La falta de fondos podría destinar al fracaso a un programa piloto de atención universal a la salud en Sudáfrica, alertan expertos, mientras se reaviva el debate sobre cómo financiarlo.
En marzo, el gobierno anunció que 10 distritos realizarían una experiencia piloto sobre atención médica universal en el marco de su propuesto seguro nacional de salud.
A los sitios del proyecto se asignó 11 millones de rands (1,3 millones de dólares) adicionales, según Di McIntyre, profesora en la Escuela de Salud Pública y Medicina Familiar de la Universidad de Ciudad del Cabo.
"El seguro nacional tiene que ver con una exhaustiva reforma del sistema", dijo McIntyre al dirigirse a la Asamblea Nacional de Salud, el 6 de este mes en Ciudad del Cabo.
No se puede hacer nada con 1,3 millones de dólares, agregó.
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"Tenemos que presionar al Tesoro nacional para que realmente empiece a financiar la reconstrucción del sistema de salud pública", sostuvo.
El investigador Daygen Eagan, de la organización sudafricana de derechos humanos Section27, estimó que los sitios piloto pueden necesitar por lo menos varios cientos de millones de rands para desarrollar las mejoras necesarias.
Entre ellas, intervenciones distritales para reducir la mortalidad materno-infantil, y una ampliación del servicio de salud en escuelas.
Sudáfrica divulgó un borrador de documento político sobre el seguro nacional de salud en agosto de 2011, con el que no solo busca lograr una atención universal, sino también mejorar la calidad de los servicios.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sudáfrica gasta unos 400 dólares por persona en atención médica, prácticamente la misma cifra que Cuba, pero por esta inversión obtiene resultados mucho más pobres que la nación insular caribeña.
Por ejemplo, la mortalidad materna en Sudáfrica es unas siete veces mayor que en Cuba, según la OMS. Actualmente, los investigadores no solo dicen que los sitios del proyecto piloto tienen escasez de fondos, sino que además se muestran seriamente preocupados en torno a cómo hará el país para financiar el seguro nacional de salud.
¿Quién pagará la cuenta?
El gobierno propuso que ese seguro se financie mediante un Fondo del Seguro Nacional de Salud, una entidad pública que funcione fuera del Departamento de Salud pero que sea responsable ante el gobierno.
Este fondo se financiaría a través de mayores asignaciones al presupuesto de salud, que provendrían de los impuestos en general, o aumentando el impuesto a las rentas personales o el impuesto al valor agregado (IVA), lo que muchos sostienen permitiría al país sacar provecho de su enorme economía informal.
Sin embargo, McIntyre alertó que aumentar el IVA hará que la carga de financiar el seguro nacional de salud recaiga sobre los hogares más pobres, mientras que la clase media y la alta han disfrutado de sucesivos recortes al impuesto a la renta personal desde que el país inició su vida democrática, en 1994.
Dick Forslund, investigador adjunto del Centro Alternativo de Información y Desarrollo en Ciudad del Cabo, hizo una advertencia similar sobre la posible introducción de un impuesto sobre nóminas.
Aunque los impuestos como este inicialmente se nutren de recursos del sector privado, los empleadores rápidamente empiezan a considerar estas clases de gravámenes en las negociaciones salariales, a fin de trasladar la carga a los empleados.
McIntyre sostuvo que el borrador del documento político del gobierno, o Documento Verde, es deliberadamente ambiguo en relación a cómo se financiará el seguro nacional de salud.
Esto se debe en buena medida a que el Tesoro Nacional -no el Departamento de Salud- será en definitiva el que decida de dónde procederán esos fondos.
McIntyre llamó a los activistas por la salud a ser estratégicos en su defensa del seguro nacional. "Como mínimo, deberíamos pedir que no haya más reducciones tributarias", dijo a IPS.
Rompiendo las reglas
Tanto McIntyre como Forslund sostuvieron que podrían obtenerse más fondos a partir de la base impositiva ya existente en Sudáfrica.
"En la mayoría de los países, 70 por ciento o más de los costos de la atención a la salud se solventan con fondos públicos", dijo McIntyre a IPS.
"En Sudáfrica, alrededor de 40 por ciento del dinero que se gasta en salud procede de fondos públicos, con contribuciones de empresas privadas de seguros que representan una parte igual o mayor, y todavía hay una parte que proviene de los bolsillos" de los pacientes, agregó.
Pese a haber suscrito la Declaración de Abuja de 2001, en la que los gobiernos africanos se comprometieron a destinar 15 por ciento de sus presupuestos nacionales a la salud, actualmente Sudáfrica dedica alrededor de 12 por ciento del suyo a esta área.
Forslund dijo que, si Sudáfrica redobla la apuesta por la salud, tendrá que abandonar las políticas económicas neoliberales que adoptó como parte del acuerdo negociado que firmó en el marco de su transición a la democracia.
Estas políticas establecen que los dineros tributarios no deberían exceder 25 por ciento del producto interno bruto (PIB), dijo Forslund, quien sostuvo que ese guarismo era parte de una estrategia del régimen del apartheid para asegurarse de que la revolución política no se volviera económica.
Pero al aumentar las demandas de seguridad social, inlcuidos compromisos de brindar educación y servicios de salud gratuitos, Sudáfrica tendrá que romper su regla del 25 por ciento.
"La regla del 25 por ciento significa un Estado pequeño. Es un porcentaje mucho más conservador que incluso el que se aplica en Estados Unidos", destacó Forslund.
Para 2025, el costo del seguro nacional de salud equivaldrá a seis por ciento del PIB, estimó.
El ministro de Finanzas, Pravin Gordon, anunció a comienzos de este año que el Tesoro Nacional divulgaría en abril un documento sobre la financiación del seguro nacional de salud, pero todavía no lo ha hecho.
