Ahmet Saymadi irrumpe en un café de la capital de Turquía, saluda a unos amigos y se sienta frente a una computadora para hacer su trabajo. Al hacer una pausa para tomar un té, pone sobre la mesa un CD con los nombres de los 768 estudiantes encarcelados en este país.
Saymadi ha estado trabajando duro el último año para completar este informe. Y en ese lapso, la cantidad de jóvenes que militan en política y han sido encarcelados ha seguido creciendo sin parar.
Activistas por los derechos humanos afirman que las severas leyes antiterroristas turcas están siendo usadas para silenciar a estudiantes que protestan contra los abusos de los que es víctima la minoría kurda.
Los estudiantes Baran Nayir and Ali Deniz Kilic, de la Universidad Técnica de Yildiz, recuperaron la libertad a fines de junio tras haber pasado casi dos años y medio en prisión, y solo luego de que cientos de manifestantes se reunieran frente a la puerta de un juzgado para apoyarlos.
Aunque no son kurdos, igual fueron detenidos por protestar contra la decisión del gobierno de proscribir al Partido Nacional Kurdo en 2009, por su supuesta asociación con el independentista Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK).
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Nayir y Kilic son apenas dos de los cientos de estudiantes que han sido arrestados por actos y protestas políticas consideradas "terroristas" por el Estado.
Académicos, defensores de los derechos humanos y miembros del opositor y secular Partido Republicano del Pueblo están cada vez más preocupados por el número de jóvenes víctimas de la agresiva campaña del gobierno.
Entre 2005 y 2007, el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) enmendó diversas leyes, haciendo que casi se triplicara para 2011 el número de personas detenidas por terrorismo, según datos del Ministerio de Justicia. La situación se agravó este año.
"Los estudiantes son detenidos en su mayoría por nuestra draconiana ley antiterrorista", dijo Mehmet Karli, profesor de derecho internacional en la Universidad de Galatasaray.
"El Estado turco tiene una larga historia de leyes penales draconianas. Bajo el gobierno del AKP, esto no ha cambiado. Desde 2005, se ha exacerbado", añadió.
Testigos anónimos
Los arrestos de estudiantes comenzaron a crecer tras la instalación en 2006 de tribunales especiales, creados a instancias de la Unión Europea (UE) para investigar abusos a los derechos humanos. Pero, paradójicamente, recibieron poderes especiales y fueron usados por el gobierno para detener a disidentes políticos.
"Se especializan en juzgar al crimen organizado, pero su principal objetivo es juzgar delitos políticos", dijo Karli.
Las leyes antiterroristas también han sido usadas para enviar a prisión a periodistas, artistas, activistas e incluso legisladores opositores, acusados de asociación con el PKK, de estar vinculados con otros grupos kurdos o de integrar la red clandestina golpista Ergenekon.
El abogado y activista Olguner Olgun estima que alrededor de 90 por ciento de los estudiantes detenidos son kurdos, y la mayoría fueron arrestados por defender sus derechos.
"Hay serios problemas con respecto a los derechos de los kurdos en Turquía. Algunos (estudiantes) expresaron su descontento, pero el hecho de que exista el PKK no significa que todos los kurdos sean miembros de ese partido y estén involucrados en actividad violenta", dijo Karli.
El abogado leyó más de 200 imputaciones contra los estudiantes, pero aseguró que no se ha encontrado aún ninguna vinculación de estos con actos violentos.
Ante la falta de evidencia sustancial, la mayoría de los fiscales citan a testigos anónimos, descritos como "patriotas", dedicados a ofrecer información relevante al Estado y que vincula a los estudiantes con organizaciones terroristas.
Desde comentarios publicados en la red social virtual Facebook hasta mensajes de texto por teléfono pueden ser usados como evidencia, según Olguner. Los testigos anónimos no pueden ser sometidos a repreguntas en el tribunal, lo que impide cuestionar sus declaraciones.
La mayoría de los estudiantes detenidos pasan muchos meses antes de poder contactarse con sus abogados. Olguner dijo que el promedio de espera para el primer juicio era de seis meses.
"Extienden el tiempo de investigación para que la policía pueda preparar mejor un argumento con los fiscales en el primer juicio", añadió.
En la mayoría de los países, una persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en Turquía, específicamente en los casos de terrorismo, el sospechoso puede permanecer detenido mientras no se demuestre su inocencia.
Nayir y Kilic fueron llevados al tribunal unas dos veces por año durante su detención. El promedio mínimo de audiencias en una corte antes de que se emita un veredicto es seis.
Los estudiantes arrestados también sufren sanciones en sus universidades.
Las reglas de la Junta de Educación Superior de Turquía condenan la "actividad ideológica". Los estudiantes reciben advertencias y suspensiones, y a veces corren riesgo de ser expulsados.
Protestas de solidaridad
En todo el país se realizan protestas en solidaridad con los estudiantes detenidos. La estrategia de la campaña es llamar la mayor atención posible sobre sus casos.
Cartas de los estudiantes detenidos son traducidas al inglés y publicadas en Internet, con la esperanza de que otros países, especialmente los de la UE, se preocupen y ejerzan presión sobre el gobierno turco.
"Nuestra mayor dificultad es hacer que en los medios turcos se publique la verdad sobre esos casos. Los medios trabajan para el AKP", dijo Saymadi a IPS.
Pero las noticias han corrido a través de medios independientes, así como a través de blogs, grupos en Facebook y sitios web izquierdistas.
Las acciones de solidaridad siguen ocurriendo en los campus universitarios, aun cuando la mayoría de las autoridades educativas desaprueban las protestas políticas.
Muchos estudiantes en su ceremonia de graduación muestran camisetas con la frase: "Libertad para los estudiantes detenidos".
Hasta ahora, 62 universitarios acusados de terrorismo han sido liberados.
