Tiniebla arropa negocio internacional de Petróleos Mexicanos

Activistas de Greenpeace escriben un mensaje de protesta en el casco del "Probo Koala" Crédito: Greenpeace/Christian Aslund
Activistas de Greenpeace escriben un mensaje de protesta en el casco del "Probo Koala" Crédito: Greenpeace/Christian Aslund

¿Qué conecta la refinería de Cadereyta, en el norteño estado mexicano de Nuevo León, con la ciudad marfileña de Abiyán, en el occidente africano?

La respuesta está en PMI Comercio Internacional, brazo del consorcio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que se encarga de sus operaciones en el exterior con nulo control público.

Un operativo irregular de venta de hidrocarburos tóxicos procedentes de Cadereyta fue el origen de un desastre ambiental y sanitario que afectó en 2006 la salud de unas 100.000 personas en Abiyán, capital comercial de Costa de Marfil.

Aunque el escándalo estalló hace años, la conexión mexicana permanece ignorada.

PMI debería estar "bajo control del Estado, presentar sus documentos ante el Consejo de Administración de Pemex y la Auditoría Superior de la Federación", dijo a IPS el académico Javier Jiménez, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Pero "la dirección de Pemex la ha usado para hacer operaciones en el extranjero como forma de eludir el Consejo de Administración", agregó.

Con el argumento de que Pemex necesitaba responder a un cambiante mercado internacional de hidrocarburos, en 1988 se creó PMI, un grupo que maneja 25 empresas fuera del territorio mexicano.

Una de esas 25 empresas, PMI Trading Ltd., está implicada en el incidente del 19 de agosto de 2006 en Abiyán, cuando el buque tanque "Probo Koala", de bandera panameña, descargó en el puerto de esa ciudad 500 toneladas de residuos que contenían hidróxido de sodio, sulfuro de hidrógeno, fenolatos, mercaptanos, benceno, xileno y tolueno.

La carga fue repartida por camiones en 19 sitios, cerca de hogares, lugares de trabajo, escuelas y cultivos. Unas 30.000 personas sufrieron lesiones externas e internas, como quemaduras, unas 100.000 requirieron atención médica y entre 15 y 17 murieron.

A fines de 2005, la empresa holandesa Trafigura Beheer BV, comercializadora de hidrocarburos y minerales, decidió comprar grandes cantidades de coque de petróleo a la mexicana PMI Trading Ltd. para emplearlo como mezclador barato de combustibles.

El coque de petróleo contenía una importante proporción de azufre mercaptano. "Una de las razones para venderlo tan barato era que (PMI) no tenía capacidad para refinarlo. Para venderlo, Trafigura necesitaba hallar una forma de hacerlo", sostiene un informe publicado el 25 de septiembre por Amnistía Internacional y Greenpeace.

El combustible fue trasladado entre noviembre y diciembre de 2005 por tierra desde la refinería de Cadereyta, en el norteño estado de Nuevo León, a Brownsville, en el sur de Estados Unidos, y de allí embarcado a distintos destinos.

Entre enero de 2006 y mayo de 2007, Trafigura trasladó unos 15 embarques de coque de petróleo a instalaciones en Emiratos Árabes Unidos y en Túnez para quitarles el azufre mediante un lavado con soda cáustica, aunque luego de que trabajadores tunecinos presentaran problemas de salud, el proceso comenzó a hacerse en alta mar, a bordo del "Probo Koala".

El peligroso residuo de dicho lavado fue el que acabó descargándose en el puerto de Abiyán.

Datos de Pemex indicaban que el coque de petróleo contenía elementos tóxicos, irritantes e inflamables.

De esto se desprende que su subsidiaria PMI pudo haber violado del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, vigente desde 1992, y de normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El traslado del hidrocarburo de México a Estados Unidos y luego a puertos de terceros países estaba sujeto a notificación y consentimiento previos, previstos por el Convenio de Basilea.

La OCDE tiene un convenio que comprende el traslado transfronterizo de desechos para reciclaje y recuperación entre sus 34 miembros, todos los países industriales y algunos emergentes, como México. En este caso, no hubo registro de notificación y aceptación de esos embarques.

Pemex solo da cifras de producción y venta de crudo, gasolina y gas, pero no de subproductos. PMI no contestó la consulta de IPS sobre si exporta y en qué condiciones materiales contaminantes como el coque de petróleo.

El informe de Greenpeace y Amnistía recomienda a México "investigar si hubo alguna conducta ilegal relacionada con la exportación de coque en 2006 y 2007".

En octubre de 2011, la entonces directora de PMI, Rocío Cárdenas, y otros tres ejecutivos fueron destituidos y sancionados por haber vendido en 2008 y 2009 coque de petróleo a las empresas Trafigura y Gunvor con descuentos desmedidos que crearon a Pemex pérdidas por 25 millones de dólares.

"Ha habido un proceso de transferencia de bienes y actividades públicas al sector privado que abarca todos los sectores estratégicos de Pemex", dijo a IPS el profesor Sergio Suárez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Los problemas de opacidad de Pemex no son nuevos y se vinculan al rol del petróleo en la economía y la sociedad de este país desde su nacionalización, en 1938.

En 2008, una discutida reforma al sector petrolero buscó fortalecer la rendición de cuentas y transparencia de Pemex, creando el Comité de Auditoría. Pero su brazo PMI pudo escapar a esa vigilancia.

Una de sus filiales, PMI Norteamérica, es socia en 50 por ciento, junto con Shell, de Deer Park Refining Limited Partnership, la sexta mayor refinería de Estados Unidos.

Por un acuerdo firmado en 1993, Shell se aseguró la adquisición de todos los productos salientes de ese complejo industrial.

En agosto de 2011, Pemex desembolsó casi 1.500 millones de dólares para elevar su participación accionaria en la firma petrolera española Repsol de 4,8 a 9,49 por ciento, cuyos réditos cosechará PMI Holdings VB, asentada en la ciudad holandesa de Amsterdam.

Las filiales de PMI son noticia en estos días a raíz de un acuerdo con el gobierno de la española Comunidad Autónoma de Galicia –que tampoco pasó por el Comité de Auditoría de Pemex– para que astilleros de esa región construyan dos barcos hotel, por valor de 380 millones de dólares, que la petrolera mexicana utilizará en sus operaciones de aguas profundas.

Contratar esas obras en México, a menores costos, hubiera animado la industria local de astilleros, virtualmente parada.

"PMI debe ajustarse a estándares nacionales e internacionales. En Galicia no hubo licitación, ¿a cambio de qué le asignaron los contratos?", se preguntó Jiménez, especialista en temas energéticos.

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