Cuando millones de personas conmemoran la tercera semana del mes sagrado musulmán de Ramadán, la fraternidad que caracteriza a esta época del año en el Islam no se aplica a la comunidad ahmadía de Pakistán, que sufre la peor persecución de su historia.
Esta minoría religiosa, fundada en 1889 por Mirza Ghulam Ahmad en la norteña ciudad india de Qadian, cree que este es el mesías y reformador cuyo advenimiento fue predicho por el profeta Mahoma.
En 1974, la Liga Mundial Islámica declaró que los ahmadíes no eran musulmanes, y desde 1984 sufren una gran exclusión legal y social en Pakistán debido a una ley que les prohíbe proclamarse mahometanos y peregrinar a Arabia Saudita.
Los misioneros religiosos no musulmanes pueden hacer proselitismo en este país mientras no prediquen contra el Islam, pero los ahmadíes no están autorizados a celebrar reuniones públicas ni cantar himnos a Mahoma.
La hostilidad hacia esa comunidad de cuatro millones de personas alcanzó proporciones graves el mes pasado en la ciudad de Kharina, en la oriental provincia pakistaní de Punyab, cuando un escuadrón de la policía demolió seis minaretes de la mezquita Baitul Hamd y borró la caligrafía de sus paredes.
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Raja Zahid, el policía que supervisó la demolición, dijo al periódico en inglés Express Tribune que el operativo fue realizado a raíz de una denuncia formal de la organización religiosa Tehreek-e-Tahafuzz- e-Islam.
"Nos aseguramos de ser respetuosos, pero la ley 298-B claramente establece que los qadianis (ahmadíes) no pueden llamar mezquita a su lugar de culto, y si este no puede llamarse así, tampoco debe parecerse a una", explicó Zahid.
"No hay un diseño patentado de una mezquita ni una ley que establezca que un diseño de minarete solo puede ser utilizado por una mezquita", dijo a IPS un indignado Mukarram Saleemuddin, portavoz de la comunidad ahmadía.
Baitul Hamd fue construida en 1980, cuatro años antes de que a los ahmadíes les prohibieran llamarse musulmanes en Pakistán.
En contra de la versión oficial de la policía, Sallemuddin dijo que los uniformados "vinieron sin orden judicial en medio de la noche".
"Todo comenzó con las leyes sancionadas a principios de los años 80, cuando pasó a ser delito que un ahmadí utilizara cualquier símbolo o palabra que pudiera indicar que ella o él era musulmán", dijo a IPS la portavoz de la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP, por sus siglas en inglés), Zohra Yusuf.
La ley es llevada a tal extremo que, "una vez, un niño pequeño fue a prisión porque había recibido una tarjeta de invitación con la palabra bismillah (en nombre de Dios)", recordó Yusuf.
La religión y la intolerancia religiosa penetraron en casi todas las instituciones de Pakistán. Muchas personas condenan la persecución de musulmanes chiitas, de hindúes y de cristianos, pero muy pocos se preocupan por la comunidad ahmadía, acosada de forma regular.
Por temor a la persecución, los fieles mantuvieron durante años un perfil bajo.
"Mientras la gente desconoce tu identidad, estás a salvo", dijo a IPS el estudiante de medicina Hasan Ahmad. "Pero cuando se enteran de que eres ahmadí, la actitud cambia y te puede pasar cualquier cosa", añadió.
Desde el 28 de mayo de 2010, cuando 86 miembros de la comunidad fueron masacrados en sus mezquitas durante la plegaria de los viernes, en la oriental ciudad de Lahore, los ataques contra esta comunidad se multiplicaron.
Hussain Naqi, de la HRCP, dijo a IPS que el grado de discriminación se agudiza cada vez más.
"La administración pública realiza una investigación exhaustiva sobre las credenciales religiosas de una persona para discriminar a los miembros de la comunidad ahmadía, y si es admitido por error un ahmadí en las Fuerzas Armadas, nunca se le permitirá ascender en la jerarquía", explicó Naqi.
También se lamentó de la ironía de que, según las leyes contra la blasfemia, "se castiga la profanación de los versos del Corán, pero no si la policía los borra de una mezquita de la comunidad ahmadía".
El jefe de Justicia de Pakistán debe hacerse cargo de este asunto de forma personal, opinó. "Pero sé que no lo hará", concluyó con desesperación.
El último informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos sobre libertad de culto, publicado el 31 de julio de este año, señala que las fuerzas de seguridad de Pakistán son responsables de abusos contra minorías religiosas, en especial amparándose en las leyes contra la blasfemia.
"Organizaciones no gubernamentales sostienen que las secciones del Código Penal contra la comunidad ahmadía y otras políticas del gobierno fomentan la intolerancia y, junto con la inacción de la policía, crean una cultura de impunidad", señala el documento.
Desde la promulgación de las leyes discriminatorias en 1984, 218 integrantes de esta comunidad fueron asesinados. Y desde principios de este año, según líderes religiosos, siete personas fueron víctimas de homicidios selectivos.
"Nunca se hicieron detenciones", protestó Saleemuddin.
Para peor, la comisión creada para investigar el episodio de mayo de 2010 no ha elaborado un informe final ni se ha puesto en contacto con integrantes de la comunidad ahmadía.
Los medios de comunicación tampoco se hacen eco de los ataques.
"Informan sobre atrocidades a diario, pero nadie se detiene a analizar por qué pasa esto", dijo a IPS el abogado Faisal Neqvi, residente de Lahore.
"El discurso de los medios es que está bien odiar a algunas personas como los ahmadíes, pero no a otros (como los chiitas y los sunitas moderados, repudiados por los extremistas). Realmente es un mensaje confuso", apuntó Neqvi, musulmán chiita.
El gran tema es "si queda algún espacio para cualquiera que no sea wahabi o salafista (sunitas integristas) en Pakistán", se preguntó.
Los esfuerzos para eliminar la presencia religiosa y cultural de la comunidad ahmadía en Pakistán tienen larga data. Incluso se ha querido borrar la memoria de Abdus Salam, premio Nobel de Física y miembro de esta comunidad.
Neqvi escribió en el periódico Express Tribune: "Pese a las muchas atrocidades en nombre de la religión que ha sufrido este país, no recuerdo ni una sola vez en que el público, el parlamento y los medios se hayan mantenido unidos durante un tiempo prolongado para condenar alguno de los episodios".