Imágenes dramáticas se difunden desde Wurzburgo, en el estado alemán de Baviera, donde una mujer y seis hombres se cosieron la boca con tanza como símbolo de que su huelga de hambre no tiene marcha atrás.
Se trata de refugiados iraníes que desde marzo ocupan la plaza central de Wurzburgo, 400 kilómetros al sudeste de Berlín, en protesta contra la política de asilo de Alemania, en general, y contra el trato dispensado a su caso por las autoridades locales, en particular.
La movilización escaló desde comienzos de este mes, cuando numerosos solicitantes de asilo iraníes decidieron comenzar una huelga de hambre y coserse la boca. El grupo de Wurzburgo pertenece a un movimiento nacional mayor contra las políticas alemanas que los obligan a vivir en la pobreza y el aislamiento.
El reclamo de iraníes para que Alemania los reconozca como refugiados políticos es de larga data, pero siguen soportando leyes extremadamente duras que los obligan a vivir en comunidad, depender de alimentos embasados, en vez de cocinar su comida, y no poder trabajar.
Con apoyo de organizaciones de derechos humanos y abogados, activistas contrarios a la norma sobre asilo llevaron el caso al tribunal constitucional, que deberá expedirse el 20 de este mes sobre si la Ley de Servicios Sociales de Solicitantes de Asilo viola la Constitución nacional.
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Unos 80.000 inmigrantes, entre los que hay refugiados de guerra, solicitantes de asilo y otros sin documentos, sufren las consecuencias de las estrictas disposiciones de la ley.
En el caso de los iraníes, la radicalización de la protesta llevó al deterioro de la salud de los implicados y generó críticas de algunos de sus defensores.
El portavoz del grupo, Armin Jahanizadeh, dijo a IPS: "Estamos bastante preocupados por nuestra salud. Solo tomamos agua con una pajilla. Hay uno que tiene problemas en los riñones y otro recién salió del hospital. Pero no podemos detener nuestra protesta, no hasta que el estado alemán nos reconozca como refugiados políticos".
Volver a Irán no es una alternativa, dijo. "Muchos de nosotros estuvimos en prisión y, si volvemos, el régimen no manda de vuelta a la cárcel", señaló.
Desde el principio de la protesta y hasta la semana pasada había médicos controlando la salud de los huelguistas, indicó Jahanizadeh. "Pero desde el lunes 11 dejaron de venir" a la plaza central, apuntó.
En una carta abierta dirigida al alcalde de Wurzburgo, Rainer Schohe, uno de los médicos que los atendió desde el 19 de marzo declara que hace "entrega a las autoridades de la responsabilidad por la vida y la salud de los refugiados a la ciudad".
"La decisión política de los refugiados, de profundizar la protesta cosiéndose los labios, nos obliga a reevaluar nuestro compromiso", apuntó Schohe.
"Pese a que respetamos la lucha de los huelguista en la búsqueda de asilo político y su desesperación, no podemos hacer frente a las condiciones extremas que prevalecen en la plaza", escribió el médico.
Schohe mencionó explícitamente que los solicitantes de asilo solo tienen una tienda de campaña abierta como refugio y sufren de una falta grave de sueño.
La nueva situación hizo que algunas figuras políticas, que apoyan sus reclamos, les urgieran a detener la huelga de hambre y a permitir que los médicos quitaran la costura.
Simone Tolle, miembro del parlamento de Baviera, dijo que al coserse los labios, los huelguistas habían "habían excedido los límites de la protesta porque imposibilitaron todo diálogo para mejorar su situación".
"Abran la boca otra vez", urgió Tolle a los huelguistas. "Alcen su voz contra el régimen iraní y contra la política alemana inhumana de asilo", añadió.
Desde el principio de la movilización, hubo fallos judiciales a favor de varios solicitantes de asilo. "Estoy segura de que para fines de este año habrá más", añadió.
Pero Tolle también se lamentó de que las autoridades locales sigan ignorando la protesta, y mantengan una "política de asilo basada sobre la discriminación, la humillación y el paternalismo hacia los refugiados".
Los huelguistas reclaman el cierre de todos los asilos comunes porque "segregan a los refugiados y causan enfermedades y hasta suicidios", según escribieron en su blog.
También reclaman poner fin a las deportaciones masivas y el derecho de trabajo mientras esperan el procesamiento de sus casos.
La ley, aprobada en 1993 y enmendada varias veces, establece que los solicitantes de asilo y otros inmigrantes ilegales solo tienen derecho a cupones o paquetes de alimentos, pero no a dinero ni a trabajar.
Además, la norma fija un límite económico para la asistencia estatal bastante por debajo del mínimo de bienestar social otorgado a los ciudadanos desempleados.
Incluso ese "mínimo" es muy criticado, pues utiliza estándares extremadamente bajos para asignar valores monetarios a las necesidades humanas básicas, como vestimenta, calefacción y acceso a la educación.
Numerosas organizaciones de derechos humanos, entre las que está Amnistía Internacional y ProAsylum, y abogados de la Iglesia Católica sostienen que son disposiciones discriminatorias que violan la cláusula básica de la Constitución alemana sobre el carácter inalienable de la dignidad humana.
"La ley es inconstitucional y debe ser abolida", opinó el profesor de derecho Georg Classen, autor de un análisis constitucional de la ley y miembro del consejo de refugiados alemán.
