En 2011 se denunciaron 1.463 casos de explotación sexual de niños y niñas en Sri Lanka. La policía constató que todos eran genuinos e inició investigaciones en cada uno de ellos.
Sin embargo, para fines de ese año, ninguna de las denuncias había llegado a los tribunales superiores que, según el sistema judicial nacional, son los encargados de atender casos de delitos contra la infancia.
Los casos de abusos contra menores se estancan en los juzgados.
Hasta agosto pasado, los 34 tribunales superiores del país tenían entre sus carpetas 4.000 denuncias de abuso infantil, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
"Una tercera parte de los casos pendientes en los tribunales supremos están de hecho relacionados con niños y niñas", según un informe de Unicef.
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Pero activistas por los derechos de la infancia aseguran que la cifra en realidad es mayor, si se cuentan los abusos que ni siquiera llegan a la justicia.
Cuando se denuncia por primera vez un abuso infantil, la policía realiza investigaciones preliminares, y un tribunal de primera instancia decide si derivar el caso a uno superior o desechar los cargos.
"Si cuentas todos los casos que todavía esperan una conclusión de la investigación, estamos hablando de unos 8.000", dijo Visakha Tillekeratne, de la organización local de derechos humanos Justicia para las Víctimas, en conversación con IPS.
En promedio, un caso de abuso infantil toma unos seis años en llegar a su conclusión en Sri Lanka, según Unicef.
"Un estudio de 2010 sobre 110 casos de abuso infantil que llegaron al Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Kelaniya indicó que el tiempo promedio para obtener evidencia era de 62,5 meses (cinco años) desde el primer examen" a la víctima, dijo a IPS la portavoz de Unicef en Colombo, Suzanne Davey.
Pero las demoras legales no solo se constatan en casos de abuso infantil, sino que son habituales en todo el sistema, paralizado por la falta de personal capacitado tanto en la Policía como en la Fiscalía General.
"Es un gran tema", dijo a IPS el superintendente principal de la Policía y portavoz de esa fuerza, Ajitha Rohana. A fines de 2010, los tribunales tenían 650.000 casos sin resolver, indicó.
Ahora "se están haciendo esfuerzos para darles especial atención a los casos de abuso infantil", aseguró.
Unicef ha colaborado con el Ministerio de Justicia, el Departamento de Policía y la Fiscalía General para capacitar a funcionarios con el objetivo de acelerar las investigaciones y los procesos legales.
Más de 900 funcionarios se instruyen desde enero, y hay en marcha un proyecto piloto destinado a darles prioridad a los casos de abuso infantil en seis distritos. Rohana dijo a IPS que los resultados preliminares del proyecto son positivos.
"El plan es introducir un sistema para todos los distritos", dijo Rohana.
Los expertos creen que esto es urgente, ya que la larga espera agrava el trauma de las víctimas.
"Es brutal esperar, especialmente cuando año tras año no se hace nada", dijo Tillekeratne.
"Las demoras en los casos tienen como resultado una mayor victimización de aquellos niños que ya han sufrido demasiado abuso y explotación", añadió Caroline Bakker, jefa de protección en la oficina de Unicef en Sri Lanka.
Según ella, cuando las víctimas ven que los perpetradores salen bajo fianza, se sienten aun más desamparadas. "Los perpetradores siguen libres y continúan cometiendo crímenes contra niños con impunidad", dijo.
Rohana dijo a IPS que la policía ahora tiene especial cuidado en no permitir que los sospechosos salgan libres, a menos que lo permita un tribunal.
"Todos los funcionarios a cargo de estaciones de policía han sido instruidos para tomar acciones inmediatas cuando reciben un caso de abuso infantil", señaló.
Pero Tillekeratne dijo a IPS que era urgente una mayor acción concertada a nivel nacional, dada la enormidad del problema.
"Lo que se necesita no es que el proyecto piloto sea aplicado en fases en el resto de la isla, sino que se haga una inmediata implementación sin demoras", sostuvo.
Por su parte, Rohana dijo a IPS que, desde 2005, cuando el gobierno distribuyó funcionarios dedicados especialmente a la protección de los derechos de las mujeres y los niños en todo el país, la policía comenzó a recibir más denuncias.
Pero Davey, de Unicef, opinó que era difícil saber si ese fenómeno tenía relación con la nueva política del gobierno o se debía a otros factores.
La densamente poblada Provincia Oeste y las agrícolas Sabaragamuwa y Central del Norte son los lugares más afectados por el abuso infantil en el país.
Estadísticas policiales muestran que la mayoría de los abusos en áreas rurales ocurrieron en momentos en que los niños fueron abandonados por los adultos a su cargo durante largos periodos.
Citando un estudio de 2005, Unicef señaló que 89 por ciento de los abusos infantiles son de naturaleza sexual.
Setenta por ciento son perpetrados por un pariente o por alguien cercano a la familia de la víctima, 27 por ciento por conocidos del menor y solo tres por ciento por extraños.
Una racha reciente de abusos involucrando a políticos y otro caso de una niña de seis años violada y asesinada por un familiar de 16 volvieron a poner el tema en el tapete en este país de Asia meridional.
