«Todo apunta a una ruptura del proceso democrático. La derecha logró su objetivo de generar una crisis política en Paraguay», sostuvo la diputada Aída Robles, responsable del único voto en contra del juicio político al presidente Fernando Lugo, que ahora deberá procesar el Senado.
Apenas conocida la decisión parlamentaria, se convocaron movilizaciones sociales y políticas de apoyo al gobierno en el país y respaldos internacionales, especialmente de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), que reúne a los 12 países de la región, que dispuso el envío de una delegación de cancilleres para conocer en situ la situación que afecta a Lugo.
La misión esté encabezada por el secretario general de la Unasur, el venezolano Alí Rodríguez, quien asumió el cargo la semana pasada, según informo el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota.
El juicio a Lugo fue promovido por la oposición, que es mayoría en el parlamento, en medio de la peor crisis política desde el comienzo de su mandato en 2008 y a nueve meses de las elecciones generales.
En una jornada maratónica, las Cámaras de Diputados puso en marcha este jueves 21 este instrumento constitucional, teniendo como principal base acusatoria el sangriento desalojo (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100993) de campesinos sin tierra hace una semana de una hacienda de Curuguaty, en el nororiental departamento de Canindeyu, donde murieron 11 ocupantes y seis policías.
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La definición estuvo en manos de los legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que era aliado de Lugo pero que descontento con las últimas designaciones en los altos cargos de los organismos de seguridad decidió apoyar el juicio político y retirarse del gobierno, acción que llevó a la renuncia a cuatro ministros de esa agrupación del gabinete presidencial.
Tras los sucesos de Curuguaty, el mandatario centroizquierdista desplazó a Carlos Filizzola de su cargo de ministro del Interior y nombró a Rubén Candia Amarilla, vinculado a la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, la tradicional agrupación derechista omnipresente en este país por 61 años hasta 2008, incluida la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Saliendo al paso de los rumores de renuncia que circularon fuertemente al conocerse la mayoría parlamentaria en su contra, Lugo aseguró que no renunciará y que se someterá a los dictados constitucionales del juicio político.
"Insto al parlamento a agotar los esfuerzos para evitar procedimientos que puedan ser contrastados por la historia y la ciudadanía y a cumplir con trámites y plazos constitucionales que me ofrezcan toda la garantía de una justa y legítima defensa", sostuvo en una alocución por radio y televisión.
Así los diputados presentaron la acusación ante el Senado, que estableció un reglamento con un plazo de 24 horas para la definición de la sentencia. "Este plazo imposibilita al presidente Lugo a preparar su defensa", sostuvo el abogado Adolfo Ferreiro, integrante del equipo jurídico presidencial.
Para el senador Gonzalo Quintana, de la derechista Unión Nacional de Colorados Éticos (Unace), se trata de respetar la Constitución, que establece la figura del juicio político.
"Todos estamos preocupados por esta situación y espero que se respete la Constitución, porque puede pasar que algunos de los sectores no lo hagan", dijo Quintana a IPS, en alusión a que, de no prosperar la destitución, el presidente puede luego disolver el parlamento y convocar a elecciones anticipadas.
Las movilizaciones de apoyo al gobierno se iniciaron en horas de tarde de este jueves, con adherentes provenientes de diferentes puntos del país, especialmente del sector campesino, impulsados por la convocatoria lanzada desde los movimientos sociales y partidos políticos del Frente Guasú, principal sustento político del gobierno.
Ante esa convocatoria, los parlamentarios de la oposición se manifestaron preocupados por "posibles hechos de violencia" y responsabilizaron al mandatario de cualquier situación que se puedan suscitar en este marco.
Las repercusiones internacionales no se hicieron esperar y la Unasur convocó a una reunión de urgencia de los cancilleres de los países miembros en Río de Janeiro, donde asisten a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible o Río+20..
"Lo que se aprobó en Río es garantizar el proceso de las instituciones, de la democracia, que se eviten situaciones de violencia; el entendimiento es preferible al conflicto", dijo Rodríguez en comunicación con una emisora de radio de Asunción.
Analistas políticos paraguayos indican que, al ser un juicio político, los argumentos jurídicos no pesan sino que se trata de contar los votos requeridos para destituir al mandatario.
En caso de prosperar la destitución de Lugo, que este viernes 22 tendrá dos horas para su defensa, asumiría el vicepresidente Federico Franco, del PLRA, que mantenido una relación tirante con el mandatario desde el mismo comienzo del mandato.
