Aunque admite que «no puede ser una solución a largo plazo», Washington insiste en potenciar a las Fuerzas Armadas del resto de América para afrontar «nuevas amenazas», incluyendo la inseguridad ciudadana. Pero activistas alertan que es solo otra forma de mantener la vieja supremacía.
La nueva estrategia militar de Estados Unidos es bien conocida para muchos activistas. "Lo que está buscando el gobierno de ese país es utilizar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas como lo hizo siempre: para sus propios intereses y no para la seguridad del pueblo", dijo a IPS el defensor de los derechos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel, en conversación telefónica desde Buenos Aires.
Antes, Washington esgrimía el fantasma del comunismo, pero ahora, en una región con gran número de gobiernos de izquierda, usa de pretexto problemáticas comunes, como el narcotráfico, para afianzar su predominio, sostuvo el activista argentino, ganador del premio Nobel de la Paz en 1980.
De este modo Pérez Esquivel salió al cruce de lo expuesto por el enviado del gobierno de Barack Obama a la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que finalizó este miércoles 10 en la sudoriental ciudad uruguaya de Punta del Este, donde promovió la nueva política militar estadounidense para la región, que contempla afianzar alianzas bilaterales y multilaterales con sus vecinos.
"En las últimas dos décadas, nuestros pueblos, nuestras economías, nuestras culturas y nuestros valores se han vuelto más conectados, no solo porque somos vecinos, sino porque somos una sola familia en el hemisferio", señaló en la sesión inaugural del encuentro de tres días el secretario (ministro) de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta.
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Y todos los miembros de una familia deben colaborar ante los desafíos comunes, que ahora se presentan "multifacéticos y solapados". La nueva Política de Defensa para el Hemisferio Occidental, publicada el 3 de este mes, traza los planes estadounidenses para hacer frente al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado internacional, los delitos en el ciberespacio y los desastres naturales.
Pérez Esquivel encabeza la campaña "América Latina y el Caribe, una región de paz: ¡fuera las bases militares!", que se expresó en contra de la conferencia de Punta del Este y de la estrategia estadounidense. Sus impulsores rechazan la política de involucrar a las Fuerzas Armadas en el control de la inseguridad ciudadana.
"Los asuntos de seguridad interna son ámbitos de absoluta competencia de la policía, por cuanto deben permanecer bajo su órbita, con estricto control y apego al respeto de los derechos humanos", subraya la campaña en su declaración.
El propio Panetta admitió en la cumbre de Uruguay que "el uso de militares para realizar tareas de mantenimiento del orden civil no puede ser una solución a largo plazo".
No obstante, el Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense prometió seguir apoyando las fuerzas castrenses de los distintos países de la región para combatir las "nuevas amenazas" hasta que los cuerpos civiles estén capacitados para asumir ese rol.
"Como socio, Estados Unidos hará todo lo que pueda para cubrir las brechas de capacitación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden", dijo Panetta en la conferencia.
Derechos humanos
Sobre la acción militar contra el narcotráfico, Pérez Esquivel señaló: "Nunca dan con los grandes negociantes, los grandes traficantes de la muerte, que son los que realmente manejan el problema de la droga. Entonces hay que ver lo que pasa. Ahí también hay complicidad dentro de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico. Esto lo vimos en Colombia, en México y en otros países".
En México, el saliente gobierno conservador de Felipe Calderón desplegó más de 60.000 efectivos militares para combatir el narcotráfico. Organizaciones humanitarias, empero, indican que esa campaña apoyada por Washington es un fracaso que ha costado la vida a 70.000 personas y el desplazamiento de sus hogares a otras 250.000.
Estados Unidos también apoya desde 2000 el Plan Colombia, antidrogas y contrainsurgente. Mientras, en Honduras, el gobierno derechista de Porfirio Lobo impulsa un proyecto para crear la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), en el marco de una estrategia para militarizar la lucha contra el delito.
En esos tres países proliferan las denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos.
"En materia de seguridad, lo que se le pide al Estado es que vele por los derechos humanos de las personas que van a recibir esa seguridad", dijo a IPS la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, Mariana Labastie.
"Lo que se reclama es que se observe el debido proceso, que no haya detenciones ilegítimas y que la normativa vigente no vulnere los derechos de las personas, como la libertad de reunión, la libertad de expresión o la libre circulación", añadió.
Pocos acuerdos
Pero la presión estadounidense para concretar sus planes estratégicos no halló el eco que esperaba entre las naciones latinoamericanas. Las delegaciones de los 28 países presentes, de los 34 que integran el foro, no lograron consenso sobre varios temas.
A priori había coincidencia en la necesidad de proponer pasos concretos para reformar el sistema interamericano de defensa y sus instituciones, que datan de la Guerra Fría, pero los ministros se limitaron a llamar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que trate el tema "en forma perentoria".
No hubo acuerdo sobre el futuro de la Junta Interamericana de Defensa (JID), de 1942, que Estados Unidos quería reformar, ni sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), creado cinco años después y ahora cuestionado por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, y abandonado en 2002 por México.
No obstante, hubo unanimidad en cuanto a las misiones de paz. La conferencia propuso la integración de civiles, contemplar asuntos de género e instruir mejor a las fuerzas que participen en ellas.
En Punta del Este también se aprobó por mayoría, y tras duro debate, la creación de un Sistema Cooperativo de Asistencia Humanitaria ante desastres naturales, iniciativa impulsada por Chile y apoyada por Estados Unidos y Canadá. La participación en este mecanismo será de carácter voluntario.
El tema de mayor debate fue el reclamo argentino por las islas Malvinas y su denuncia de las operaciones marítimas de Gran Bretaña. Finalmente, en la declaración de cierre, los países de la región, aunque con la reserva de Canadá y Estados Unidos, se comprometieron a promover la paz en el sur del océano Atlántico y apoyaron el llamado de la OEA a buscar una solución diplomática a la disputa.
