El auge de la construcción en China provocó un aumento del número de personas expulsadas de sus casas y tierras, denunció Amnistía Internacional.
Un informe de esa organización divulgado este jueves 11 señala que el incremento de los desalojos en los últimos tres años ha sido promovido por el enorme estímulo al sector de la construcción tras el estallido de la crisis financiera mundial.
«El problema de los desalojos forzados representa la principal fuente de descontento popular en China y una seria amenaza a la estabilidad social y política», indica el informe de la organización humanitaria con sede en Londres.
De los 40 desalojos que la organización con sede central en Londres dijo haber examinado en detalle, nueve culminaron con la muerte de personas que protestaban o se resistían a abandonar sus posesiones.
En un caso, una mujer de 70 años habría sido enterrada viva por una excavadora cuando intentaba detener a los operarios que demolían su casa en la ciudad de Wuhan, en la central provincia de Hubei.
En otro, la policía en la ciudad de Wenchang, en la sureña provincia de Sichuan, tomó bajo custodia a un bebé y se negó a devolverlo hasta que su madre firmara la orden de desalojo, informó Amnistía.
La organización también señaló que algunas personas que se resistieron a las expulsiones terminaron en prisión o en campos de trabajos forzados.
Un mujer de la localidad de Hexia, en la sudoriental provincia de Jiangxi, que había presentado una queja ante las autoridades por su desalojo, fue golpeada y sometida a una esterilización forzosa, denunció el grupo.
Algunos residentes, desesperados, se han suicidado prendiéndose fuego. Amnistía documentó 41 casos de inmolación entre enero de 2009 y enero de 2012.
La organización llamó a las autoridades chinas a detener de inmediato estas expulsiones, a asegurar que ningún habitante se quede sin hogar y a juzgar y castigar a los que usen la violencia durante el proceso de desalojo.
En conversación con Al Jazeera desde Hong Kong, Nicola Duckworth, director de investigaciones de Amnistía, dijo que había «una casi concertada presión sobre las comunidades para que abandonen sus hogares».
Duckworth señaló que, entre las tácticas usadas para expulsar a los residentes, algunos promotores inmobiliarios cortan los servicios esenciales, como agua y electricidad. En otros casos, «contratan a matones» para golpear a los habitantes.
En 2011, Beijing aprobó una regulación que dificulta la demolición de casas o la expulsión a propietarios de tierras, pero Amnistía indicó que persisten los problemas a nivel local.
El grupo de derechos humanos acusó al gobernante Partido Comunista de promover a oficiales locales que están determinados a lograr el desarrollo a toda costa.
Por lo general, el uso de tierras para construir carreteras, fábricas o viviendas es considerado el camino más directo para obtener resultados económicos.
Duckworth señaló que los residentes tenían pocas posibilidades de defenderse de los promotores inmobiliarios, ya que el sistema judicial chino es «imperfecto, no independiente y no imparcial».
La justicia «no está asumiendo su responsabilidad» de asegurarle sus derechos a las personas, afirmó.
Técnicamente, el gobierno es propietario de la mayor parte de la tierra en China y puede hace expropiaciones para proyectos considerados de interés público.
Se supone que los afectados deben recibir compensación, pero eso no siempre ocurre, o esta no es siempre justa.
Amnistía dijo que no hay estimaciones confiables sobre el número de personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares o sus granjas, «pero hay poca duda de que la cifra ha crecido significativamente».
* Publicado en acuerdo con Al Jazeera.
