A pesar de los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en Argentina, la elevada mortalidad materna es difícil de abatir. Además, aparecen fuertes discrepancias entre los datos oficiales, más optimistas, y de organismos multilaterales, que casi duplican los casos.
"Es verdad que la tasa no se modifica mucho desde hace 20 años. No logramos una tendencia franca al descenso, pero estamos trabajando para ello", dijo a IPS la directora nacional de Maternidad e Infancia, Ana Speranza.
Los datos del Ministerio de Salud indican que la tasa fue de 52 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 y desde entonces hubo subas y bajas para llegar a una leve mejoría en 2010, último dato oficial, al contabilizarse 44 por cada 100.000.
Speranza admitió que a este ritmo "va a ser difícil" llegar a 2015 con 13 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, la meta a alcanzar por Argentina para cumplir con el quinto de los ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), aprobados en 2000 por los gobiernos en la Organización de las Naciones Unidas.
Las autoridades se propusieron además reducir la brecha entre provincias. No obstante, datos de 2010 indican que poco o nada se ha logrado pues en el distrito de la ciudad de Buenos Aires, uno de los más ricos del país, se registra 0,9 por ciento de las muertes maternas del país, mientras que en la empobrecida provincia de Formosa, en la noreste, se da el máximo de 16,2 por ciento.
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Los ODM son compromisos asumidos en busca de eliminar o reducir fuertemente rémoras como la pobreza, la indigencia, el analfabetismo o la mortalidad materna, entre otras deudas sociales, con metas a 2015 y partiendo de los indicadores registrados en 1990.
Con las políticas de asistencia social y de salud que desarrollaron los gobiernos centroizquierdistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa, Cristina Fernández, se confía en que la mortalidad materna baje hasta 20 o 25 por cada 100.000 en 2015, dijo Speranza. Pero es claro que no se alcanzará la meta comprometida.
Argentina puso en marcha en 2003 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que aseguró el acceso gratuito a métodos anticonceptivos a unas seis millones de mujeres. El plan funciona en todas las provincias en que se divide este país con 40 millones de habitantes.
En la última década también se sancionó la ley de educación sexual integral, la de protección contra la violencia de género, incluyendo violencia obstétrica, y se impuso un ingreso monetario para las mujeres embarazadas de sectores vulnerables.
No obstante estos progresos, en 2010 se registraron 331 muertes maternas por enfermedades preexistentes de la mujer o por complicaciones del aborto provocado (que es penalizado), hipertensión, hemorragias e infecciones, entre otras causas, la mayoría evitables.
Desde afuera se ve peor
Una investigación conjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras organizaciones ubicó a Argentina en el escalón más bajo de América del Sur en la lucha contra la mortalidad materna. Este es el único país de la región sin descenso en la materia en 20 años, apunta.
El informe "Tendencias en mortalidad materna: 1990-2010" sostiene que en Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay hubo una reducción del problema. En cambio, la cantidad de muertes en ese período en Argentina pasó de 71 a 77 por cada 100.000 nacidos, casi el doble de lo que muestran las estadísticas del Ministerio de Salud.
Speranza cuestionó la elaboración de esos indicadores, que ahora revisa la OPS. Explicó que ese informe establece que hubo 690.000 nacimientos en 2010 y no los 751.000 registrados por las autoridades del país, y afirmó que aplica un coeficiente que supone un subregistro mayor al que existe.
La médica Zulma Ortiz, de Unicef, reconoció a IPS que "el subregistro puede estar exagerado, pero es el mismo que se aplica a los demás países", justificó. "Lo que queremos remarcar es la tendencia; que la mortalidad no cae en Argentina como debiera", apuntó.
"Es necesario visibilizar el tema, colocarlo en la agenda pública, ver qué pasa con la calidad de los servicios de atención, si se vulneran derechos a mujeres rurales e indígenas, ver qué ocurre para que se mantengan estas tasas", sugirió.
Ortiz recordó que desde fines de los años 90 se crearon comités en las provincias para analizar las causas de cada defunción, pero este mecanismo no funcionó bien. "No solo hay que notificar, hay que buscar cada caso para ver qué falló", indicó.
Optimistas adentro
Speranza adelantó que los datos de 2011 -aún provisorios- ya muestran una baja "muy significativa" en la oriental provincia de Buenos Aires, la más populosa del país y con grandes bolsones de pobreza, donde se habría pasado de 130 a 90 muertes en un año.
Solo en una maternidad de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Moreno, la cantidad de muertes se redujo de 12 a tres en un año. Para ello, "casi hubo que intervenir el servicio", dijo Speranza, y reveló que los casos de violencia obstétrica eran "dramáticos".
El coordinador del Área de Obstetricia de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Daniel Lipchak, dijo a IPS que el ministerio adquirió una muñeca que simula el momento del parto y plantea todas las posibles complicaciones.
Con esta herramienta se capacita a médicos, parteras, enfermeras y anestesistas que intervienen en la urgencia. También se distribuyen desde este año equipos de emergencia con medicación para la hipertensión y la hemorragia. En paralelo se avanza en un plan de regionalización sanitaria.
Speranza explicó que 83 por ciento de los partos de Argentina se realizan en maternidades que cumplen con las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales fijadas por la OPS en 1986, que exigen disponibilidad de atención quirúrgica, anestesistas, sangre segura, tratamientos obstétricos de emergencia y posibilidades de traslado oportuno en caso de complicación.
En este punto, las autoridades procuran regionalizar. Es decir, bajar el número de sitios en los que se atienden partos, y asegurar que, en los que subsistan se centralice la atención y se brinden todas las condiciones de seguridad requeridas.
En cuanto a las complicaciones por abortos clandestinos, el ministerio estableció un programa de mejoramiento de la calidad de la atención que consiste en capacitación en uso de nuevas técnicas, consejería y provisión de métodos anticonceptivos.
Estas medidas permitieron que la mortalidad por causas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo pase de 30 a 20 por ciento, indicó Lipchak. Sin embargo, aún falta para que esta variable deje de ser una causa de defunción.
