La pobreza, que se agudizó en los últimos dos años en México, despunta como uno de los retos mayores para el gobierno que surja de las elecciones generales de este domingo 1 de julio, coinciden expertos.
Mediciones del estatal Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que 52 millones de los 112 millones de mexicanos viven en la pobreza, y casi 23 por ciento de ellos están en la indigencia.
"Será muy importante apoyar más el desarrollo social que la seguridad, aunque también es un tema fundamental. Lo ideal es que la población pueda superar la pobreza por medio de ingresos propios y no por subsidios", dijo a IPS la coordinadora del Observatorio Nacional de Política Social y Derechos Humanos, Ximena Maroto.
Este hace seguimiento y control ciudadano de la política social en salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda, programas de combate a la pobreza y políticas sociales para la equidad y familias.
El gobierno del conservador Felipe Calderón destinó el año pasado unos 21.391 millones de dólares a programas de superación de la pobreza, que ha aumentado debido a la crisis económica que se incubó en Estados Unidos en 2008 y contagió especialmente al resto del mundo industrializado.
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El buque insignia de la actual administración es el Programa Oportunidades, que comenzó como Progresa a fines de los años 90 y que adoptó su formato actual en 2002. Cubre a 21 millones de personas, con presencia en unos 1.200 municipios y un presupuesto que este año llega a casi 5.000 millones de dólares.
Estas transferencias, cuyo modelo ha sido sugerido a otras naciones, están condicionadas a que niños, niñas y jóvenes permanezcan en la escuela y asistan a centros de salud en las zonas más pobres del país.
"Oportunidades es un buen programa. Pero no podemos esperar que un plan solo resuelva el problema de la pobreza. Necesitamos crecimiento económico y una mejor educación", planteó a IPS el director general del no gubernamental Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), Juan E. Pardinas.
La ciudadanía mexicana está convocada a concurrir a las urnas el próximo domingo 1 de julio para elegir 500 diputados, 128 senadores y al presidente del país para un mandato de seis años. Además, habrá comicios en 15 estados, y en siete de ellos también serán para gobernadores.
Enrique Peña, de la alianza Compromiso por México, formada por los opositores partidos Revolucionario Institucional y Verde, encabeza las encuestas de intención de votos.
A Peña le sigue en los sondeos el izquierdista Andrés López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, compuesta por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo y por el Movimiento Ciudadano, y Josefina Vázquez, del gobernante Partido Acción Nacional.
Los tres principales candidatos destacaron en su campaña electoral el combate a la pobreza, vinculándolo con el crecimiento económico y la generación de empleo. Expertos han estimado que la concreción de esas ofertas requeriría entre cuatro y seis por ciento del producto interno bruto (PIB).
La economía mexicana creció 3,9 por ciento en 2011, mientras que para este año las proyecciones del autónomo Banco de México (central) ubican ese indicador entre 3,25 y 4,25 por ciento y las del Fondo Monetario Internacional en 3,6 por ciento.
En su informe de 2011 "Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio", este bloque en cuyo seno están las naciones más ricas del planeta resaltó que el gasto social no se reparte entre la población más necesitada.
El reporte da cuenta de que el 20 por ciento de los más pobres en México capta 10 por ciento de las transferencias orientadas a la reducción de la pobreza.
Desde 2009, la pobreza descendió 3,5 por ciento en Perú, tres por ciento en Ecuador y 2,7 por ciento en Argentina, pero creció 1,7 en Honduras y 1,5 en México, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
"Se invierte en programas sin diagnósticos serios. El gasto social es importante, pero solo se aplican medidas paliativas", analizó Maroto.
Un factor determinante que no siempre está presente es la evaluación de los programas en su diseño y funcionamiento. En ese aspecto, el Coneval identificó 273 iniciativas de alcance nacional, superpuestas en varios casos y no del todo transparentes.
"Es necesario evaluar la política pública y los programas para ver cómo funcionan y eventualmente mejorarlos. No es solo una cuestión de más presupuesto, sino también un mejor gasto", formuló Pardinas.
La OCDE y el Banco Mundial ya alertaron de que la agudización de la crisis económico-financiera global podría empeorar las condiciones de pobreza en naciones como México.
Maroto enfatizó en la dimensión laboral dentro de la definición de programas sociales. "¿Qué pasa cuando los jóvenes acaban la escuela y se encuentran con la falta de empleo?", cuestionó.
Este año se crearán en México más de 600.000 puestos de trabajo, pero lejanos del millón de plazas requeridas para atender un creciente mercado laboral. Si bien el desempleo es bajo, al rondar cinco por ciento de la población económicamente activa, hay 14 millones de personas que trabajan en la economía informal.
El Observatorio del Salario de la jesuita Universidad Iberoamericana, en el sureño estado de Puebla, estimó que los salarios cayeron 32 por ciento en promedio desde 2006 y que el poder adquisitivo de los mexicanos se redujo 4,2 por ciento, con un mayor impacto sobre los segmentos más pobres.
