Una nueva ola de manifestaciones contra la energía nuclear en Japón, tras el desastre de Fukushima en 2011, hace pensar que la sociedad civil ya no está dispuesta a dejar solo en manos del gobierno las decisiones en política energética.
Un ejemplo del peso de la militancia ciudadana es que, tras meses de deliberaciones, la fiscalía aceptó el 3 de este mes una demanda contra la corporación privada Tokyo Electric Power Company (Tepco), responsable de las operaciones de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, ahora clausurada.
"La nueva iniciativa de los fiscales es un hito en nuestra larga y dura lucha para que Tepco asuma su responsabilidad penal" en este asunto, dijo a IPS la veterana activista Hiromi Ebisuwa, quien encabeza la demanda. "Es un logro sin precedentes para las organizaciones civiles de Japón", apuntó.
La vida de decenas de miles de personas, entre ellas niñas y niños y bebés, sufrió un fuerte impacto al tener que huir por la peligrosa exposición a la radiación cuando colapsó una de las plantas de Fukushima, tras el fuerte terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo de 2011.
Desde el 1 de junio, unas 300 personas de Fukushima presentaron demandas judiciales en la fiscalía de la prefectura local.
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Además, identificaron a 300 autoridades, entre ellas exejecutivos de Tepco y de la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial, como responsables del desastre por no instalar protección contra tsunamis en los reactores nucleares.
El recurso legal se concentra en la negligencia que causó muerte o daño y en la violación de la ley de contaminación ambiental.
Otro ejemplo del rechazo de la energía nuclear en Japón es la denuncia judicial presentada por una organización de ciudadanos contra exejecutivos de la firma privada Tokyo Electric Company (TEC) en la fiscalía del distrito de Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa.
TEC estudia la reapertura de la planta atómica de Shiga, en Ishikawa, en la costa noroccidental.
Según Aileen Miyoko Smith, directora de la organización local Green Action, los últimos acontecimientos marcan una coyuntura crítica en materia de política energética en Japón.
"Los resultados de los tenaces esfuerzos de las bases tras el desastre de Fukushima, sin precedentes en décadas anteriores, se ven en el ámbito político y social", dijo a IPS.
Al igual que otros especialistas, ella cree que el horror del accidente de Fukushima, junto con el malestar de la ciudadanía por la tragedia, contribuyó a la interrupción temporal de las operaciones de los 50 reactores comerciales de Japón.
Seguridad Nacional en Energía
A pesar del calor del verano boreal, Japón opera con menos de tres por ciento de su capacidad nuclear, otro gran acontecimiento en un país que promocionaba esa fuente de energía como el eje de su economía nacional.
Pero en julio, pese a la constante oposición y a las protestas, las autoridades dieron luz verde para reanudar dos de los cuatro reactores del oeste del país arguyendo la necesidad de asegurar el suministro energético, y con el consentimiento del gobierno de Oi que tiene problemas de liquidez.
Japón, la tercera mayor economía del mundo, importa 100 por ciento del suministro de petróleo y de carbón. La energía atómica cubre casi 30 por ciento de la demanda, un reflejo del deseo de este país de alcanzar la independencia energética.
De hecho, el debate sobre priorizar la eliminación progresiva de la energía nuclear o estimular el crecimiento económico es público. El Instituto Sostenible de Japón realizó una encuesta en julio, según la cual más de 80 por ciento de los consultados se oponían a esa fuente de energía.
Sin embargo, más de 50 por ciento está a favor de la fecha límite de 2050 para apagar todos los reactores, lo que muestra que la preocupación por el suministro de energía diluye la urgencia de optar por alternativas y acciones inmediatas.
Aun así, el logro de la militancia organizada ha sido monumental.
La decisión del gobierno local de reiniciar la central de Oi en mayo fue precedida de meses de discusiones entre las autoridades nacionales y las locales.
La decisión final siguió a la promesa del gobierno local de promover los más altos niveles de seguridad mediante una autoridad independiente de regulación nuclear, que ahora investiga la amenaza de una falla sísmica debajo de los reactores de Oi.
Conocidos intelectuales como Kenzaburo Oe, premio Nobel, y Naoto Kan, ex primer ministro, se unieron a las protestas semanales.
La importancia del movimiento de protesta obligó al primer ministro Yoshihiko Noda a emitir un comunicado la semana pasada prometiendo reunirse con los organizadores de la protesta.
Fue un cambio drástico de postura, la que, según muchos activistas, quedó reflejada en su comentario de que las manifestantes simplemente son "ruidosas".
Desde hace dos meses, Misae Red Wolf es una de las organizadoras más visibles de las manifestaciones semanales que recorren varias dependencias gubernamentales de Tokio y que, a veces, reúnen a unas 100.000 personas que reclaman la abolición de la energía nuclear.
Bajo el calor abrasador del verano, Misae reclamó ante una multitud el fin inmediato de las operaciones en las dos plantas nucleares que reiniciaron sus operaciones y el fin definitivo de esta fuente de energía en Japón.
"El activismo es el camino a seguir. Esperamos demasiado por una respuesta confiable del gobierno, que sigue ignorando la voz de la gente que sufrió mucho por el accidente nuclear", apuntó.
El sociólogo Eiji Oguma, profesor de la Universidad de Keio, consideró que las manifestaciones populares son una señal de la creciente desconfianza en los dirigentes políticos y en las autoridades burocráticas tras el accidente de Fukushima, así como de la frustración hacia las políticas que no reflejan la voluntad popular.
"El descontento con los dirigentes políticos se acumula en 20 años de estancamiento económico. El desastre de Fukushima y la decisión de reanudar las tareas en Oi lo llevó a un punto crítico", dijo Oguma, según un artículo publicado en julio por el Asia Pacific Journal.
La discrepancia entre la dirigencia política y su electorado llevó a la creación en julio del Partido Verde, que presenta una plataforma antinuclear y promueve la estabilidad de la asistencia social para los adultos mayores.
El portavoz Akira Miyabe dijo a IPS que el partido "representa un nuevo comienzo en Japón".
"La participación del Partido Verde en la demanda judicial presentada contra Tepco por el accidente de Fukushima apunta a cambiar los vínculos íntimos entre el gobierno y los empresarios, que han sido el motor de la energía nuclear en Japón", arguyó.
