Ahmed Hassanein trabaja en una moderna fábrica ubicada en un enclave industrial al oeste de la capital de Egipto. Opera maquinaria de precisión en una línea que produce componentes para vehículos de pasajeros de una marca extranjera.
Cuando termina su turno, regresa a su modesto apartamento de dos habitaciones sin aire acondicionado y donde los servicios de agua y electricidad funcionan esporádicamente. El dormitorio es muy pequeño. Sus dos hijos comparten una cama plegable en una alcoba que antes fue un balcón.
El salario de Hassanein alcanza para cubrir la renta, las cuentas y la comida, que ocasionalmente incluye carne o pescado.
Pero incluso sumando los ingresos que percibe su esposa en un empleo a tiempo parcial en una oficina, a su familia rara vez le sobra dinero a fin de mes.
Este trabajador industrial de 37 años es uno de los muchos egipcios que trabajan duro en el sector fabril a cambio de magros ingresos, incapaces incluso para comprar los productos que ellos mismos fabrican.
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"Mi padre tenía un (automóvil de marca) Fiat, que conduje muchos años, pero nunca compré mi propio auto", contó Hassanein, quien como la mayoría de sus colegas viaja en autobús para trabajar.
Millones de otras familias egipcias se encuentran en la misma situación, luego de haber ido perdiendo poder adquisitivo a lo largo de los años.
Desde que el expresidente Anwar El-Sadat (1970-1981) anunció hace cuatro décadas su política económica "Infitah" (puertas abiertas), el capital privado ha inundado Egipto, amparado en medidas que protegen al propietario y permiten bajos salarios para los empleados.
Las firmas gozaron de exenciones de impuestos y subsidios a la energía, además de acceder a tierras a bajo costo, mientras el Estado reprimía la actividad sindical y flexibilizaba las normas laborales.
El economista Amr Adly explicó a IPS que la liberalización del mercado y las políticas neoliberales permitieron el crecimiento de las corporaciones extranjeras y de los sectores más pudientes de Egipto, pero causaron desempleo, corrupción y una desigual distribución de la riqueza.
Todos estos son factores que estuvieron detrás del levantamiento que el año pasado derrocó al régimen de Hosni Mubarak (1981-2011).
"La economía crecía a siete u ocho por ciento (anual) antes de la revolución, pero no hubo efecto de derrame prometido", dijo Adly, en referencia a la hipótesis neoliberal de que el beneficio económico de los más ricos de un país termina por volcarse al resto de la sociedad.
"Los salarios en muchos sectores quedaron rezagados por la inflación", agregó.
El legado de Mubarak es un país de 83 millones de habitantes en el cual una cuarta parte de la población sobrevive por debajo de la línea de pobreza, establecida por la Organización de las Naciones Unidas en dos dólares diarios.
Alrededor de 13 por ciento de los 26 millones de egipcios económicamente activos están desempleados, y muchos sobreviven en una economía paralela o informal donde la seguridad laboral está ausente.
Los sueldos egipcios están entre los más bajos del mundo. El salario mínimo nacional fue fijado en 700 libras egipcias (115 dólares) mensuales el año pasado, luego de haber estado estancado en 35 libras egipcias (menos de seis dólares, según el cambio actual) durante más de dos décadas.
"Queremos una mejor paga, pero todo camino (para obtenerla) está bloqueado", dijo Hassanein. "Al final de cuentas, tomas tu sueldo y das gracias a Dios de que al menos tengas empleo", reflexionó.
Bajo el régimen de Mubarak, se desalentó la sindicalización y si los empleados insistían, se les instaba a integrarse a una de las 24 uniones afiliadas a la Federación Egipcia de Sindicatos.
Activistas señalan que la colosal organización de trabajadores sirvió siempre a los intereses del gobierno y de los patrones, bloqueando los intentos de los trabajadores de realizar huelgas o de participar en negociaciones colectivas.
La junta de la Federación fue disuelta luego del levantamiento de 2011, pero muchos de sus líderes, elegidos por su lealtad con Mubarak, todavía permanecen en sus cargos.
Los 3,5 millones de miembros de la Federación pagan cuotas sindicales, pero reciben pocos beneficios y apoyo a cambio.
Cuando el trabajador textil Kareem El-Beheiry se unió a una huelga para demandar mejores sueldos, fue su propio sindicato, aliado con el gerente de la fábrica, el que intentó frenarlo.
"Los sindicatos del Estado nunca respetaron los derechos de los trabajadores", dijo El-Beheiry, de 27 años, gerente de proyectos en una organización no gubernamental que ayuda a los trabajadores a sindicalizarse.
"Los trabajadores están obligados a pagar cuotas cada mes, pero los sindicatos (oficiales) solo están interesados en apoyar al gobierno y a la gerencia de la compañía", añadió.
El-Beheiry estuvo entre los 24.000 obreros de una fábrica textil estatal en la norteña localidad egipcia de Mahalla El-Kubra que desafiaron a los líderes sindicales, títeres del gobierno, y realizaron una huelga en diciembre de 2006 por bonos sociales impagos.
Ese acto de desafío desató una oleada de huelgas sin permisos, que ahora son consideradas el catalizador de las protestas masivas que derivaron en la caída de Mubarak, en febrero de 2011.
La ola de huelgas continúa hasta hoy, abarcando a cada sector económico y región del país. El año pasado hubo un récord de 1.400 acciones colectivas, según la organización de derechos humanos Sons of the Land (hijos de la tierra).
Los trabajadores actualmente se sienten más fortalecidos y desafían cada vez más la hegemonía de la Federación, organizándose en sindicatos independientes que protegen sus intereses, no los del Estado.
Los trabajadores lograron crear cuatro sindicatos independientes antes del levantamiento de 2011. Más de 800 han sido formados en los últimos 18 meses, representando a unos tres millones de trabajadores.
"Estamos construyendo sindicados independientes y democráticos que son responsables ante los trabajadores y defienden sus derechos", aseguró Kamal Abou Eita, presidente de la Federación Egipcia de Sindicados Independientes.
Pero analistas sostienen que el nuevo gobierno, en forma muy parecida a su predecesor, quiere seguir teniendo bajo control a los trabajadores.
La Hermandad Musulmana, grupo islamista al que pertenece Mohammad Morsi, presidente del país desde junio, tiene una larga historia de vínculos con la actividad sindical, pero mantiene las políticas económicas del antiguo régimen, que van en desmedro de los salarios y la seguridad laboral.
"La Hermandad no quiere sindicatos fuertes", afirmó el periodista Hadeer Hassan, especializado en temas laborales. "Consideran a los trabajadores en huelga como matones y quieren prohibir la pluralidad sindical".
