En Colombia ocurre «una ruptura del hilo constitucional», advirtió a IPS Armando Novoa, portavoz del comité promotor del referendo derogatorio de la reforma de la justicia aprobada por el parlamento, tan polémica que el propio presidente Juan Manuel Santos trabó su entrada en vigor.
La reacción ciudadana contra esta reforma hizo que Santos diera un paso atrás en su otrora cerrada defensa de la iniciativa, impulsada por el propio gobierno, para terminar objetándola el jueves 21.
También el rechazo popular a esta reforma de la Constitución, que es la número 35 desde su puesta en vigencia en 1991 y la sexta en el último año, llevó a la renuncia del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el viernes 22.
La ley fundamental de Colombia se puede reformar mediante una asamblea constituyente, un referendo popular o, como esta vez, por un Acto Legislativo del Congreso, el cual debe cumplir ocho vueltas de debates y obtener la votación de una mayoría especial.
"Una vez aprobado, Santos devolvió el Acto Legislativo al parlamento con objeciones, aplicando con ello normas de las reformas de leyes ordinarias", opinó para IPS la directora del Observatorio Nacional de Justicia y presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados, María del Pilar Arango.
"Los legisladores, con la reforma, fueron poco a poco blindándose más para no ser sancionados penalmente por la justicia", sostuvo la jueza Arango.
Este Acto Legislativo cambia, entre otras cosas, las reglas del juego para juzgar a parlamentarios, ministros, embajadores, generales y otros altos funcionarios.
Si entrase finalmente en vigencia tal cual está, los parlamentarios condenados o que están siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia, la mayoría por sus relaciones con paramilitares de ultraderecha, pueden lograr su excarcelación inmediata y aspirar de nuevo a un escaño en las elecciones de 2014.
En Colombia se conoce como "parapolítica" el escándalo que llevó ante los tribunales a más de 100 congresistas actuales y pasados por vínculos con bandas paramilitares que actúan en la guerra interna y que se desmovilizaron parcialmente durante el gobierno derechista de Álvaro Uribe (2002-2010).
Los parlamentarios con investigaciones en curso, pero que aún no han sido acusados dentro de sus procesos, quedarán libres con estos cambios.
También los expertos indican que se tornarán tortuosos los procesos de pérdida de investidura de legisladores, además de que estos podrán modificar la Constitución para su beneficio, pues se elimina el régimen de inhabilidades cuando se trate de cambiar la ley fundamental.
Alerta popular
Ante la noticia de que podrían quedar libres de inmediato funcionarios encarcelados, la protesta ciudadana se encendió y desde el sábado 23 comenzó la recolección de firmas para un referendo que revoque la reforma.
Para sacar adelante un referendo debe inscribirse la iniciativa ante las autoridades electorales acompañada de un mínimo de 150.000 firmas.
"Algunos ciudadanos y organizaciones hemos formado parte de una coalición ciudadana que le hemos hecho seguimiento a todo el proceso de este Acto Legislativo. Tenemos una preocupación muy grande", advirtió a IPS la exconstituyente María Teresa Garcés, miembro del comité promotor.
"Esta reforma se venía cocinando desde el gobierno anterior, esa es la verdad", aseguró.
Estimó además que "lo más grave es que, a instituciones que estaban funcionando perfectamente bien, les hacen una reforma constitucional para cortarles las competencias". Por ejemplo, a la Sala Penal de la Corte Suprema se le arrebatan los casos de parapolíticos y se crea para ellos "una especie de súper corte", afirmó.
La reforma también traslada funciones propias de los jueces a particulares, centros de conciliación y cámaras de comercio, lo cual para los críticos constituye una privatización de la justicia.
El argumento oficial es que se busca mejorar el desempeño del Poder Judicial, pues en Colombia tarda hasta 13 años un proceso y cuatro un juicio ejecutivo. Menos de uno por ciento de los casos que entran a la Fiscalía General de la Nación llegan a manos de un juez, según reportes oficiales.
Por los 250.000 delitos enunciados hasta ahora en la jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal para las desmovilizaciones de paramilitares, solo hay cuatro sentencias.
La reforma constitucional no está vigente, pero anularla resultó una trampa jurídica. Cualquier persona puede radicar una acción de cumplimiento para que se aplique, por lo cual el referendo derogatorio es visto también como un plan B para impedirlo.
Además, hay opiniones encontradas sobre si Santos puede objetar una reforma de la carta magna y si el parlamento aún tiene competencia para volver a abordarla en las sesiones extraordinarias que comenzaron este miércoles 27 y siguen el jueves 28.
Novoa, también director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, está a favor del archivo inmediato de la reforma, pero este "tiene que hacerse con base en las reglas que establece la Constitución, porque tenemos fresco el ejemplo de Paraguay, donde el presidente constitucionalmente elegido (Fernando Lugo) fue destituido mediante una maniobra palaciega".
"Y nada impide que en el caso colombiano, a la sombra de ese tipo de interpretaciones y apoyados en este tipo de ejemplos, tengamos una situación similar", es decir que el presidente termine demandado y enjuiciado, sostuvo.
Para el gobierno y otros sectores, la reforma iba viento en popa hasta que llegó la Comisión de Conciliación, un órgano bicameral que sintetizó los dos proyectos aprobado en las respectivas cámaras.
"Pero la estocada de la Conciliación se veía venir hace más de un año", según la legisladora Ángela María Robledo, disidente del Partido Verde, aliado al gobierno.
Robledo consideró que el gobierno perdió paulatinamente iniciativa durante el trámite de cerca de dos años del proyecto y que "una máquina que opera en el Congreso capturó la reforma. La parapolítica sigue viva", señaló en una mesa redonda del Canal Capital, emisora de televisión de Bogotá.
Elizabeth Ungar, directora de la organización no gubernamental Transparencia por Colombia, no considera que la mayoría del oficialismo tenga nexos con paramilitares.
Sin embargo, dijo a IPS, "es particularmente grave" que los 12 legisladores de la Comisión de Conciliación, "trasgrediendo todas las normas legales y constitucionales", "introdujeron artículos que no habían sido debatidos, y que ponen de manifiesto la connivencia con la impunidad y con el delito".
Durante el proceso de discusión, varias veces los delegados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional se retiraron o pidieron "hundir" la reforma, argumentando que esta lesiona la autonomía de la justicia y debilita la división de los poderes.
Finalmente, ya en la última ronda de debates, la mayoría de los magistrados aparentemente optaron por aceptarla, según observadores porque esta incluía alargar su periodo de servicio de los actuales ocho años a 12.
