Aunque en términos generales los ambientalistas apoyan la idea del gobierno de Azerbaiyán de introducir un «impuesto verde» a las firmas que contaminen, hay expertos que les preocupa que esa disposición pueda emplearse para manipular.
A pesar de esfuerzos de limpieza realizados en la década pasada, Azerbaiyán es internacionalmente criticado por el estado de su ambiente. Los problemas van desde la contaminación de la franja costera del mar Caspio a la deforestación a gran escala y la mala calidad de las plantas de tratamiento de aguas servidas.
Especialistas ambientales del país señalan al sector petrolero y gasífero, a las industrias petroquímicas, a las granjas corporativas de gran escala y a las plantas de fabricación de cemento y concreto como los peores contaminadores.
Con ayuda internacional, el gobierno ha abordado algunos de los daños. Y ahora los funcionarios planean hacer más a través del «impuesto verde» a las empresas que contaminen.
«Los gravámenes relacionados con el ambiente son una de las herramientas más efectivas para las políticas económicas y ambientales», escribió Akif Musayev, director del Departamento de Políticas Tributarias e Investigaciones Estratégicas del Ministerio de Impuestos, en un artículo publicado en agosto en el periódico Vergiler (Impuestos), que edita esa cartera.
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El tributo se pagaría directamente al presupuesto estatal, en vez de al Fondo Estatal de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Hasta ahora se desconocen otros detalles sobre el propuesto gravamen. No fue posible contactar a Musayev para que formulara declaraciones adicionales.
Los ambientalistas azerbaiyanos ven la idea con buenos ojos. Ahora que la producción industrial del país adquiere nuevo vigor y que la producción gasífera va en aumento, sostienen que es tiempo de hacer más para alentar a las empresas nacionales a usar tecnologías más limpias y a desarrollar una «economía verde».
En el marco de las actuales regulaciones, cada año las compañías pagan al extrapresupuestario Fondo Estatal de Protección Ambiental entre 130 y 500 dólares por tonelada de contaminación atmosférica o hídrica «permisible».
Las multas por exceder las cuotas de contaminación, en base a las inspecciones anuales, pueden oscilar entre unos 9.500 y 12.700 dólares.
El Fondo recaudó 1,5 millones de dólares por esta vía el año pasado, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Ese dinero se destina a varias medidas de protección ambiental, que van desde estaciones de purificación del agua a lo largo del mar Caspio hasta la conservación de bosques.
El Fondo no es objeto de ningún control público, y su estructura administrativa tiene reputación de opaca. Los datos sobre multas particulares que pagan las empresas, por ejemplo, no se conocen públicamente.
La Compañía Petrolera Estatal de la República de Azerbaiyán (Socar), una probable candidata, sostiene que a fines de 2011 su departamento de producción de petróleo y gas fue multado por unos 25.000 dólares, y que su departamento de perforación en la península de Absheron pagó alrededor de 15.000 dólares por contaminación presuntamente excesiva.
Las empresas energéticas extranjeras no han sido ignoradas, aunque pagan multas mucho más baratas. En 2011, el Ministerio de Ambiente multó al consorcio petrolero extranjero Garasu con unos 9.550 dólares, y a la sociedad anónima Lukoil-Azerbaiyán con 1.116 dólares por sus presuntas prácticas contaminantes.
Un economista advirtió que, como ocurre con las regulaciones ambientales en Rusia y en Kazajstán, un «impuesto verde» puede manipularse para defender los intereses del gobierno contra empresas energéticas extranjeras, o contra otras compañías que se considere amenazan los intereses de corporaciones amigables con el gobierno.
El 11 de este mes, y por primera vez en público, el presidente Ilham Aliyev criticó a la firma British Petroleum (BP) por no cumplir los objetivos de producción petrolera proyectados. Ese error de cálculo le cuesta al Estado 8.000 millones de dólares, según el presidente.
Aliyev señaló que se tomarían «serias medidas» en respuesta a ese déficit. Es imposible determinar si esas medidas incluirán o no la «presión verde».
Un funcionario del Ministerio de Impuestos que pidió no ser identificado, dijo a EurasiaNet.org que, por ahora, los «impuestos verdes» son apenas una idea, y que no se prevé cambios a la legislación en lo inmediato.
El experto Samir Isayev planteó que el desafío para el ambiente de Azerbaiyán va más allá de imponer gravámenes más severos a la contaminación.
El país requiere «una política fiscal compleja», lo que significaría que las empresas que usan tecnologías amigables con el ambiente «deberían ser liberadas de los tributos aduaneros y de algunos a la importación de equipos nuevos y más limpios», sostuvo.
«Esto conduciría tanto a un ambiente mejor como a industrias más competitivas. En otras palabras, al crecimiento económico», agregó.
Farida Huseynova, presidenta del Movimiento Verde, con sede en Bakú, coincidió. «El gobierno debería conceder beneficios impositivos a las empresas que cumplen con los estándares ambientales e introducen más tecnologías verdes», dijo.
Por ahora, los observadores solo pueden esperar y ver cuán lejos llegará el «impuesto verde» de Azerbaiyán, si es que alguna vez se concreta.
«Es demasiado pronto para hacer suposiciones», dijo el economista Natik Jafarly, radicado en Bakú.
* Shahin Abbasov es un periodista independiente radicado en Bakú. Este artículo fue originalmente publicado en Eurasianet.org.
