Bajo la mirada vigilante de periodistas y por una contundente acción cívica, el parlamento de Colombia archivó finalmente una polémica reforma a la justicia que había aprobado solo seis días antes. Pero la oposición social sigue alerta ante dudas de procedimiento que igual pueden ponerla en vigor.
"Es el primer triunfo ciudadano después de la Constitución de 1991", dijo a IPS el director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, Armando Novoa.
En 1990, un movimiento civil conocido como Séptima Papeleta logró que se reconociera su votación convocando a una asamblea constituyente, la cual expidió la nueva ley fundamental a mediados del año siguiente.
Ahora, lo que ocurrió fue que "el constituyente primario salvó la Constitución que conquistó en 1991 con la Séptima Papeleta", opinó en la red social Twitter Óscar Ortiz, uno de los gestores de la movilización ciudadana de entonces.
Novoa recalcó que "esto es producto de una manifestación de indignación ciudadana muy acompañada por los medios de comunicación y por las redes sociales. Sin esa expresión, ni el gobierno habría rectificado ni el Congreso (legislativo) habría hundido (archivado) la reforma", como ocurrió.
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La Cámara de Representantes y el Senado archivaron el jueves 28 el Acto Legislativo de reforma constitucional que los entretuvo por casi dos años y que, entre otras cosas, incorporaba cambios al sistema judicial que, según los expertos, garantizaban la impunidad a los propios parlamentarios, así como a ministros, embajadores y otros altos funcionarios.
La marcha atrás se hizo por recomendación del gobierno. Ambos poderes del Estado se vieron cercados por la acción social y críticas de algunos periodistas, en un movimiento que, en la práctica, se formó a fuego lento hace varios meses y saltó a la palestra el miércoles 20.
Ese día se conoció la versión final de la reforma y el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, instó a los congresistas a votarla.
Ocho días después confesó en la sesión plenaria del Senado que, supuestamente, no detectó normas lesivas para la justicia, la mayoría de las cuales fueron introducidas durante el trámite que su despacho siempre acompañó. "Las debí ver y no las vi", reconoció, antes de renunciar al cargo el viernes 22.
El Acto Legislativo de reforma de la Constitución pretendía blindar, según activistas, a los más altos funcionarios frente a la justicia, y restaba independencia a ese poder del Estado. Tampoco resolvía los graves problemas que este afronta: insuficiente presupuesto y morosidad, que llevan a que menos de uno por ciento de los casos que entran a la Fiscalía General de la Nación lleguen a los tribunales.
"Ya con la tormenta atrás, tenemos que volver al rumbo", dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras el archivo de la reforma en el Congreso.
Sin embargo, las aguas no parecen apaciguarse.
Una encuesta urbana y bimestral realizada por la firma Gallup entre el 21 y el 27 de este mes, justo en medio de la mencionada tormenta, indicó que la imagen de Santos cayó de 64 a 48 por ciento.
Según la misma medición, la merma es solo superada por la que sufrió el entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998) cuando estalló el escándalo sobre la financiación de su campaña presidencial por el narcotraficante Cartel de Cali, hoy desmantelado.
Ortiz, quien fue jefe de la lucha anticorrupción, advirtió que, aunque el gobierno devolvió al parlamento la reforma ya "en estado de coma", esta fue sepultada apenas en estado "cataléptico", pero aún "falta el certificado de defunción de la Corte Constitucional".
Esa Corte, sin embargo, puede tomarse su tiempo. Por eso, del cuestionado Acto Legislativo y sus efectos se habla también en tiempo presente en el comité promotor del referendo derogatorio de la reforma a la justicia, constituido el sábado 23 y del cual Novoa es portavoz.
Novoa advirtió que el Acto Legislativo "quedó mal hundido", pues la votación de ambas cámaras se hizo en "unas sesiones extras que son inconstitucionales".
Esto debido a que la Carta ordena que las reformas a la Constitución deben hacerse en ocho debates, y las sesiones extras pueden contabilizarse como uno adicional.
Además, la ley fundamental indica que un presidente no puede "objetar" una reforma constitucional del Legislativo, como lo hizo el actual jefe del Poder Ejecutivo. El decreto de Santos que convocó a las sesiones extraordinarias del parlamento ya fue demandado ante el Consejo de Estado.
"Un pronunciamiento de la justicia sobre el tema puede llevar a que se reactive esa reforma cuando ya el movimiento ciudadano haya perdido fuerza. Entonces, necesitamos llegar al número de firmas" necesarias para inscribir el comité promotor ante la autoridad electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, insistió Novoa.
El comité calculaba que entre el sábado 23 y el jueves 28 había recolectado casi 150.000 de las cerca de 156.000 exigidas para incoar el proceso hacia un referendo. La recolección de rúbricas prosigue entonces.
Según el procedimiento, la Registraduría valida una por una las firmas estampadas en formularios específicos e inscribe el comité promotor, que debe estar conformado por nueve personas incluido un portavoz.
A partir de allí comienza la recolección de firmas para que se realice el referendo. El número de firmantes exigido equivale a cinco por ciento del padrón electoral, que con corte al 21 de marzo era de 31.147.177 habilitados para votar. Es decir, que se requieren más de 1.558.000 firmas que pidan el referendo.
Luego, este debe ser respaldado por la cuarta parte de los habilitados para concurrir a las urnas.
El comité promotor propone conformar una mesa "muy amplia" para confeccionar una reforma a la justicia liderada por la sociedad, "que responda a las verdaderas preocupaciones de la gente: impunidad, morosidad y una justicia cercana a la gente", dijo Novoa.
Además, el comité considera que se deben promover sanciones políticas y jurídicas para los partidos, así como pérdida de investidura para las decenas de congresistas que, teniendo investigaciones en curso, votaron la reforma.
Similar acción se adelantaría contra las comisiones de conciliación de la reforma, responsables de la versión final que causó el levantamiento ciudadano.
Novoa también señaló que "debe derogarse el Acto Legislativo 1, de 2011, que permitió a los congresistas investigados votar la reforma a la justicia sin declarar que tenían interés personal en ella".
