La decisión del gobierno de Chile de licitar la explotación de litio encontró un rechazo transversal de sindicatos mineros y parlamentarios opositores.
Esos sectores reclaman que se nacionalice el mineral para revertir, aunque sea simbólicamente, la que denominan "expropiación" de los recursos naturales en las últimas dos décadas.
"La minería es uno de los elementos esenciales para financiar los programas sociales en Chile, por lo tanto, nos preocupa la actitud que han tenido los gobiernos desde el retorno a la democracia en 1990, de ir entregando nuestra soberanía a transnacionales extranjeras que poco y nada dejan a las arcas del Estado", dijo a IPS el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Jedry Velis, sindicato de los mineros subcontratados.
El litio, un metal blando y ligero, se encuentra en abundancia en los salares del norte del país, en el desierto de Atacama, el más árido del mundo.
Se emplea hace tiempo en la fabricación de lubricantes y vidrios resistentes al calor y en la industria farmacéutica. En los últimos 20 años, también se convirtió en componente clave de baterías recargables de teléfonos móviles, computadores portátiles y cámaras digitales y tiene una gran proyección en el desarrollo de vehículos eléctricos.
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Por este uso en baterías, se estima que la industria del litio crecerá más de siete por ciento para 2020 y su precio seguirá subiendo. En la última década aumentó más de 200 por ciento.
En este marco, el gobierno derechista de Sebastián Piñera puso en marcha un proceso licitatorio para explotar 100.000 toneladas del metal durante 20 años.
El gobierno dará a conocer el 24 de septiembre el nombre de la empresa adjudicataria de los derechos de extracción, operación que permitiría recaudar cerca de 350 millones de dólares, según estimaciones oficiales.
La licitación contempla el pago de una regalía mensual equivalente a siete por ciento de las ventas netas de litio que realice la empresa. Esa proporción, aseveran las autoridades, está en línea con lo que retienen otros estados productores, como Australia y Argentina.
Pero legisladores de la opositora y centroizquierdista Concertación por la Democracia aseguran que esos ingresos son mínimos comparados con los beneficios que se podrían obtener si el Estado se hiciera cargo de la extracción de litio.
Y los sindicatos mineros insisten en que el Estado debe autorizar un fondo especial para que la estatal Corporación del Cobre (Codelco) explote el mineral.
También la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), a la que pertenecen los obreros de planta de Codelco, alertó de que la licitación de "un recurso estratégico" solo "refleja la política privatizadora" del gobierno.
Chile reformó su legislación minera en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y abrió el camino a inversiones privadas sobre todo en cobre, la principal riqueza del país, estableciendo distinciones entre minerales "concesionables" y "no concesionables".
La mayoría de los minerales quedaron en la primera categoría, revirtiendo uno de los logros más recordados del gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente socialista Salvador Allende (1970-1973): la nacionalización del cobre.
Pero el litio fue calificado como no concesionable, por ser considerado material "estratégico" en virtud de su potencial uso en reactores nucleares de fusión. Y, según establece la Constitución, solo puede ser explotado por el Estado o mediante contratos especiales de operación.
Sin embargo, en ese entonces ya había dos concesiones de explotación de litio, que quedaron exentas de esa prohibición y que son hoy las responsables de la producción chilena de ese metal.
De hecho, Chile es el mayor productor mundial de litio, con 41 por ciento, seguido de Australia, China y Argentina. Y exporta a Alemania, Bélgica, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.
América del Sur posee 75 por ciento de las reservas mundiales de litio. Y los países de la región con mayores existencias son Bolivia, con 35 por ciento, y Chile con 20 por ciento.
La licitación habilitada ahora por el gobierno se hará mediante contratos especiales de operación, mencionados como excepción en la Constitución.
Para la CTC, el gobierno "burla la prohibición constitucional sin tener que modificarla", lo que requeriría acuerdo de la oposición.
Codelco anunció a fines de junio que comprará las bases de la licitación, y que estudiará la posibilidad de participar.
Eso generó visiones encontradas en los trabajadores, si bien están de acuerdo con la participación de Codelco.
"Creemos que el gobierno y el Estado debieran tener una política permanente de estar explotando sus propios recursos para las arcas del Estado", aseveró Velis.
En contraste, el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, subrayó que Codelco puede explotar directamente el mineral, pues posee existencias, pero también debe haber apertura a otros oferentes para competir con los demás países que son productores mundiales.
Según Jaime Alee, director del Centro de Innovación del Litio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la discusión sobre la soberanía del litio es "política".
"El litio es un producto masivo, muy barato, que no tiene ninguna repercusión económica para el país ni ahora ni en el futuro, por lo que la verdad es que no tiene mucho sentido la discusión", afirmó a IPS.
En su opinión, el debate debería centrarse en el valor agregado que se le puede dar al mineral. "De eso sí vale la pena tomar conciencia y preocuparse", aseveró.
Chile vive de exportar materias primas y, si quiere pasar a un estado de desarrollo mayor, debe trabajar en formar capital humano y crear valor agregado, argumentó.
"Solo vendiendo agricultura, cobre y minerales, está condenado a ser un país de nivel medio, como tantos que, por ejemplo, tienen petróleo y ninguno de ellos es millonario", afirmó.
Para Velis la explotación de materias primas a manos del Estado ayuda a reducir la desigualdad entre ricos y pobres, una de las más marcadas de América Latina.
El sindicalista mencionó como modelo la nacionalización de la empresa petrolera YPF, resuelta por el gobierno de la vecina Argentina en mayo.
"Ponemos atención cuando algún gobierno o estado de un país vecino implementa políticas que efectivamente apuntan a ir aminorando la desigualdad de los ciudadanos", dijo Velis. "Sin duda Argentina es un ejemplo a seguir".
