Organizaciones no gubernamentales de la provincia de República Democrática del Congo (RDC) en la que Thomas Lubanga Dyilo incurrió en reclutamiento de niños entre 2002 y 2003, consideraron inadecuada y potencialmente peligrosa la condena a 14 años de prisión en su contra.
La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, encontró culpable a Lubanga, exlíder de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), de reclutar niños soldado durante el conflicto armado que tuvo lugar entre 2002 y 2003 en la nororiental provincia de Ituri.
"Catorce años es un chiste", protestó Joël Bisubu, de la organización Justice Plus refiriéndose a la condena dictada el martes 10. El activista recordó que Lubanga ya pasó seis años en prisión.
"Para las víctimas y las familias que aceptaron declarar ante el tribunal, el regreso de Lubanga a la RDC despertará temores de represalias. Sería bueno que fuera juzgado por otros delitos cometidos en Ituri, además del reclutamiento y el uso de menores como combatientes de sus milicias", añadió.
A Bisubu le preocupa que Lubanga cumpla su sentencia tan pronto. "Su retorno me da miedo, pues podría regresar como un héroe. Mucha gente de su comunidad cree que fue un error que fuera enviado a la CPI pues, según ellos, luchó para protegerlos", explicó el activista de derechos humanos.
[related_articles]
El conflicto en Ituri, de 1999 a 2007, enfrentó en un principio a los lendu, un grupo constituido principalmente por agricultores que emigraron hace siglos desde Sudán, y los hema, que llegaron en fechas más cercanas.
Los enfrentamientos pronto se propagaron e incluyeron a otros grupos étnicos como los ngiti, por lo general considerados leales a los lendu, y a los gegere, que apoyaban a los hema. Los combates dejaron por lo menos 60.000 personas muertas.
Grupos armados como las Fuerzas de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI) y el Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) pelearon juntos en defensa de los lendu y los ngiti, mientras que el UPC adoptó la bandera de la supremacía hema.
El gobierno de RDC pidió a la CPI investigar crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en su territorio desde julio de 2002. Cuatro años después fue emitida una orden de detención contra Lubanga.
La CPI condenó a Lubanga a 14 años de reclusión, en lugar de los 30 que pedía la fiscalía. El acusado "se benefició de circunstancias atenuantes, en especial por acceder a cooperar con el tribunal", explicó Paul Madidi, portavoz del alto tribunal internacional en la RDC.
"Al condenar a Thomas Lubanga Dyilo a 14 de prisión por los delitos de alistar, reclutar y utilizar niños menores de 15 años para participar activamente en hostilidades, los jueces de la CPI dieron un claro mensaje a los responsables de crímenes: no quedarán impunes", reza el comunicado de la fiscalía en respuesta al fallo.
La fiscalía indicó asimismo que estudiaba el documento en detalle y esperaba conocer la decisión de los magistrados sobre reparaciones antes de decidir si apelar o no.
"La posibilidad de que Lubanga regrese preocupa a nuestros miembros y sus familias", indicó Emilie Buza, del Foro de Madres de Ituri (FOMI), una organización que incluye a varias víctimas directas de los abusos perpetrados por las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC), brazo militar de la UPC.
"En 2003 decidimos reunirnos para defender los intereses de las madres de Ituri y creamos una organización no gubernamental para defender los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos", relató.
"Elaboramos muchos informes de investigación que enviamos a la CPI y a la Organización de las Naciones Unidas. Todos tienen nuestros nombres", explicó Buza.
Franck Mulenda, abogado de un grupo de víctimas cuyas identidades fueron protegidas durante el largo proceso, dijo que el fallo no es tan importante.
"Lo que interesa a las víctimas no es la duración de la condena, sino la decisión sobre las reparaciones que se dictará en los próximos días", apuntó.
