México es para muchos niños y niñas emigrantes indocumentados de América Central el final del viaje en su intento por llegar a Estados Unidos, empujados por razones económicas y por la violencia de pandillas e intrafamiliar.
"Los niños siempre han migrado, siempre han estado allí, y siempre han sido los más vulnerables", explicó a IPS la académica mexicana Carolina Rivera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), de México.
Desde que el flujo emigratorio centroamericano hacia Estados Unidos se intensificó en los años 80, debido a las guerras civiles que azotaron la región, se ha hecho más evidente el fenómeno de la desintegración familiar. Los padres se van en busca de un mejor futuro y dejan a sus hijos e hijas al cuido de abuelos u otros parientes.
Estimaciones del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, publicadas por la prensa, indican que alrededor de 15 por ciento de los 11,5 millones de inmigrantes latinoamericanos indocumentados en ese país son guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
Ahora, a la necesidad de reunificación familiar y a la tradicional razón económica, se han agregado otras más recientes como la violencia intrafamiliar para que niños, niñas y adolescentes quieran abandonar la región, señaló Rivera, con experiencia en trabajo de campo con centroamericanos en la localidad de Mazatán, en el sureño estado mexicano de Chiapas.
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Rivera dijo que en su investigación se encontró con niñas que habían sido golpeadas y violadas por sus padrastros u otros parientes, lo cual las obligó a viajar a Estados Unidos sin tener los documentos requeridos para radicarse allí.
También supo de jóvenes hondureños y salvadoreños que, al anunciar a sus familiares que eran homosexuales, fueron maltratados y finalmente echados de sus respectivos hogares.
En todos esos casos aparecía el fenómeno de la violencia intrafamiliar como una causa recurrente, señaló la experta, principal expositora en un foro en San Salvador sobre el fenómeno de niños y niñas migrantes.
Las denuncias por violencia intrafamiliar ascendieron en El Salvador a 1.028 entre enero y junio, casi el doble de las registradas en todo el año pasado, según reportes de la Policía Nacional.
Tras ser detenidos en México, las opciones de los niños y niñas centroamericanos son pocas: ser deportados o vivir en ese país sufriendo constantes violaciones a sus derechos.
Cifras del mexicano Instituto Nacional de Migración (INM) indican que entre enero y julio fueron deportados 3.391 menores guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, 50 por ciento más que en el mismo periodo de 2011.
De ese total, 2.801 viajaban sin acompañamiento, dejando en evidencia el grado de vulnerabilidad en que viajan esos niños y adolescentes. Muchos de ellos son abandonados a su suerte por los guías o "coyotes", como se les llama en la zona a los traficantes de personas.
"Muchos de ellos van inmersos en las redes de tráfico de personas", dijo a IPS el coordinador del Programa Migraciones de la gubernamental Dirección Nacional de Investigaciones, Jaime Rivas.
"Ahora ya no es como antes, el coyote héroe que ayuda a la gente a llegar al norte. Ahora son las redes de trata de personas vinculadas al crimen organizado las que movilizan a los migrantes", explicó.
Un comunicado del INM divulgado a comienzos de septiembre señalaba que muchos de esos niños y niñas huyen de las pandillas del norte de América Central, que obligan a los adolescentes a incorporarse a sus filas. Si se niegan, se exponen a ser asesinados.
Solo en El Salvador se calcula que existen alrededor de 60.000 pandilleros, aglutinados en la MS-13 o Mara Salvatrucha y Barrio 18.
El documento Niñez Capturada, publicado en junio por la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, siglas en inglés), una organización humanitaria con presencia en 50 países, indicó que, independientemente de las condiciones en que los niños son mantenidos tras las rejas tras intentar pasar algún puesto fronterizo, la detención en sí les produce un impacto negativo profundo.
Ellos sufren de ansiedad y depresión, así como insomnio y otros síntomas. "Afecta su salud física y sicológica, así como su desarrollo", señaló el informe.
La IDC agregó que los menores indocumentados no deben ser detenidos, y recomendó a los gobiernos involucrados crear políticas públicas que los protejan.
México aprobó en abril de 2011 una nueva ley de migraciones que, en principio, plantea un irrestricto respecto de los derechos humanos hacia los extranjeros en tránsito por su territorio, pero aún no se aplica por que no ha sido reglamentada.
Quienes deciden quedarse sin documentación en México se exponen a vivir en situaciones de extrema vulnerabilidad laboral, dijo la antropóloga mexicana.
En su investigación, Rivera encontró que 33 por ciento de los inmigrantes menores se empleaban en la agricultura, muchas veces cumpliendo largas jornadas de labor y recibiendo una paga por debajo del salario promedio.
Otro 16 por ciento realizan tareas en el sector servicios y de entretenimiento, sobre todo hondureñas y salvadoreñas de entre 15 y 17 años de edad que se desempeñan como bailarinas en centros nocturnos de entretenimiento, sujetas a vejámenes y abusos sexuales. "Muchas de ellas se sienten esclavizadas, sin poder salir de ese círculo", dijo Rivera.
Esas jóvenes preferirían trabajar como empleadas domésticas, pero en esa zona de México existe una estigmatización contra las salvadoreñas y hondureñas, y las consideran "robamaridos", por lo cual para esas tareas se contrata especialmente a mujeres indígenas de Guatemala, apuntó la experta.
Finalmente, la investigación indica que 17 por ciento de los inmigrantes niños o adolescentes se dedican a la venta ambulante y el resto a una serie variada de actividades irregulares.
Por otro lado, solo seis por ciento de los adolescentes habían cursado algún tipo de educación superior, y solo dos por ciento había cursado algunas materias en la universidad.
