El enfrentamiento armado interno en Perú, de 1980 a 2000, costó la vida de 69.000 personas, de las cuales al menos 15.731 fueron sepultadas en forma anónima. Hasta ahora solo se recuperaron 2.064 cuerpos de tumbas clandestinas y apenas 50 por ciento de ellos han sido identificados, revela una investigación.
"El proceso de exhumaciones es lento y desordenado y, además, no es una prioridad para las autoridades, pese a que ninguna democracia puede fortalecerse sin reconciliarse con su pasado y recuperar a sus muertos", dijo a IPS la historiadora Carola Falconí, directora ejecutiva de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisedh).
Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal (IML), encargado de las exhumaciones y dependiente de la Fiscalía de la Nación, no cuenta con un plan nacional de investigaciones antropológico-forenses para recuperar los restos de las víctimas de la guerra entre las fuerzas del Estado y guerrillas izquierdistas, como la maoísta Sendero Luminoso.
Las autoridades tampoco tienen un registro actualizado de las zonas de enterramientos que permita conocer el universo real de lo que está pendiente, afirma el libro "Los muertos de Ayacucho. Violencia y sitios de entierro clandestinos", que presenta la Comisedh este martes 28, cuando se cumplen nueve años de la difusión del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Los funcionarios del IML calculan que existen 15.731 víctimas del conflicto enterradas en más de 4.000 sitios que registró en todo el país la CVR hasta 2003.
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Aun con esta cifra subestimada que admite el Estado, el IML solo pudo encontrar 2.064 cuerpos entre 2002 y el año pasado, lo cual supone que se necesitarían, en caso de seguir a este ritmo, ocho décadas para exhumar los demás cadáveres y mucho tiempo más para identificarlos y entregarlos a sus familiares, indica el libro, cuya investigación periodística realizó esta reportera.
Esta inacción del Estado se destaca en el sureño Ayacucho, el departamento con mayor cantidad de víctimas de ese conflicto. Cifras oficiales indican que se exhumaron en los últimos 10 años los restos de 1.196 de las 8.660 víctimas que, como mínimo, estarían allí enterradas.
La Comisedh revela en su libro que en Ayacucho existen otros 1.818 sitios de enterramientos, además de los 2.234 reportados en su momento por la CVR.
Esta nueva cifra surge de la actualización del registro hecha por la Comisedh entre 2004 y 2009, después de que se desactivó la CVR, y que continuó sistematizando hasta este año. Así se llegó a verificar 6.462 sitios con sepulturas clandestinas en todo el país.
Para ubicar esos sitios, un equipo de investigadores de la Comisedh, dirigidos por Falconí, entrevistó a miles de familiares, sobrevivientes y testigos de excepción de unos 100 municipios de Ayacucho. Varios de estos especialistas se habían encargado del registro inicial hecho por la CVR en Ayacucho.
La historiadora Falconí dijo a IPS que a fines de septiembre entregará ese registro actualizado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que sirva como "herramienta para elaborar un plan de investigaciones antropológico-forenses y un proceso de exhumación ordenado y eficiente de acuerdo a los estándares internacionales".
En su informe, la CVR estimó en más de 69.000 las personas muertas y desaparecidas en el conflicto, por lo cual recomendó que el Estado elaborara un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses, que permitiera recuperar, identificar y devolver los cuerpos de las víctimas a sus familiares, de modo eficiente y planificado, sobre todo por la complejidad de los hechos y los años transcurridos.
"No es lo mismo exhumar el cuerpo de alguien que murió pocos días atrás que de personas que fueron asesinadas hace más de dos décadas", comentó Falconí.
Hacer exhumaciones significa remover delitos. La investigación antropológica forense permite identificar en los restos óseos de las víctimas las causas de la muerte y acercarse a los responsables del delito, como resultado de análisis de los cuerpos, la reconstrucción de los hechos y otros aspectos.
El jefe del IML, Gino Dávila, aseguró a IPS que su equipo tiene un plan anual de exhumaciones, pero que un documento de mediano y largo plazo como el que proponía la CVR es difícil porque los peritos oficiales trabajan según las solicitudes de los fiscales que investigan estas graves violaciones de derechos humanos.
"Para este año hemos programado hacer unas 400 intervenciones para tratar de acelerar y ganar tiempo. Si quisiéramos concluir el trabajo (recuperar los restos de todas las víctimas) y proyectar lo que se necesita, tendríamos que hacer una inversión muy grande", admitió Dávila.
El equipo forense especializado del IML cuenta con el equivalente a unos 600.000 dólares al año, alrededor de 80 por ciento menos que lo que Dávila había requerido a las autoridades de la Fiscalía de la Nación para recuperar e identificar los restos, incluyendo exámenes de ADN.
En la actualidad, solo 50 por ciento de los cadáveres recuperados son identificados. El resto deben pasar por pruebas de ADN y, en varios casos, nunca podrá saberse a quiénes corresponden debido al mal estado de los restos, la ausencia de familiares para tomar las muestras de sangre que permitan establecer el vínculo, o la falta de insumos para realizar el trabajo técnico.
Este alto porcentaje de cuerpos no identificados evidencia que no se está haciendo una adecuada investigación antes de exhumar los cuerpos, según los expertos de las dos únicas instituciones especializadas de la sociedad civil, el Centro Andino de las Investigaciones Antropológico Forenses y el Equipo Peruano de Antropología Forense.
La identificación vía ADN también tiene problemas. Hay familiares que esperan los resultados incluso desde hace siete años, cuando se les practicó la toma de sangre. Lo mínimo que se debe hacer, en medio de tanto dolor, es informar a los parientes sobre sus muertos, advierten los expertos.
En respuesta a la indiferencia y desconocimiento de un sector de la sociedad y a la falta de voluntad de las autoridades, la Comisedh propuso un plan de investigaciones antropológicas para Ayacucho, que permita recuperar a las víctimas de manera más eficiente, según Falconí.
El jefe del equipo de investigaciones en derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, César Cárdenas, apunta al blanco sobre esta necesidad: "Permitir que se queden ahí (bajo tierra) es como reconocer que Sendero Luminoso, que inició la lucha armada, tuvo la razón. Y sabemos que no es así".
