La enmienda constitucional promovida por el gobierno guatemalteco del derechista Otto Pérez Molina supone avances para los que propugnan democratizar el Estado, pero también despierta temores de que la iniciativa responda solo a intereses sectarios.
"Guatemala era una país distinto en 1985 (cuando se aprobó la Constitución en vigor) al que es ahora y es necesario que nuestro cuerpo constitucional tenga la capacidad de ir adecuándose y de responder a las necesidades actuales", justificó el analista José Carlos Sanabria, de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
"La ley fundamental es como un ser vivo que va perfeccionándose y se va moldeando al ritmo de la evolución política, económica y social, pero la de 1985 tiene muchas áreas que no se han desarrollado", explicó a IPS.
La opinión pública se agitó luego de que el presidente Pérez Molina, un general en retiro, expresó la necesidad de una "reforma constitucional profunda" y, tras ello, anunció la presentación el 2 de julio de una propuesta a ese efecto ante el Poder Legislativo.
El proyecto, cuyo texto expreso aún no se conoce, abarcará asuntos de seguridad y justicia, transparencia gubernamental, fortalecimiento de los partidos políticos y modernización fiscal, según lo adelantado por el propio mandatario.
[related_articles]
Algunos expertos, como Sanabria, coinciden en que los cambios deben hacerse, pero "de forma progresiva", aparte de avanzar "por la reestructuración de las estructuras políticas".
"Como el congreso es el espacio donde se van a discutir estas reformas, es primordial que en principio se mejore la representatividad política, una de las grandes debilidades de nuestro sistema", explicó.
Sanabria se refirió, además, a la necesidad de regular y mejorar la fiscalización del financiamiento público y privado de los partidos políticos.
Es que en Guatemala, grupos sociales y académicos han criticado abiertamente que los partidos sean financiados por las familias más poderosas del país y por grupos del crimen organizado, quienes más tarde cobran "los favores" generados por esos aportes, lo cual "ha minado la democracia".
La iniciativa de Pérez Molina se suma a múltiples propuestas reformistas presentadas sin éxito anteriormente, lo cual podría provocar contratiempos.
"Al existir una multiplicidad de propuestas, la viabilidad para que una reforma constitucional prospere se reduce. Debemos tener mucho cuidado con abarcar muchos temas, es mejor ir desarrollando temas puntuales de manera estratégica", sugirió Sanabria.
Guatemala reformó su Constitución durante el mandato del presidente Ramiro De León Carpio (1993-1996), para depurar los organismos del Estado.
Más tarde, producto de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 que dieron fin a 36 años de guerra civil, se intentó introducir enmiendas constitucionales como el reconocimiento de los pueblos mayas, garífunas y xincas.
Sin embargo, en la consulta popular de 1999 se rechazó esa propuesta, aunque la participación electoral alcanzó apenas 18,5 por ciento de los habilitados para concurrir a las urnas.
Elmer Velásquez, de la no gubernamental Coordinación de Organizaciones no Gubernamentales y Cooperativas de Guatemala, está de acuerdo con la necesidad de reformar la Constitución, aunque sus prioridades son temas no discutidos hasta ahora: la propiedad, la nación, el agua y la tierra.
"El primer asunto que habría que abordar es el carácter social de la propiedad, puesto que en Guatemala se sostiene todavía el atavismo de considerar la propiedad privada como un bien absoluto. Y el segundo es redefinir la nación en tanto que es multilingüe y pluricultural", explicó.
"Dada la coyuntura actual donde hay represas hidroeléctricas, minería, desvío de ríos, hay que darle rango constitucional al tema del agua en vista de que es un bien público. Y el último que reivindicamos es el régimen agrario que debe desarrollarse, porque es clave del buen vivir y de la generación de riqueza", agregó.
Velásquez admitió que la intención del gobierno también implica peligros, y le preocupa uno en particular. "El mayor riesgo es que la reforma sea oportunista, sin solvencia moral y atada a poderes económicos tradicionales, cuyos intereses no satisfagan los de la sociedad", dijo.
Por su parte, Juana Batzibal, líder indígena de la no gubernamental Waqib Kej, entiende que la reforma es un asunto pendiente, porque la actualmente en vigor refleja intereses de un solo grupo, poderoso, y no de muchos.
"Se debe reconocer el carácter pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca, también debe desarrollarse el tema de la madre Tierra que lleva consigo la autonomía patrimonial incluida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1989", explicó a IPS.
No obstante, Batzibal expresó su temor por los verdaderos intereses que esconda una modificación de esta índole.
"Tengo miedo de que se permitan más libertades para que nuestras tierras y territorios puedan ser concesionados a las grandes trasnacionales y que todos los proyectos de minería, hidroeléctricas y otros continúen creciendo, como lo ha dicho el presidente", indicó.
Por tal razón, cree que este no es el momento de desarrollar una reforma constitucional. En principio, "porque una Asamblea Nacional Constituyente marginaría la participación indígena, además de que esto implicaría un diálogo amplio que debería incluir la cosmovisión maya", precisó.
A su vez, el presidente del no gubernamental Centro para la Defensa de la Constitución de Guatemala, el abogado Alejandro Balsells, declaró a IPS que la reforma constitucional debe ser parte de una amplia discusión donde no se les deje a los políticos "como una hoja en blanco donde pueden hacer lo que quieran".
Balsells comentó que las reformas del sector judicial y del sistema político son prioritarias. Pero considera que antes deben hacerse cambios en la ley electoral para evitar que el Poder Legislativo, encargado de su aprobación, caiga en los mismos vicios de siempre.
