Drásticas protestas de reclusos, familiares y hasta de carceleros continúan en Colombia contra las extremas condiciones de vida en las principales prisiones. Las esperanzas están cifradas en la reforma al Régimen Nacional Penitenciario, que se conocerá a mediados de mes.
También se suceden manifestaciones de familiares de reclusos e, incluso, marchas de guardias carcelarios y de otros funcionarios que expresan "sentirse presos" por las condiciones laborales y el alto número de personas a su cargo.
En Colombia, con 46 millones de habitantes, hay en la actualidad más de 111.000 encarcelados distribuidos en 114 establecimientos.
La concreción de la reforma al Régimen Nacional Penitenciario fue prometida la semana pasada por la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, al concluir un encuentro en busca de soluciones a la vieja crisis carcelaria.
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El anuncio de Correa coincidió con el aplazamiento por tiempo indefinido del debate en el parlamento de una declaración presentada por la representación del cristiano y minoritario Grupo Político Mira.
La intención era que el parlamento se pronunciara contra el "mal manejo de las cárceles, la falta de voluntad política para resolver el problema, un sistema judicial lento y débil, negligencias, corrupción y ausencia de estrategias de rehabilitación", explicó a IPS el senador Carlos Bahena, quien fue ponente del tema para que lo tratara la cámara alta.
Sin embargo, ni los anuncios de la ministra Correa ni el aplazamiento del debate detuvieron la protesta. "Se mantiene", confirmó a IPS la directora de la no gubernamental Fundación Lazos de Dignidad, July Henríquez.
"La Jornada Nacional de Protesta se inició solicitando al gobierno la apertura de una mesa de diálogo con voz y voto de los detenidos, pero no hay respuesta, como tampoco hubo en las 15 movilizaciones similares realizadas en 2011", señaló.
"La situación es muy grave. Por ejemplo, en la cárcel La Modelo, con capacidad para 2.950 reclusos, ahora hay 7.965, según datos oficiales", explicó a IPS el abogado William Acosta, del no gubernamental Grupo de Apoyo para Personas en Reclusión.
Para reducir este déficit, la ministra Correa anunció un proyecto para construir seis megacárceles. Pero incluso con estas obras, todavía faltarán cubrir unos 9.100 cupos penitenciarios", dijo Bahena. Por tanto, indicó que se necesita "una verdadera política integral de rehabilitación".
Esta situación extrema se extiende por el país. "Llevo más de una década trabajando con reclusos y cada vez que conocí una cárcel pensé que era la peor. Pero siempre encontré otra. En La Dorada (en el central departamento de Caldas), los reclusos duermen por turnos de tres horas", narró Acosta.
Claro que Colombia no es una isla en América. Un informe publicado este mes por la Organización de los Estados Americanos indica que la población carcelaria en 34 países miembros aumentó de 2,6 millones en 2000 a casi 3,5 millones en 2010, concluyendo que "la evolución y sofisticación de la criminalidad hace imperativo repensar las estrategias adoptadas".
"En Colombia tenemos un Estado que no es garantista, que legisla con frecuencia para incrementar el número de delitos y las penas, por supuesto, aumentando la cantidad de detenidos, en medio de una justicia lenta e ineficiente", apuntó.
"Por cada 20 personas que ingresan, salen cinco", continúo Acosta.
Además, los activistas advierten que la situación en este país presenta características particulares respecto del resto del continente debido al conflicto armado interno de cinco décadas, en el marco del cual se sumaron las medidas adoptadas por el Plan Colombia, antidrogas y contrainsurgente, que financió Estados Unidos desde 1998.
Ese plan llevó a la construcción de las llamadas "cárceles bodega", "un modelo en el que se impone el castigo sobre la socialización", explicó Henríquez.
"Se les llama bodega por su infraestructura gris y diseños de aislamiento. La Picota, por ejemplo, fue construida prácticamente sobre un humedal, muy cerca de la cordillera, en una ubicación que limita el sol a pocas horas", describió Acosta.
La primera cárcel construida bajo los parámetros estadounidenses fue La Tramacúa, en Valledupar, la capital del norteño departamento del Cesar, que contó con galerías de recintos para hombres y mujeres.
"Los pabellones de mujeres fueron finalmente cerrados en 2011 ante innumerables y gravísimas denuncias confirmadas", complementó Henríquez.
La activista agregó que el silencio gubernamental se relaciona con el "verdadero negocio que implica la construcción de nuevas cárceles, y la manutención de los presos".
Negocio que se sustenta en la corrupción, como el llamado "carrusel de la contratación", que por indebida y multimillonaria apropiación de dineros públicos llevó a la prisión, entre otros, a los primos y contratistas Guido, Manuel y Miguel Nule, al exalcalde bogotano Samuel Moreno y a su hermano, el exparlamentario Iván Moreno.
"Es más fácil contratar para construir cárceles que buscar soluciones, porque los presupuestos destinados podrían favorecer capitales privados. Pasa igual con los recursos destinados a la manutención de los presos, cuya erogación anual por cada uno ronda los 6.700 dólares", aseguró Henríquez.
A los señalamientos de Bahena, Henríquez y Acosta se suma la urgente necesidad de cumplir con las normas establecidas por organismos internacionales, como el respeto a las creencias políticas. En las cárceles colombianas cohabitan guerrilleros izquierdistas con paramilitares de extrema derecha.
"Hace falta una atención humanitaria efectiva, porque son muchos quienes ingresan en buenas condiciones de salud y salen gravemente enfermos o muertos", denunció Henríquez, citando una larga lista de casos que lo confirman.
Paradójicamente, las comodidades abundan en los lugares donde están detenidos parlamentarios presos por vínculos con el paramilitarismo, el exalcalde Moreno y el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por corrupción en el manejo de dineros públicos destinados a la recuperación del sector rural, denuncian los activistas.
