La muerte de 17 campesinos sin tierra y policías, en un enfrentamiento en el noreste de Paraguay, evidenció una red de intereses políticos y económicos, la existencia de un conflicto muy enquistado, el peligro de una explosión social y la vuelta a la mano dura en materia de seguridad.
Once campesinos y seis policías murieron durante un operativo de desalojo el viernes 15, en un nuevo episodio de violencia vinculada a la tenencia de la tierra en Paraguay, uno de los mayores problemas sociales de este país, y que puso en jaque al presidente Fernando Lugo, sobre el que pesa la amenaza de un juicio político por otros temas.
Lugo, un gobernante considerado de izquierda moderada, respondió a la matanza con la destitución del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y su sustitución por Rubén Candia Amarilla, vinculado al Partido Colorado, principal fuerza opositora y a la que el actual presidente desalojó del gobierno en 2008, tras más de 60 años de ejercerlo de modo hegemónico.
También descabezó a la cúpula de la policía, el principal organismo de seguridad paraguayo, al reemplazar a sus tres principales funcionarios, en un esfuerzo por taponar el impacto del enfrentamiento, sobre cuyo detonante hay versiones y análisis opuestos.
Candia fue fiscal general hasta fines de 2011 y en 2008 se le citó entre quienes participaron en una reunión conspirativa contra Lugo, el exobispo católico que asumió la Presidencia el 15 de agosto de ese año, según denunció entonces un alto mando militar.
El nuevo ministro suspendió el protocolo para los desalojos de tierras ocupadas por campesinos, establecido por su predecesor. Ese procedimiento obligaba a los efectivos policiales a agotar las instancias de diálogo con los ocupantes, antes de comenzar un desalojo.
"Lo ocurrido muestra claramente que se quiere deslegitimar la lucha social, los reclamos que el campesinado viene haciendo desde hace varias décadas como la recuperación de las tierras mal habidas", dijo a IPS el dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Luis Aguayo.
El violento desalojo se produjo en una hacienda de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú y a 380 kilómetros al noreste de Asunción.
El establecimiento está a nombre de la compañía Campos Morombí SAC y Agropecuaria, perteneciente al dirigente político y empresario Blas N. Riquelme, también perteneciente al Partido Colorado.
Se trata de tierras reclamadas como propiedad del Estado por la Procuraduría General y por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
También sostuvo que esa propiedad es pública la Comisión Verdad y Justicia (CVJ), que funcionó entre 2003 y 2008 para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
En su informe final, titulado "Para que no vuelva a suceder", la CVJ estableció que la propiedad fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya SA al Estado, que a su vez lo declaró de interés social y lo destinó a la reforma agraria.
"No podemos dejar que las conquistas democráticas que hemos logrado a lo largo de tantos años de lucha sean coartadas", apuntó Aguayo, cuya organización denunció abiertamente que la violencia la originó un grupo infiltrado, con el fin de provocar un incidente sangriento y generar así una crisis política.
Bernardino Cano Radil, un analista de la órbita del Partido Colorado, achaca el enfrentamiento a grupos armados, ligados al gobierno de Lugo. Añade que "el trasfondo es que hay sectores, que bien pueden ser de extrema izquierda como de extrema derecha, que no quieren que haya elecciones en 2013".
Paraguay vive ya un clima preelectoral, con vistas a los comicios generales de abril del año próximo, que decidirán el sucesor de Lugo.
Cano aseguró a IPS que parte importante del problema es que en Paraguay hay "vastas zonas que son territorio liberado", donde el Estado no ejerce control y, según afirmó, el cultivo de marihuana está muy extendido.
"Es evidente que los narcoguerrilleros pudieron haber estado tras lo ocurrido", argumentó.
Por su parte, el sociólogo Ramón Fogel dijo a IPS que el origen de lo ocurrido es la tenencia irregular de al menos ocho millones de hectáreas de tierras en Paraguay. Recordó que en enero, se produjo otro conflicto, esta vez en Ñacunday, en la frontera con Brasil, en el que murieron ocho campesinos.
"Ese es el tema que todos los sectores deben sentarse a discutir serenamente, cediendo cada cual lo que corresponda para lograr la paz social", aseguró. De lo contrario, alertó, la violencia se irá apoderando del país irremediablemente.
Para Fogel, la matanza de Curuguaty tiene detrás desigualdades seculares, cada vez más pronunciadas, que marginan a los campesinos del desarrollo.
El conflicto por la tenencia de la tierra es una de las aristas más complejas y urticantes de esa marginación, en un país muy rural, sin visos de solución real por falta de voluntad política de los poderes que deben impulsarla.
"El Poder Judicial no posibilita recuperar las tierras mal habidas para poder iniciar un proceso verdadero de transparencia en cuanto a titularidad y otros aspectos", concluyó.
El último censo agropecuario, de 2008, da cuenta de que 85,5 por ciento de las tierras están en manos del 2,06 por ciento de la población de Paraguay.
La CVJ fijo en 6,75 millones las hectáreas adjudicadas ilegalmente durante el régimen de Strossner y un millón adicional en los siguientes 15 años. Eso supone que 64 por ciento de las tierras adjudicadas entre 1954 y 2008 lo fueron irregularmente.
En total, las llamadas tierras "mal habidas" suman 33 por ciento de la superficie agrícola paraguaya y 19 por ciento del territorio nacional, dictaminó la CVJ.
Fogel puso sobre la mesa otro aspecto evidente en la sociedad: "el odio hacia el paraguayo pobre, hacia el campesino, sobre todo en los estamentos de poder", en un país de 6,4 millones de habitantes, de los cuales 2,6 millones residen en áreas rurales.
Lugo ha elegido como respuesta a la matanza, el abrir una nueva etapa en que entrega la seguridad nacional y su alto presupuesto a la oposición, en un periodo electoral.
