En vísperas de acoger la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio+20, que discutirá el rumbo de la economía verde, esta ciudad brasileña pone fin a uno de sus mayores crímenes ambientales: el gigantesco basurero de Gramacho, en la Bahía de Guanabara.
Durante más de tres décadas, en el vertedero de basura Jardim Gramacho se acumularon 60 millones de toneladas de residuos sólidos, creando una montaña de 50 metros de altura, sin que tuviese tratamiento o contención alguna para mitigar la degradación ambiental en la bahía, situada en el norte de la ciudad de Río de Janeiro.
El Jardim Gramacho es un ejemplo del problema de las ciudades brasileñas con el manejo de sus residuos sólidos, que afecta a muchos hogares situados en los alrededores de improvisados vertederos, además del área donde se han ubicado.
"Río de Janeiro no admitirá más violencias contra el ambiente, como fue este crimen ambiental que la ciudad ha cometido por mucho tiempo", afirmó el alcalde de Río, Eduardo Paes, cuando el domingo 3 cerró el considerado mayor vertedero de basura de América Latina, junto con la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixera.
En un acto especial, una mole de barro enterró el vertedero, que llegó a ocupar 1,3 kilómetros cuadrados, y al recinto se le puso simbólicamente un candado.
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Pero el cierre de Jardim Gramacho no pone fin a los daños ambientales generados, como el derramamiento de líquidos tóxicos al ambiente, dijo a IPS la ecologista Vera Chevalier, directora de la organización no gubernamental Ecomarapendi.
"Gramacho es el ejemplo de un grave desastre ambiental en Brasil, que generó un pasivo imposible de resarcir, porque es imposible recuperar el área de los daños causados", planteó.
Cuando se instaló el vertedero en 1978, en plena dictadura militar (1964-1985), se proyectó que recibiría un máximo de 3.000 toneladas de residuos diarios durante 20 años.
Pero el cierre de Jardim Gramacho se postergó 14 años más y al vertedero se depositaban diariamente cerca de 9.000 toneladas de desechos.
Su cierre fue finalmente forzado por la institución en 2010 de la Política Nacional de Residuos Sólidos, que obliga a que antes de 2014 sean eliminados todos los vertederos situados en áreas inapropiadas para depósitos de residuos.
La medida se hizo efectiva cuando faltan días para que la ciudad brasileña acoja la cumbre de Río+20, entre el 20 y el 22 de este mes, dos décadas después de que en el mismo mes y en este mismo lugar se hiciera la llamada Cumbre de la Tierra.
En el área, se informó, se instalará ahora una planta de biogás, con el objetivo de transformar el metano en descomposición del vertedero en "gas verde", informaron las autoridades.
Mientras, la basura será manejada por un Centro de Tratamientos de Residuos Sólidos, instalada en la ciudad de Seropédica, a 75 kilómetros de Río, ciudad ubicada a 75 kilómetros de Río de Janeiro. La planta, aseguran sus promotores, es la más moderna de América Latina.
Gramcho representa un símbolo de la degradación ambiental, social y de trabajo indigno. Unas 5.000 personas llegaron a sobrevivir del reciclaje de basura vertida, que disputaban a los buitres y a los cerdos, en condiciones de trabajo y de vida muy duras.
Horas bajo el sol y la lluvia, en jornadas de más de 10 horas, en condiciones infames era su día a día.
Cada reciclador tiene su propia historia de sufrimiento y enfermedades provocadas por el contacto cotidiano con la basura y la contaminación del área, en una labor realizada muchas veces por mujeres.
Gloria Cristina dos Santos, de 36 años, comenzó como recicladora a los 11, donde trabajaba con su madre y hermanos, para contribuir con el sustento familiar, que no podía proveer solo su padre estibador.
"Soy recicladora hace 25 años y mi adolescencia fue terrible. Gran parte de mi vida la pasé en Gramacho. Recuerdo que a los 18 años era muy difícil circular por la ciudad porque los residentes evitaban el contacto con nosotros. Éramos apestados", dijo.
Ahora, Santos es representante de una cooperativa de recicladores y fue una de las figuras más activas en el proceso del cierre del vertedero y en la capacitación de sus colegas para garantizar su futuro en mejores condiciones de vida y de trabajo.
"Trabajar en Gramacho nunca fue deshonroso, pero siempre fue inhumano. No me da vergüenza ser recicladora, es una manera de apoyar mi familia. Ahora nosotros seguiremos en la cadena productiva de reciclaje de una forma más organizada y segura", defendió Santos.
En el último año, quedaban en Gramacho 1.700 de estos trabajadores, de los que 400 manifestaron su deseo de seguir con esa tarea tras el cierre del vertedero.
En los años 90, muchos recicladores obtenían el equivalente a 600 dólares mensuales por su actividad, pero en los últimos meses los que quedaban apenas lograban la mitad de esa cifra.
Las autoridades municipales de Río de Janeiro acordaron con las cooperativas que destinarán 700.000 dólares a indemnizar a los recicladores por el cierre.
El presidente de otra de las cooperativas de Gramacho, Sebastião Carlos dos Santos, conocido como Tião, dijo a IPS que es gran defensor de la inclusión formal en el mercado de trabajo de recicladores.
"Es la primera vez en 34 años que vamos a tener voz y a ser reconocidos", dijo, antes de asegurar que "la nueva política de residuos sólidos va a erradicar los vertederos, pero no a los recicladores".
"No queremos que se haga la exclusión de la exclusión. No defiendo que alguien trabaje en un basurero de manera inhumana, con riesgo de su vida y su salud", se lamentó.
"Espero que podamos dejar atrás Gramacho de la mejor manera posible y mostrar que existe vida tras su desactivación", declaró Tião.
Valdenir Pereira da Costa, de 29 años, trabajaba hacia 18 años en Gramacho y hasta el día antes de su cierre mantuvo su rutina de siempre en el vertedero. Pero aseguró a IPS que no forma parte de ninguna cooperativa y que tendrá que buscar otra forma de sobrevivir.
"No sé bien adónde ir ahora", reconoció Costa, que al igual que sus cinco hermanos creció en el vertedero y cuyo cierre le deja "un poco huérfano".
Más allá de los esfuerzos, el gubernamental Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) adelanta que Brasil difícilmente podrá cumplir con el compromiso de eliminar todos los vertederos en 2014, porque en el país sobreviven todavía 2.906 basureros diseminados por 2.810 municipios.
"El desafío es enorme, pero es importante que intentemos cerrar todas las zonas inapropiadas para depositar basura.", dijo a IPS uno de los investigadores de IPEA, Albino Alvarez, que monitorea la situación de la gestión de los residuos en el país.
Pero adelantó que los vertidos de basura se mantendrán como una deuda ambiental hasta 2020.
