La Unión Europea (UE) estudia limitar la cantidad de biocombustibles que utiliza en el transporte, pero esto no frenará el gran impacto que ha tenido esa política en los precios internacionales de los alimentos. De hecho, sus efectos se agravarán, alertan activistas.
Según las actuales disposiciones europeas, al menos 10 por ciento de la energía para el transporte dentro de la UE deberá proceder de fuentes renovables para 2020, sobre todo de biocombustibles derivados del trigo, la soja y la colza.
Pero, en una acción sin precedentes, el comisario de Energía de la UE, Günther Oettinger, y la comisaria de Cambio Climático, Connie Hedegaard, anunciaron el lunes 17 que la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, planeaba reducir la meta a cinco por ciento.
Justo en vísperas de ese anuncio, la organización no gubernamental Oxfam había presentado un informe demostrando que la ambición de Europa por los biocombustibles impulsaba al alza los precios de los alimentos y desplazaba a poblaciones de sus tierras en el Sur en desarrollo, profundizando así el hambre y la desnutrición en los países pobres.
La organización señaló que, a pesar de que los precios de la soja y del maíz llegaron a sus máximos históricos en julio y los precios de los cereales y del aceite mantuvieron sus puntos más altos en agosto, la Comisión y la mayoría de los gobiernos europeos parecieron ignorar los efectos devastadores que estaba teniendo su política en el Sur en desarrollo.
[related_articles]
En conferencia de prensa, Oettinger reconoció que la política de la UE había tenido "derivaciones desafortunadas, como la tala de bosques para producir biocombustibles".
Por tanto, todos los ministros del bloque coincidieron en reducir a la mitad la cuota de biocombustibles provenientes de cultivos y destinados al transporte. El cinco por ciento restante será cubierto con carburantes fabricados a partir de "productos de segunda generación, como desechos agrícolas y sobras", indicó.
"Estoy satisfecho de que la Comisión finalmente esté reconociendo que el uso de cultivos alimentarios para hacer combustible es problemático", dijo Ruth Kelly, consejera en políticas económicas de Oxfam y autora del último informe de la organización.
"Pero poner un tope de cinco por ciento es ridículo. En este momento, el uso de biocombustibles en la UE llega solo a 4,5 por ciento. Así que la nueva meta es de hecho un aumento respecto de lo que se utiliza en este momento", aclaró.
"En 2008, los biocombustibles representaron 3,5 por ciento de todos los carburantes en la UE", dijo Kelly a IPS.
"Ese mismo año, la tierra necesaria para cultivar los productos destinados a fabricar esos biocombustibles pudo haber alimentado a 127 millones de personas", señaló.
"La meta de cinco por ciento no es el doble, pero es significativamente más, e incrementar el porcentaje obviamente no es lo que se debe hacer ahora, considerando los efectos negativos que estamos viendo en todo el mundo", sostuvo.
Datos reunidos por Oxfam muestran que las tierras adquiridas para la producción de biocombustibles en Filipinas en 2010 pudieron ser usadas para cosechar más de 2,4 millones de toneladas de arroz, lo suficiente para que ese país fuera autosuficiente en ese producto.
Según un reciente estudio de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, dos tercios de los grandes acuerdos de adquisición tierras en los últimos 10 años tuvieron el objetivo de producir biocombustibles en base a soja, caña de azúcar, aceite de palma y jatrofa.
Paraguay también ha sido duramente sacudido por la demanda de biocombustibles de la UE. Según la investigación de Oxfam, cada año, 9.000 familias rurales son desplazadas en ese país, y cerca de medio millón de hectáreas se convierten en campos de soja.
Además, para las familias que viven al lado de las plantaciones de soja en el este de Paraguay, cultivar se ha vuelto casi imposible. El agua se hace cada vez más escasa, ya que gran parte de los recursos hídricos locales son usados para irrigar esas plantaciones destinadas a la fabricación de biocombustibles.
Por tanto, las comunidades deben cavar pozos el doble de profundos para obtener agua potable. Más de la mitad de la soja cultivada en Paraguay es exportada a Argentina, y gran parte de esta es usada para producir combustible diesel para el mercado argentino o europeo.
"El problema clave es que la política de biocombustibles de la UE genera una importante demanda en el Sur", explicó Constantino Casasbuenas Morales, asesor en justicia económica para Oxfam y experto en Paraguay.
"Los países relativamente pequeños como Honduras o Paraguay modifican sus estrategias nacionales para abrirse a la inversión extranjera", añadió.
"Como consecuencia, pequeños productores son desplazados de sus tierras y tienen que mudarse a las capitales. La demanda de biocombustibles está claramente vinculada con la concentración de tierras, las crecientes poblaciones urbanas y el aumento de la pobreza", indicó.
