La defensa de Alberto Fujimori considera relevante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Perú que rebajó penas a exagentes de inteligencia del ejército encarcelados por violar los derechos humanos. Entiende que puede beneficiar también al expresidente, condenado por igual delito.
El abogado César Nakazaki admitió que encontró "elementos" en el dictamen de la Corte emitido el viernes 21 que podrían contribuir a plantear una revisión de la condena a 25 años de prisión que pesa sobre su cliente.
La sentencia del máximo tribunal, presidido por Javier Villa Stein, afirma que los jefes y miembros del clandestino Destacamento Especial Colina, del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), fueron condenados en 2010 equivocadamente por hechos que no tipifican como delitos de lesa humanidad.
Vladimiro Montesinos y el exjefe del ejército, general en retiro Nicolás Hermoza, segundo y tercero en orden de importancia del gobierno de Fujimori (1990-2000) durante el clímax de la lucha contrainsurgente, fueron condenados, como máximos responsables del Colina, por el asesinato de 15 civiles en 1991 en el vecindario limeño de Barrios Altos, de nueve campesinos en 1992 en la localidad de El Santa y del periodista Pedro Yauri ese mismo año en Huacho.
En esa misma causa también recibieron igual castigo los generales retirados Julio Salazar, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional, y Juan Rivero, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, y los mayores Santiago Martín Rivas, que encabezó el Grupo Colina, y Carlos Pichilingüe. Otros excomponentes del escuadrón cumplen penas de 15 a 20 años de prisión.
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Ahora y por mayoría, la Corte Suprema de Justicia resolvió rebajar cinco años las condenas a Montesinos, Hermoza, Salazar y Rivero.
Villa Stein sostuvo que las matanzas del Grupo Colina no fueron crímenes sistemáticos y que las víctimas no eran "ciudadanos comunes sino terroristas de Sendero Luminoso", la organización maoísta que se lanzó a la lucha armada en 1980.
Sin embargo, "nunca se demostró que dichas víctimas fueron militantes (de las guerrillas) senderistas", aclaró a IPS el exfiscal supremo Avelino Guillén, quien formuló entonces la acusación contra Fujimori.
La cuestión de fondo no son las reducciones de penas sino el cambio de calificación de delito contra la humanidad a homicidio calificado, porque, según dicen los jueces, el Grupo Colina se organizó para "eliminar a terroristas" y no para cometer asesinatos discriminados contra la población civil.
El 7 de abril de 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado por los asesinatos de Barrios Altos, por los de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, perpetrados por el mismo Grupo Colina en 1992, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
El tribunal de la causa, presidido por César San Martín, señaló que esos hechos calificaban como delitos de lesa humanidad. El legislador Kenyi Fujimori, hijo del exmandatario, declaró en conferencia de prensa que el fallo del día 21 de la Corte "demuestra que mi padre es inocente de los delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, tomaremos acciones legales para cambiar la sentencia que está sufriendo".
Nakazaki se manifestó en la misma línea y adelantó que pedirá la revisión de la condena contra su cliente.
"Originalmente, los integrantes del Colina no fueron acusados por delitos de lesa humanidad, así como tampoco Fujimori, lo cual afectó el derecho a la defensa de los imputados", indicó.
"Fujimori fue condenado por un delito del que no tuvo oportunidad de defenderse. Esa anomalía debe corregirse", puntualizó Nakazaki.
De cualquier forma, tanto a Fujimori como a su exasesor Montesinos les será difícil salir de la cárcel por esta ventana que parece abrir la Corte Suprema de Justicia.
El expresidente también fue condenado a prisión en 2007, esa vez a ocho años por usurpación y abuso de autoridad, y en 2009 a siete años y medio por peculado y apropiación de fondos públicos. En tanto que Montesinos cumple 15 años por distintos casos de corrupción y otros 20 años por haber traficado armas para las guerrillas colombianas.
Mientras la defensa de Fujimori estudia pedir la revisión del caso, para Víctor García Toma, quien fue presidente del Tribunal Constitucional (2005-2006), la sentencia por las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta es firme y no revisable.
"El fallo de la Corte no es vinculante y puede ser revisado. En cambio, la sentencia a Fujimori es consentida, es cosa juzgada, es irrevisable", afirmó.
García Toma explicó a IPS que "ya se extinguió el plazo de seis meses en el que se podía interponer algún tipo de acción judicial para impugnar el fallo contra Fujimori".
"Respecto de la eliminación de la calificación de delitos de lesa humanidad tampoco es vinculante y no se puede aplicar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó de ese modo los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta y se reserva el derecho de supervisión para verificar que la justicia peruana sentencie en dicho sentido", precisó.
A todo esto, el Ministerio de Justicia presentó una acción de amparo contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia, medida que fue cuestionada por la abogada Tania Quiroz Cárdenas, quien ha defendido a militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
"El tribunal se equivocó al desechar el concepto de delitos de lesa humanidad y rebajar las condenas. Lo que debió hacer es anular el juicio y ordenar uno nuevo desde fojas cero. Pero este es un tema judicial y no político", señaló Quiroz Cárdenas a IPS.
Por su parte, Jo-Marie Burt, profesora e investigadora de la Universidad George Mason (Virginia, Estados Unidos), advirtió que la decisión de la Corte no es un caso aislado sino una tendencia del Poder Judicial peruano de favorecer a exagentes del Estado que cometieron violaciones a los derechos humanos.
"Al menos la mitad de los imputados (por causas de este tipo) han quedado en libertad. Es una tendencia muy peligrosa porque le abre las puertas a la impunidad", destacó ante IPS la también integrante de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
