Perú recibió la certificación de país cumplidor de las exigencias de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Sin embargo, estos esfuerzos aún no parecen suficientes para aquietar los reclamos de la población de las zonas mineras y petroleras.
Con la participación de unos 60 delegados de diversos países, el Consejo Internacional de EITI (según sus siglas en inglés) sesionó por primera vez en Lima, el miércoles 27 y este jueves 28, para evaluar la ampliación de exigencias debido a que la explotación de los recursos naturales aún genera desconfianza y no se traduce en desarrollo sostenible.
Las sesiones estuvieron signadas por largos debates entre representantes del gobierno de Ollanta Humala, las empresas, la sociedad civil y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
América Latina es la región que tiene menos gobiernos que participan en EITI, pero se espera que cada vez más países se sumen a esta iniciativa. Colombia ya anunció su interés en unirse a este esfuerzo, mientras que Guatemala, Estados Unidos y Trinidad y Tobago ya trabajan para concretar su participación.
En cualquier caso, la mayoría coincide en que se necesita dar nuevos pasos para conseguir que la transparencia tenga algún impacto en la vida de la gente.
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"No podemos seguir informando sólo sobre la transparencia en la renta, sino que la gente necesita saber cómo se distribuyen y ejecutan los recursos", señaló a IPS el economista Epifanio Baca, directivo del Grupo Propuesta Ciudadana, miembro del Consejo Internacional de EITI y representantes de organizaciones de sociedad civil ante la Comisión de Perú de esta entidad.
"Rendir cuentas sobre la calidad del gasto es fundamental porque tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de estas personas", apuntó.
La EITI es un esfuerzo global que desde 2002 busca que las empresas de las actividades extractivas publiquen la información sobre sus pagos tributarios y no tributarios a los estados y de esta forma evitar la corrupción.
Actualmente, 35 países se han sumado a esta iniciativa y 14 de ellos obtuvieron la certificación de cumplidor en materia de transparencia, entre ellos Perú, hasta comienzos de este año.
Pero los esfuerzos de transparencia aún no han permitido aquietar el descontento de los pueblos de las zonas donde se extraen los recursos, tal como reconoció el presidente de Perú, Ollanta Humala, el martes 26 en el foro "Gobierno Abierto y Transparencia de las Industrias Extractivas en América Latina y el Caribe", que sirvió de antesala a las sesiones del Consejo de EITI.
"No es suficiente todavía para sacar las grietas, las fracturas que tenemos desde que somos República. Necesitamos hacer más", dijo Humala.
En los últimos años Perú ha vivido en un escenario social convulsionado. Durante el gobierno anterior, de Alan García (2006- 2011), los conflictos sociales se dispararon para pasar de sumar 82 en junio de 2006 a 217 en el mismo mes de 2011.
La mayoría de los conflictos son socioambientales y tienen un alto costo social: cerca de 200 personas murieron y más de 2.000 fueron heridas durante protestas entre enero de 2006 y setiembre de 20011, según los reportes de la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Pero el panorama tampoco ha sido alentador en lo que va del gobierno de Humala, que aún no termina de convencer a los opositores del conflictivo proyecto minero Conga, de la compañía aurífera Yanacocha- Newmont, en el norteño departamento de Cajamarca.
Humala acaba de darle luz verde a este proyecto y no resulta extraño si se toma en cuenta que, según el ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Merino, la industria extractiva representa 75 por ciento de las exportaciones del país.
Los participantes de EITI coinciden en que la transparencia en las actividades extractivas podría contribuir a apaciguar el escenario social no solo en Perú, sino también en otros países de América Latina.
Por ello, algunas organizaciones de la sociedad civil que participan en el Consejo Internacional de EITI coincidieron en que es necesario ampliar las exigencias y descentralizar la información.
Baca consideró que los gobiernos regionales y municipios también deben rendir cuentas y hacer un esfuerzo para que la información sea confiable, comprensible y sencilla.
Por su parte, el director ejecutivo del BID y exministro peruano de la Producción, Kurt Burneo, coincidió con el economista. "Si se quiere tener legitimidad social, tiene que haber confianza y no la hay sin transparencia", señaló a IPS.
Carlos Aranda, gerente de Servicios Técnicos de la firma Southern Perú y miembro de la Comisión EITI en representación del empresariado, entiende que es importante que las compañías no se escondan en el anonimato y brinden cada vez más información.
"Es importante la transparencia, pero los estudios de impacto ambiental tampoco se pueden hacer en la Plaza de Armas para que todos se enteren. No podemos sospechar de todo y pensar que siempre hay un arreglo debajo de la mesa", declaró Aranda a IPS.
Pero estos problemas de desconfianza y conflictos por las actividades extractivas no son exclusivamente peruanos.
Célica Hernández, de la Fundación Jubileo de Bolivia, indicó a IPS que, hasta fines de 2011, las diversas instancias de gobierno en Bolivia no habían ejecutado 2.200 millones de dólares de los recursos, un monto similar a lo que recauda su país por la actividad hidrocarburífera.
"Esto tiene muy descontenta a la población", señaló Hernández a IPS en un alto de las reuniones. Bolivia no forma parte de EITI, pero la sociedad civil ha intentado promover la transparencia.
En Colombia también empiezan a estallar conflictos en algunas zonas, según Carlos Andrés Cante, director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, ese país aún vive el boom de las exploraciones, ya que la mayoría de los proyectos no se ha ejecutado.
Colombia ya trabaja en la instalación de una Comisión EITI para convertir la transparencia en una política de Estado, dijo Cante a IPS.
Los avances en los diversos países de la región se dan a diferente ritmo, pero "hay cada vez más empresas y gobiernos que consideran que no se puede avanzar en este tema con secretismo y sin legitimidad", puntualizó Baca.
