En plena crisis económico-financiera, el gobierno de España impulsa la exportación de armas, estrategia que preocupa a organizaciones de la sociedad civil que advierten la prevalencia del interés comercial sobre la ley y sus consecuencias sobre los derechos humanos.
"En momentos en que pesan más los criterios comerciales que las regulaciones es cuando se venden armas a países en los que se violan los derechos humanos y se alimentan conflictos en el mundo", sentenció el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IEACH), Jesús Núñez.
En su artículo 8, la normativa española sobre comercio exterior de armas establece que no se autorizarán ventas cuando existan indicios racionales de que estas pueden emplearse en acciones que perturben la paz, la seguridad y los derechos humanos en los países destinatarios.
Núñez, economista y militar retirado, dijo a IPS que esta ley "no se cumple" porque prevalecen los intereses económicos del gobierno de turno, y más teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa ha visto reducido su presupuesto en seis por ciento para 2013, respecto del año anterior, y tiene que hacer frente a una deuda millonaria.
El Congreso legislativo, gracias a los votos del gobernante y derechista Partido Popular (PP), aprobó el 20 de septiembre un crédito de 1.782 millones de euros (2.308 millones de dólares) para pagar la deuda acumulada por la cartera de Defensa con los proveedores privados de armas, que asciende a unos 27.000 millones (35.794 millones de dólares), según cifras oficiales.
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Por su parte, el Ministerio de Economía y Competitividad informó que las exportaciones españolas en materiales de defensa sumaron el año pasado 2.431 millones de euros (3.146 millones de dólares), 115 por ciento más que en 2010.
Más de la mitad de esas ventas tuvieron como destino a Venezuela, seguida de Australia, Noruega y, en menor medida, Colombia, Israel, Marruecos y Pakistán, entre otros, detalló el documento de "Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso", del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
"Existe una relación clara entre el incremento de venta de armas y el aumento de los conflictos en el mundo", dijo a IPS el director de la Asociación Catalana para la Paz, Jordi Garrell, también coordinador de la campaña "Negocios ocultos", impulsada por movimientos sociales de esa comunidad autónoma para denunciar las relaciones en materia de seguridad militar y armamentística entre España e Israel.
"Se han realizado operaciones que no serían justificables desde la perspectiva de la ley española, pues es posible que productos de defensa lleguen a destinos en los que existe riesgo de que sean utilizados para cometer o facilitar graves violaciones de los derechos humanos", indica un informe divulgado por el IEACH.
Ese documento contiene cifras sobre venta de equipos militares a Egipto, Bahrein y Arabia Saudita mientras se desarrollaba la llamada Primavera Árabe, en muchos lugares reprimidos violentamente o que derivaron en enfrentamientos armados internos.
Precisamente, el presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Aedidh), Carlos Villán, cuestionó ante IPS que la Unión Europea no dispuso "un mecanismo de control real" para hacer respetar a sus estados miembro la prohibición de exportar "tecnología militar y equipamientos" a países con guerras civiles o libertades conculcadas.
En una entrevista televisada el 30 de septiembre, el exministro de Defensa español Eduardo Serra reconoció que no daría su "voto" para vender armas y otros pertrechos a un país si existe el riesgo de que contribuyan a violar los derechos humanos, pero también aclaró que "para hacer cosas hay que mancharse las manos".
Villán criticó la opacidad del gobierno sobre este tema porque la sociedad civil de España, que ya se ubica en el sexto lugar en volumen de exportación de armamento en el mundo, "no puede tener un control efectivo sobre las ventas que realizan las empresas apoyadas por los ministerios de Defensa, de Asuntos Exteriores y de Cooperación".
El ciudadano no tiene acceso a la información porque las sesiones de control al gobierno en el Parlamento "son secretas", acotó.
Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés), el comercio mundial de armas llegó a 1,7 billones de dólares el año pasado, lo cual equivale a 2,5 por ciento del producto interno bruto del orbe.
"Esta cantidad tan exagerada de dinero sólo beneficia a los comerciantes y exportadores de armas", declaró Villán, quien denunció que este comercio "claramente inmoral" se beneficia de la falta de regulación internacional.
A fines de julio concluyó sin acuerdo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York una reunión de cuatro semanas en busca de un Tratado sobre Comercio de Armas en la que participaron 170 gobiernos.
Para Villán, los principales países exportadores, con Estados Unidos a la cabeza, fueron los que "hicieron fracasar" las negociaciones, mientras el comercio de armas "alimenta los 40 conflictos armados que existen hoy en el mundo".
Los recursos que los estados dedican a comprar armas "son detraídos del desarrollo económico y social de sus pueblos", añadió.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, "no colaboró para que el tratado saliera adelante", advirtió Núñez.
"No se trata de prohibir el comercio de armas", sostuvo Núñez, pero es evidente que "falta voluntad política" para llegar a un acuerdo internacional sobre el particular, puesto que "los gobiernos prefieren tener carta blanca".
Es que Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia suministran en torno a las tres cuartas partes del valor de las armas del mundo, según indica en su página de Internet la organización humanitaria Amnistía Internacional. Solo el primero de esta lista no integra el Consejo de Seguridad de la ONU.
