Las autoridades mexicanas parecen haber tirado la toalla en el combate a la pesca ilegal, que afecta la salud de las pesquerías, el ambiente y los ingresos.
Se estima que entre 30 y 50 por ciento de la producción es de origen ilegal, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuánta de esa ilegalidad es atribuible a cada una de las conductas ilícitas que conforman un amplio abanico: capturas fuera de temporada, técnicas y artes de pesca prohibidas, incumplimiento de cuotas y ejercicio de la actividad sin licencias.
"Es un sector difícil de regular", dijo a IPS el directivo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Rodrigo Gallegos, que está por publicar un informe sobre la productividad, las regulaciones y el impacto ambiental de la pesca. "En la práctica, hay libre acceso y es difícil controlar el flujo comercial ilegal".
El cumplimiento de las normas es un asunto complicado en México, convertido en el principal centro de narcotráfico de América Latina y uno de los mayores del mundo, donde la impunidad de los delitos ronda el 90 por ciento.
El año pasado, este país produjo 1,64 millones de toneladas de pescado, equivalentes a 1.280 millones de dólares, de los que se exportaron más de 800 millones, según la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura.
[related_articles]
México posee extensas plataformas marinas en dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, que comprende el golfo de México y el mar Caribe. Además, tiene casi 20.000 kilómetros cuadrados de lagunas costeras, esteros, lagos, represas y ríos, un conjunto de ecosistemas con ricos recursos pesqueros.
Pero, como la pesca se realiza sin control, las especies están sobreexplotadas.
En la Carta Nacional Pesquera de 2012, expedida por la Secretaría de Agricultura, se reconoce una vasta sobreexplotación y se recomienda no aumentar la presión sobre el camarón, las sardinas y los atunes.
En 2010, la organización ecologista Greenpeace mencionó siete especies amenazadas: huachinango o pargo, camarón, mero, atún, sardina, tiburón y pez raya.
"Hay una situación conflictiva, mucha gente sobre poco recurso y políticas poco claras para ver quién puede acceder", dijo a IPS el asistente del programa de conservación marina Juan Aceves, de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, que promueve la protección de la biodiversidad en la Península de Baja California, en el extremo noroeste.
Las leyes no se aplican y "existe poca cultura de legalidad en la pesca", indicó.
"Lo que funciona es trabajar con comunidades certificadas. Es posible aplicar medidas ambientales a la pesca, es un sector que se adapta fácilmente. Pero la reconversión productiva no es viable", estimó Gallegos, del IMCO.
El instituto recomienda generar datos confiables, cambiar el subsidio al combustible de las embarcaciones y reformar la ley de pesca para fortalecer las prácticas ambientales.
El litoral pacífico provee 80 por ciento de la producción pesquera, el Golfo de México y el Mar Caribe aportan 18 por ciento, y el resto procede de aguas dulces.
Las autoridades han recurrido a las vedas para variedades como camarón, pulpo o tiburón, la sustitución de embarcaciones y el retiro de permisos para contener la presión sobre las pesquerías.
Pero el impacto de esas acciones no es significativo. El año pasado se concedieron más de 1.000 permisos de pesca, y se retiraron apenas 46, para captura de camarón y tiburón.
Lo que se necesita es un "ordenamiento pesquero con esquemas de participación de las comunidades de pescadores en la investigación", planteó un informe publicado hace dos años por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En el estudio, pescadores artesanales se quejaban del aumento del costo del combustible, la caída de las capturas y el bajo precio de los productos, lo que llevaba a no poder cubrir los viajes.
Los trabajadores del mar parecen saber bien cuáles son sus problemas: demasiados barcos, capturas de especímenes juveniles, vedas no respetadas y ausencia de otras oportunidades laborales en las comunidades costeras.
De las 94.000 embarcaciones pesqueras, 90.000 son artesanales o ribereñas. Pero las restantes 4.000 son grandes buques de pesca industrial que proporcionan 40 por ciento de la producción nacional.
"La pesca de pequeña escala se ha quedado relegada. Eso ha provocado muchas condiciones irregulares", dijo Aceves.
Niparajá trabaja desde 2004 con un grupo de 160 pescadores en el noroccidental estado de Baja California Sur para restaurar las pesquerías. Se promueven las artes de pesca adecuadas, la identificación de periodos de captura y el fortalecimiento organizativo.
Los pescadores sacan del mar unas 50 toneladas anuales y han identificado 11 sitios vedados a la captura, para que las especies se regeneren.
Desde 2003 Niparajá y la no gubernamental Comunidad y Biodiversidad organizan el encuentro trienal "De pescador a pescador", destinado al intercambio de experiencias.
Para Aceves, las autoridades "quieren tener un sector exportador que genera empleo", pero "pagando poco y sin planificar".
¿Su consejo? "Que el gobierno se siente a planificar y a decidir qué es lo que quiere con la pesca".
