El clientelismo, el acarreo de votantes y la coacción son prácticas arraigadas en México que intranquilizan a observadores y a ciudadanos que se aprestan a vivir las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio.
Están dadas "todas las condiciones para que (estas maniobras) ocurran. Nos preocupa que haya compra y coacción del voto y el exceso de observadores registrados en algunas regiones, cuyo papel no está claro", dijo a IPS el portavoz del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, Bernardo Portillo.
El Comité, que agrupa a 17 organizaciones no gubernamentales, analizó la representación de género, la transparencia y la democracia interna de los partidos políticos en la campaña electoral iniciada en marzo.
La entidad solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE), ente autónomo organizador de los comicios, que difunda de manera más amplia cuáles son los delitos electorales y cómo deben presentarse las denuncias.
El IFE acordó que los regalos y materiales de construcción ofrecidos a votantes durante la campaña no comprometen la independencia del sufragio. La compra y la coacción del voto están tipificadas en los códigos penal y de procedimientos electorales.
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El 1 de julio, la ciudadanía elegirá 500 diputados, 128 senadores y al presidente de México por un período de seis años. Además, habrá comicios en 15 estados, y en siete de ellos se elegirán gobernadores.
El 1 de septiembre se inaugurará la nueva legislatura y el 1 de diciembre se llevará a cabo la investidura de quien suceda al actual presidente, el conservador Felipe Calderón.
Hay 84 millones de personas habilitadas para votar en este país de 112 millones de habitantes, y se estima que unos 20 millones no acudirán a las urnas.
"En la campaña ha habido irregularidades", eso "viene de la cultura política de los partidos y los candidatos que transgreden la normatividad", dijo a IPS la académica María Amparo Casar, del Departamento de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica.
"Algunas imperfecciones son producto de leyes imperfectas que se tendrían que corregir y tomar la experiencia de estas elecciones para que se corrijan", apuntó la investigadora.
El IFE registró a 31.400 observadores de organizaciones de la sociedad civil, más de 500 de ellos extranjeros. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno mexicano destinaron más de cinco millones de dólares a financiar la vigilancia de la jornada comicial, repartidos entre 50 organizaciones.
Cerca de 90 por ciento de las mesas electorales en los 300 distritos del país cuentan con funcionarios elegidos al azar por el IFE encargados de procesar la asistencia de los votantes, y con delegados de por lo menos dos fuerzas políticas.
Pero, según el Comité Conciudadano, solo 18 distritos cuentan con todas las casillas (mesas electorales) provistas con los siete funcionarios que requiere cada una, y menos de 20 por ciento de las mesas de otros nueve distritos tienen la cantidad necesaria de funcionarios para su operación.
El postulante Enrique Peña, al frente de la alianza opositora Compromiso por México, formada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde, es el favorito en estas elecciones, según las encuestas de intención de voto.
Lo sigue el izquierdista Andrés López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, compuesta por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo y por el Movimiento Ciudadano.
En el tercer lugar de las preferencias se ubica Josefina Vázquez, la única mujer en la competencia, del derechista y gobernante Partido Acción Nacional.
Las campañas cerraron este miércoles 27. Quedan desde ahora vedadas la propaganda política y la publicación de encuestas.
El IFE destinó unos 120 millones de dólares para financiar la publicidad electoral de los partidos, monto que no puede ser rebasado por estos.
Pero la campaña estuvo plagada de denuncias de violaciones a este límite, que se castigan apenas con una multa, y de intentos de manipular el voto.
Desde marzo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió 542 investigaciones sobre anomalías y procesó a 322 personas. Este domingo desplegará 116 unidades móviles para atender denuncias en todo el país.
"En la campaña todos los actos son reconstruibles", la cuestión es que la fiscalía actúe, dijo a IPS el presidente de la consultora Concertar, Rodrigo Morales, que evalúa políticas públicas.
"Tendríamos que reconocer que las consecuencias de las malas prácticas van a ser más dañinas especialmente en los estados, donde los gobernadores son virreyes", dijo Portillo.
En este clima, organizaciones ciudadanas se preparan para vigilar el acto comicial y sus resultados.
El proyecto Foto X Casilla convoca a los electores a fotografiar la hoja con los datos de cada mesa electoral al final de la jornada y subir la imagen y los cómputos a su página web.
"Queremos conseguir el mayor número de fotos de diferentes casillas, de tal manera que podamos compararlas con los resultados preliminares. Es una forma de cuidar el voto. Si tenemos muchas fotos, podemos hacer algo parecido a un conteo rápido. Todo depende de la gente", dijo a IPS el portavoz de la iniciativa, Víctor Romero.
"Vamos a ser muy cuidadosos de decir que no es una muestra significativa", agregó. Revisaremos "errores aritméticos e inconsistencias. Queremos vigilar que lo que sale de la casilla termina en el conteo. Si coinciden, es un espaldarazo al proceso", explicó Romero, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Nadie olvida las elecciones de 2006, impugnadas por presunto fraude por varias organizaciones, cuando Calderón se impuso a López Obrador por el exiguo margen de 0,56 por ciento de sufragios.
López Obrador argumentó que las urnas y las hojas electorales habían sido manipuladas para favorecer a Calderón.
El IFE, entonces de cuestionada actuación, publicará las actas en Internet, organizará un conteo rápido y anunciará resultados preliminares en la medianoche del domingo 1 de julio.
