SWAZILANDIA: Huelga de maestros se prolonga sin resultados

La huelga de maestros que ya lleva más de un mes en Swazilandia no debería verse como un movimiento capaz de derrocar al régimen político, pese a que empleados públicos y enfermeros se han unido a la medida, sostuvo el analista Sikelela Dlamini.

Los maestros de esta monarquía de África austral iniciaron el 21 de junio una huelga por tiempo indefinido, en reclamo de un ajuste salarial acorde al aumento del costo de vida, de 4,5 por ciento.

De este modo han quedado sin clases miles de estudiantes en entre 30 y 50 por ciento de las 179 escuelas secundarias y 153 primarias del país.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y el Sindicato de Trabajadores Aliados también adhirieron a la huelga, aunque alrededor de 70 por ciento de sus miembros están trabajando.

La Unión Democrática de Enfermeros de Swazilandia realiza "trabajo a reglamento" después de que el 19 de julio el gobierno obtuvo el apoyo del Tribunal Industrial del país contra una huelga total.
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Aunque los huelguistas protestan principalmente contra la medida oficial de congelar los salarios de todos los empleados públicos, en varias ocasiones la presidenta de la Asociación Nacional de Maestros de Swazilandia, Sibongile Mazibuko, alertó que, si el gobierno se negaba a conceder el ajuste a los trabajadores, "podría terminar perdiendo al país".

Actualmente, la inflación es de 9,43 por ciento, lo que ha dificultado la alimentación de 63 por ciento de los swazis que viven bajo la línea de pobreza de dos dólares diarios.

Pero Dlamini y otros analistas sienten que la lucha por la democracia carece de alianzas políticas claras entre organizaciones sindicales y políticas.

Dlamini dijo a IPS que los swazis no deberían depositar demasiadas esperanzas en la huelga de los maestros, porque los trabajadores todavía no declararon su intención de cambio de régimen en la agenda de las negociaciones. Además, apenas la mitad de los 9.000 miembros de la Asociación Nacional participan de la medida.

Aunque los trabajadores están en una posición estratégica para desafiar al régimen del rey Mswati III, el analista sostuvo que el país necesita organizaciones políticas para negociar y disputar el poder.

Los partidos políticos han estado prohibidos durante casi cuatro décadas, y la monarquía continúa usando a las fuerzas de seguridad para sofocar todo disenso político liderado por los sindicatos.

Desde que comenzó en 2009 la crisis fiscal, luego de una caída de 60 por ciento en los ingresos de la Unión Aduanera de África Austral, los trabajadores empezaron a reclamar un cambio político, mejores condiciones laborales y aumentos salariales inferiores a la inflación.

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto de la crisis fiscal en Swazilandia reveló en marzo que 21,9 por ciento de los hogares encuestados habían sufrido una reducción de ingresos desde 2009. Y alrededor de siete por ciento de los hogares relevados admitieron tener un miembro que perdió un empleo.

El gobierno sostiene que no hay dinero para pagarles a los empleados públicos, cuyos salarios constituyen un significativo 52 por ciento del presupuesto nacional. El año pasado, el país recibió un préstamo de 342.000 millones de dólares de la vecina Sudáfrica.

El Fondo Monetario Internacional aconsejó al gobierno reducir 4,5 por ciento los salarios de los empleados públicos, y 10 por ciento los de los políticos, para ahorrar 24 millones de dólares al año.

Sin embargo, el gobierno se niega a responder a los pedidos de cancelación de la controvertida Circular 1, que concede lucrativos beneficios a varios políticos, incluidos el primer ministro, ministros del gabinete y miembros del parlamento.

El gobierno también continúa gastando, y tiene planes de comprar 800 nuevos automóviles en el próximo quinquenio.

Además, Mswati, el último monarca absoluto de África también es criticado por su lujoso estilo de vida. El periódico sudafricano Mail & Guardian informó el 25 de julio que tres de las 13 esposas del rey pronto se irían de vacaciones a Las Vegas, en Estados Unidos, acompañadas por una comitiva de 66 miembros.

"Queremos un gobierno competitivo que se preocupe por la gente común en vez de solo por quienes están en el poder", dijo Mazibuko a IPS.

El gobierno respondió a la huelga recortando un tercio de los salarios docentes correspondientes a julio. Argumentó que la huelga era ilegal, tal como había dictaminado el Tribunal Industrial. Sin embargo, los maestros continuaron de paro.

Mientras, padres y alumnos de escuelas públicas, que deberían estar rindiendo sus exámenes de mitad de año, son los más afectados por la acción sindical, dijo el activista por los derechos humanos Doo Aphane.

Actualmente, algunos niños ni siquiera asisten a clases, lo que los expone a toda clase de riesgos, como los abusos sexuales y el consumo de drogas, dijo Aphane a IPS.

"Nuestro gobierno carece de un enfoque basado en los derechos humanos, porque esta claro que no tiene en cuenta la situación de muchos ciudadanos comunes que sufren a causa de esta huelga", dijo Aphane.

El primer ministro Sibusiso Barnabas Dlamini amenazó con despedir a los maestros huelguistas y clausurar las escuelas de continuar la medida.

También dijo que los empleados públicos no recibirán un aumento salarial en los próximos tres años.

"Esto no garantizará lecciones a los niños que ya llevan semanas" sin acudir a clase, dijo a IPS el director del capítulo swazi de Save the Children, Dumisani Mnisi.

"Ojalá el gobierno y los maestros puedan zanjar sus diferencias, para que los niños no sufran las consecuencias de la acción", agregó.

Un director de una de las organizaciones de la sociedad civil que operan en el país, y que pidió no ser identificado, dijo que el primer ministro no estaba manejando bien el asunto. "Es muy arrogante, porque es el designado del rey y no tiene nada que perder", opinó.

"Desde que se inició la huelga hemos intentado conseguir una entrevista con el primer ministro, pero se ha negado a vernos", añadió.

Según Mnisi, la decisión del gobierno de comprar automóviles por valor de 2,4 millones de dólares mientras dice que no tiene dinero para los trabajadores muestra cuán insensibles son quienes están en el poder.

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