempo trazó una delimitación marítima que otorga a Nicaragua unos 90.000 kilómetros cuadrados adicionales de soberanía sobre el mar Caribe, en un fallo inapelable.

La sentencia acaba con un diferendo que en 2001 llevó a Nicaragua a presentar una demanda ante la CIJ sobre la soberanía del archipiélago. Seis años después la Corte dijo que la soberanía de San Andrés correspondía a Colombia y se declaró competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países, lo que concretó este mes.

La primera ficha que movió el gobierno sonó a contrasentido: Colombia anunció el mismo miércoles 28 su retirada del "Pacto de Bogotá", como se conoce el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de 1948, mediante el cual el país se puso bajo la jurisdicción de la CIJ.

El Pacto reafirma "solemnemente" el compromiso de la Carta de la ONU, que había sido expedida tres años antes como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

Mediante ese pacto, los Estados parte "convienen en abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para el arreglo de sus controversias y en recurrir en todo tiempo a procedimientos pacíficos".

"Menos de la mitad de los países del hemisferio son partes en este Tratado", argumentó la canciller colombiana, María Ángela Holguín, al confirmar que su despacho había denunciado el martes 27 el Pacto de Bogotá ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Colombia dejará de someter "los asuntos propios de su soberanía" a la jurisdicción de tribunales internacionales y dirimirá sus límites únicamente mediante tratados bilaterales y no a través de sentencias de ningún tribunal, anunció Holguín.

El Pacto de Bogotá surgió en la IX Conferencia Panamericana que creó la OEA y que tuvo lugar en esta capital del país andino en el convulso abril de 1948 que, también paradójicamente, marca el estallido del conflicto armado colombiano que aún pervive. El fallo de la CIJ hizo cimbrar la popularidad de Santos, según una encuesta de la empresa IPSOS.

En julio el presidente contaba con 47 por ciento de aprobación, que se catapultó a 60 por ciento a fines de agosto, cuando se anunció el diálogo de paz con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), surgidas en 1964.

Con el fallo sobre las aguas en torno a San Andrés, el respaldo a Santos volvió a bajar a 45 por ciento.

"No voy a estar insultando al presidente (nicaragüense Daniel) Ortega, pero vamos a actuar con toda la firmeza y toda la determinación", con "mano de hierro, pero guante de seda, no gritando, no siendo agresivo, pero siendo contundente", dijo Santos el jueves 29.

"Yo también he estado muy golpeado con ese fallo. Me ha dolido enormemente", se lamentó, luego de concitar dos días antes la "unidad nacional" para enfrentar el fallo de la CIJ.

Ortega dijo el martes 27 que Nicaragua comenzará a implementar el fallo de 180 páginas en una forma "no traumática", mientras ordenó el envío de guardacostas y aviones a la nueva área marítima asignada, para comenzar su vigilancia.

El defensor de derechos humanos Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, considera que el Poder Ejecutivo no debería estar habilitado para retirar por motu proprio al país en su conjunto de una jurisdicción internacional de tanta trascendencia.

"Es gravísimo que, en una sociedad que se pretende basada en referentes democráticos, la decisión se tome de esa manera", indicó a IPS, "debería haber una convocatoria ciudadana para contener eso".

El experto en asuntos internacionales y catedrático argentino Juan Tokatlián expresó a IPS que "el gobierno actual de Colombia tiene la discrecionalidad —que tiene todo gobierno— de abandonar uno, varios o todos los compromisos que lo vinculan al derecho internacional".

Pero, agregó, "el costo en prestigio, reconocimiento y estatura internacional para el país sería enorme, aunque en el corto plazo los dividendos internos de posturas anti-legales ofrezcan réditos políticos".

Varios analistas coinciden en que los anuncios del gobierno de que pondrá palos en la rueda para el cumplimiento de la sentencia buscan lidiar ante todo la indignación interna ante la pérdida territorial.

Aunque Colombia publicitaba este viernes 30 su presencia militar en la zona delimitada por la CIJ, el hecho tozudo es que la sentencia permanecerá vigente, es definitiva e inapelable. Y para rematar, la CIJ no pierde totalmente la jurisdicción en Colombia.

Esto porque "alrededor de 25 tratados le otorgan la competencia en asuntos específicos como biodiversidad, cambio climático, etc", dijo al diario bogotano El Espectador Fabián Augusto Cárdenas, miembro fundador de la Academia Colombiana del Derecho Internacional.

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