En un país tan vulnerable a los desastres naturales como Guatemala, a menudo se declara el «estado de calamidad pública» para alegría y prosperidad de las empresas contratistas.
Cualquier turista que visite las bellezas naturales, arqueológicas y étnicas de este país se sorprende al transitar una flamante carretera de montaña destruida cada pocos kilómetros por aluviones de rocas y lodo, y reconstruida puntualmente.
El motivo de la destrucción son las avalanchas que causan las lluvias en las inestables laderas peladas de vegetación. La causa -la deforestación-no se ataca, pero la carretera se destruye y reconstruye una y otra vez.
Es que la construcción de carreteras, junto con la distribución de alimentos, forman parte de los "grandes negocios de los desastres", como definió para IPS el activista Guido Calderón, de la no gubernamental Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos.
El decreto de estado de calamidad pública, instrumento contemplado en la Constitución, permite al gobierno evitar los pedidos de precios y las licitaciones con el fin de agilizar la compra de bienes y servicios que se requieren de inmediato en emergencias causadas por huracanes, terremotos, inundaciones, sequías o hambrunas.
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Pero con mucha frecuencia, cuando los gobiernos decretaron "estados de calamidad, han contratado por excepción (la compra de) alimentos y medicinas, así como la construcción de puentes y carreteras, muchas veces de mala calidad y sobrevalorados", dijo a IPS la diputada opositora Nineth Montenegro.
El 16 de febrero, cuando llevaba poco más de un mes en el cargo, el presidente derechista Otto Pérez Molina declaró en estado de calamidad el sistema hospitalario con el fin de destinarle mayores recursos y resolver la crónica falta de medicamentos y de equipos y el hacinamiento.
Para junio, el Ministerio de Salud había gastado 11 millones de dólares en compras directas, sin licitaciones ni cotizaciones y con serias irregularidades, denunció el partido de Montenegro, el centroizquierdista Encuentro por Guatemala.
Una de las anomalías detectadas fue la compra de más de 149.000 vacunas a una empresa farmacéutica por un monto equivalente a 3,2 millones de dólares, a pesar de que su oferta fue 68 por ciento más costosa que otra presentada por la Organización Panamericana de la Salud, según Montenegro.
La Contraloría General de Cuentas concluyó que no había sobrevaloración porque las dos ofertas contenían productos distintos, pero sí hubo "sobreabastecimiento": sobraron 22.000 dosis, cuya vida útil vence en noviembre, y por tanto no pueden aprovecharse.
El propio ministro de Salud, Jorge Villavicencio, tiene un registro dudoso. Investido el 2 de mayo, fue suspendido 10 días después cuando se supo que no había obtenido el finiquito, requisito legal para ocupar cargos públicos cuando ya se han manejado fondos estatales.
Villavicencio tenía en su foja de servicios 22 reparos por faltas administrativas mientras dirigió un hospital público, cargos del Tribunal de Cuentas por traslado irregular de suministros y dos denuncias penales por homicidio culposo.
Pero, en una semana, el Ministerio Público (fiscalía) y la Contraloría desestimaron todos los cargos y Villavicencio volvió a su puesto.
Las maniobras para hacer negocios de la desgracia pueden rastrearse en gobiernos anteriores.
En febrero, la Contraloría presentó una denuncia penal por uso indebido de unos 7,7 millones de dólares contra autoridades del Ministerio de Agricultura y Alimentación del gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012).
Esa suma se debía destinar a la compra de alimentos para atender a miles de personas, en especial del área rural, que habían perdido viviendas y cultivos en 2010 por la destrucción que dejaron la tormenta Agatha y la erupción del volcán Pacaya en el sur del país.
Los alimentos se compraron, pero fueron a parar al programa gubernamental Bolsa Solidaria, (hoy Bolsa Segura), que entrega víveres a familias de escasos recursos, pero es acusada por activistas y dirigentes opositores de haberse convertido en una herramienta "clientelar y corrupta".
Guatemala, con 15 millones de habitantes, es uno de los países más vulnerables del mundo a terremotos, erupciones volcánicas y desastres meteorológicos. Los ciclones Mitch (1998), Stan (2005) y Agatha causaron miles de muertes, severos daños a la infraestructura y destrucción de cultivos.
Pero, según Montenegro, el gobierno de Colom prorrogó hasta 11 veces el estado de calamidad, y en su ejercicio otorgó más de 800 contratos sin licitar por más de 650 millones de dólares.
Más de 90 por ciento de esos contratos se adjudicaron de forma "discrecional" para reconstruir carreteras y dragar ríos, según la legisladora que ejerce una férrea fiscalización de los gastos gubernamentales.
Colom siempre rechazó las acusaciones, pero su propio vicepresidente, Rafael Espada, llegó a reconocer que la prórroga del estado de calamidad podía ser "una magnífica excusa para la corrupción".
Mas, "a pesar de las denuncias", distintas administraciones "siguen favoreciendo a las mismas empresas que tienen reparos en la Contraloría, porque son las que están financiando las campañas de los partidos políticos", dijo la diputada y segunda vicepresidenta del Congreso legislativo.
La opacidad conspira contra la seguridad de las obras contratadas.
El 15 de este mes, el puente Beatriz de la Cueva, en reparación en el sureño departamento de Santa Rosa, se desplomó por "fallas en la construcción" y causó la muerte a dos trabajadores y heridas a otros seis. Todos laboraban en la reconstrucción de la estructura metálica que había colapsado por la tormenta Agatha dos años atrás.
La nueva obra fue contratada por el Ministerio de Comunicaciones a una empresa privada a un costo de nueve millones de dólares.
"Se han adjudicado obras de infraestructura a empresas que probablemente tienen la capacidad económica, pero no la capacidad técnica. Las constructoras no tienen el personal adecuado para hacer los trabajos y, en algunos casos, no tienen profesionales", dijo a IPS el miembro del Colegio de Ingenieros, Julio Galicia.
Las empresas, inclusive, pueden hacer obras de mala calidad para optar rápidamente por un nuevo contrato de reconstrucción cuando estas se arruinan, "porque es una oportunidad de un nuevo negocio", acusó Galicia.
Sin embargo, advirtió, la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones cuenta con un manual de "Especificaciones generales para la construcción de carreteras y puentes" que, si se cumpliera, "minimizaría los errores".
El funcionario de la Dirección, Delfino Mendoza, replicó que "la mayoría de instituciones públicas que ejecutan proyectos de infraestructura utilizan" el manual, aunque admitió a IPS que a menudo se lo ignora en las municipalidades y en las contrataciones de emergencia.
Para desatar el nudo de contratos opacos y empresas financiadoras de la actividad política, el activista Hugo Higueros, del no gubernamental Consejo de Instituciones de Desarrollo, dijo a IPS que se necesita mejorar la fiscalización con una nueva legislación electoral y de partidos.
