La comunidad internacional, en especial la de América del Sur, puede jugar un papel decisivo en la crisis abierta en Paraguay por la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia y la investidura en su lugar del ahora exvicepresidente, Federico Franco.
Sobre la llegada de Franco a la Presidencia se cierne un halo de críticas y adhesiones. El no reconocimiento de su gobierno por parte de los países vecinos le abre un difícil escenario local e internacional.
Mientras en la sede presidencial, en Asunción, Franco presentaba este lunes 25 a su gabinete, Lugo depuesto mediante juicio político el viernes 22 anunciaba uno paralelo, de carácter político, para fiscalizar las acciones del nuevo gobierno.
Ambos hechos se registraron en un escenario regional no menos importante.
Argentina retiró a su embajador en Paraguay y Venezuela hizo lo propio, además de suspender sus envíos de petróleo. Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay llamaron a consultas a sus respectivos representantes y el Mercado Común del Sur (Mercosur) resolvió no invitar al nuevo gobierno paraguayo a su próxima cumbre, que se celebrará este jueves 28 y el viernes 29 en la occidental provincia argentina de Mendoza.
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Para Franco, los países vecinos se extralimitaron porque, según sostiene, la sucesión se verificó dentro de lo que establece la Constitución.
Lugo fue sometido a un juicio político por mal desempeño de sus funciones, a iniciativa de una mayoría parlamentaria opositora, en medio de fuertes cuestionamientos sobre el cumplimiento del debido proceso. La Cámara de Diputados actuó como parte acusadora y el Senado como tribunal inapelable.
Las acusaciones fueron cinco: responsabilidad penal y política por la muerte de 17 campesinos y policías el 15 de este mes en un desalojo de tierras en Curuguaty; la firma sin consulta al parlamento de un protocolo de compromiso democrático del Mercosur que restringiría la soberanía nacional; incapacidad para frenar la ola de inseguridad pública; instigación y facilitación de invasiones de fincas y celebración de un mitin partidario en un cuartel militar.
Si bien todo se procesó en menos de 24 horas, sin espacio suficiente para el debate y la legítima defensa, Lugo acató el fallo, alegando que lo hacía para evitar hechos de violencia. Casi de inmediato el Senado juramentó en su reemplazo a Franco, quien debe completar el mandato, que concluye en agosto de 2013.
El expresidente estimó más tarde que se trató de un golpe jurídico parlamentario que ocasionó un quiebre institucional y exteriorizó sus deseos de estar presente en la reunión del Mercosur para dar su versión de los hechos ante los mandatarios del bloque, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
"Uno de los actores más importantes en esta coyuntura es la comunidad internacional, porque el país es muy vulnerable", dijo a IPS la politóloga Milda Rivarola. Hay muchas formas de asfixiar económicamente a Paraguay por su mediterraneidad y su debilidad institucional, dijo.
Paraguay es el socio más pequeño del Mercosur, responsable de apenas 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) del bloque, que se conforma con 80 por ciento de Brasil, 17,8 por ciento de Argentina y 1,5 por ciento de Uruguay.
Si se definieran sanciones, estas permitirían transparentar quién es quien detrás del gobierno de Franco, apoyado por los grandes hacendados y por el gremio empresarial e industrial.
"Estos sectores son soberanos como el Estado, ellos apoyaron el juicio político, pero si se dan sanciones económicas no querrán pagar los costos", argumentó. El exobispo católico Lugo ganó las elecciones de 2008, respaldado por una alianza de movimientos y fuerzas de izquierda y por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), segundo más importante de este país.
El PLRA le retiró su apoyo, tras cuatro años de gobierno en el que ocupó cuatro ministerios, y se acopló al juicio político promovido por el opositor Partido Colorado, desbancado del poder por Lugo luego de seis décadas que incluyeron la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
"El PLRA retiró su apoyo porque no daba más, intentamos convencerlo a Lugo de la necesidad de cogobernar, pero siempre fue terco y su entorno también", dijo a IPS el diputado Enrique Salyn Buzarquis, nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
El caso de Curuguaty fue la gota que colmó el vaso, dijo Buzarquis en referencia al principal motivo de la base acusatoria.
El 15 de junio murieron 11 campesinos sin tierra y seis policías durante el desalojo de la finca Morombí, en Curuguaty, en el noreste del país.
Hasta ahora no hay datos claros sobre cómo ocurrieron los hechos. Sectores contrarios a Lugo sostienen que fueron los campesinos los culpables de la masacre, en tanto que fuentes cercanas al exmandatario hablan de infiltrados que ocasionaron una emboscada.
Las tierras de esa finca figuran a nombre de la compañía Campos Morombí SAC y Agropecuaria, perteneciente al empresario Blas N. Riquelme, miembro del Partido Colorado. Pero eran reclamadas como propiedad del Estado por la Procuraduría General y por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
También la Comisión Verdad y Justicia, que funcionó entre 2003 y 2008 para investigar violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Stroessner, sostuvo que esas tierras habían pasado a manos del Estado, sujetas a la reforma agraria.
"Esto generó en una crisis grave en el campo, que ningún gobierno pudo resolver y que Lugo tampoco mostró señales reales" de solucionar, sostuvo Rivarola. En su opinión, lo más probable es que la masacre nunca se esclarezca.
El problema de la tierra es el principal foco de conflicto que afronta Franco.
"El compromiso es tratar de regularizar la tenencia de tierras en esa zona, por lo menos dar inicio a un catastro para ordenar la situación", explicó el novel ministro Buzarquis.
El senador Sixto Pereira, del Partido Popular Tekojoja, aliado de Lugo, dijo a IPS que Paraguay vivió un golpe a su proceso democrático, "promovido por las cúpulas partidarias para defender a la oligarquía poseedora de tierras mal habidas".
Las pruebas del complot son los argumentos poco consistentes de la acusación y el tiempo en que se desarrolló el juicio, indicó.
La politóloga Rivarola cree que hubo ceguera de Lugo y de su entorno ante la dimensión de la crisis que se gestaba, y también del parlamento, que no ponderó las consecuencias internacionales que puede soportar el país por lo ocurrido.
