Después de 62 días de marcha, indígenas de zonas tropicales de Bolivia que se oponen a la construcción de una carretera a través de un parque protegido llegaron a las puertas de la sede del gobierno este miércoles 27, pocas horas después de que se levantara una huelga nacional de policías.
El millar de indígenas, llegados a La Paz por novena vez, permanecerán en vigilia hasta obtener el compromiso del gobierno izquierdista de Evo Morales, el primer presidente aborigen de Bolivia, de respetar sus tierras en el Parque Nacional Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), la mayor reserva de agua y recursos naturales del país.
El tramo final de la marcha, que transitó desde las afueras de la ciudad hasta la céntrica sede de gobierno, sorteó otra manifestación protagonizada por indígenas aymaras afines a Morales, con la finalidad de evitar un choque.
La tensión creció en esta jornada, precisamente, por la presencia de los combativos "ponchos rojos", una etnia andina que envió a sus representantes como señal de respaldo político al mandatario, a la que se sumaron sindicatos y otras agrupaciones sociales leales al gobernante Movimiento al Socialismo.
El ingreso a La Paz de la protesta de los habitantes del territorio amazónico, situado entre los centrales departamentos de Cochabamba y Beni, estuvo precedido de una huelga de policías de bajo rango que hasta el martes 26 permanecieron amotinados en demanda de aumento de sueldos.
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El acuerdo entre los uniformados y el gobierno se firmó en la madrugada de este miércoles, tras seis días de huelga, con la asignación de un bono equivalente a 30 dólares y una mejora salarial de 14 dólares.
"Nuestra marcha no reclama solamente la preservación del Tipnis. Es un acto de defensa de la dignidad de los bolivianos para el respeto de los territorios indígenas, además de la defensa de la biodiversidad, el ambiente, la Madre Tierra y la Constitución Política del Estado", señaló a IPS el líder de la movilización, Fernando Vargas.
Por su parte, el coordinador general de la Fundación Pacha Amuyu, el antropólogo aymara Juan Ángel Yujra, comentó a IPS que "una marcha recibida por otra contramarcha indígena ha causado un dolor extremo".
Las presencia en La Paz de indígenas de zonas tropicales casi enfrentados a originarios de la etnia aymara, a la cual pertenece Morales, fue interpretada por Yujra como una ruptura entre los sectores sociales que en el pasado participaron de una alianza para llevar al gobierno a Morales.
Es "una prueba de fuerza" por la definición de quién posee el poder para definir por un modelo de desarrollo "bajo una modalidad transnacional" o la defensa de tierra-territorio y naturaleza apoyada por gobiernos extranjeros, expresó.
En octubre de 2011, al finalizar la octava marcha de las comunidades agrupadas en la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), el presidente Morales aceptó la defensa del Tipnis y promulgó una ley que prohibía la destrucción de la región protegida y, con ello, descartó la construcción de una carretera a través de esa zona.
Sin embargo, colonizadores y cultivadores de coca cercanos al oficialismo marcharon a su vez en febrero de este año desde la zona central de Bolivia hasta La Paz y lograron una legislación que convoca a una consulta sobre la polémica ruta. Esa decisión fue interpretada como un retroceso en la política gubernamental.
Los apostados frente a la sede gubernamental reclaman, precisamente, la abrogación de la Ley 222, que deja abierta la posibilidad de construir el camino, y también piden una reglamentación para que el principio constitucional de consulta previa a los pueblos indígenas garantice sus derechos sobre sus territorios en todo el país.
El diputado Pedro Nuni, que representa a los habitantes de zonas selváticas, dijo a IPS que se espera una disposición del gobierno a conversar sobre la problemática.
Antes de la llegada de la marcha, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, expresó que el diálogo será instalado sobre las bases legales señalada por el Tribunal Constitucional que exige consenso antes de una consulta entre los pueblos indígenas del Tipnis.
La columna de caminantes respaldada por estudiantes universitarios, ciudadanos de clase media y sectores populares, intentó atravesar por la plaza Murillo, el centro político de Bolivia, pero fueron reprimidos por policías, los mismos que horas antes demandaban justicia social y derecho a expresarse.
"Este hecho es una discriminación. El presidente Morales no es dueño de la plaza, es de todos", exclamó la presidenta de la novena marcha, Bertha Bejarano.
Mujeres embarazadas, con niños en brazos, menores caminando con el cansancio acumulado y hombres de selva, recibieron una adhesión de miles de paceños, y ese hecho, según Yujra, es un reconocimiento de personas con "culturas diferentes, con derechos y modos de vida asociados a la naturaleza".
"Sólo un consenso puede ayudar a resolver el conflicto y pacificar al país", afirmó el antropólogo que pronostica una larga lucha por tierras y la protección ambiental, como un reflejo de otros conflictos de orden mundial.
