Emma Veleta y Toribio Muñoz se casaron hace 40 años y tuvieron siete hijos, cuatro varones y tres mujeres. Vivían en el municipio de Anáhuac, a 100 kilómetros de la capital del norteño estado mexicano de Chihuahua. El 19 de junio de 2011, en pleno festejo del Día del Padre, se desató la tragedia.
Unos hombres armados y vestidos con uniforme de la policía federal entraron a la casa de esta familia y se llevaron a Muñoz, un jubilado ferrocarrilero, y a todos sus hijos varones, un sobrino, un yerno y un nieto. Veleta no los ha vuelto a ver.
"Pensé que si venía a (la ciudad de) México iba a tener pistas de mi familia, y no encontré nada, pero descubrí que somos muchísimas sufriendo lo mismo", dijo a IPS la mujer, quien tuvo que huir de su comunidad después de recibir una serie de amenazas telefónicas.
La enfermera jubilada Guadalupe Aguilar, tampoco sabe nada de su hijo, José Luis. Lo último que supo de él fue el 11 de enero de 2011, cuando el joven de 34 años iba a reunirse con su hermano en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.
"Era un recorrido de 12 minutos, pero nunca llegó. Y su carro (automóvil) apareció después en Colima (estado aledaño)", dijo la madre, quien el 7 de septiembre se hizo presente en un acto del presidente de México, Felipe Calderón, y le pidió ayuda para encontrar a su hijo.
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Calderón "me dijo que me recibirían en la Procuraduría de Víctimas, que abriría un expediente, y todo eso se ha hecho, pero en concreto no tengo nada", dijo a IPS. "Por eso yo veo a todas estas mujeres aquí y pregunto: ¿cuántas tenemos que ser para que nos hagan caso? ¿Por qué no hacen nada?".
Veleta, Aguilar y muchas otras no festejaron el Día de la Madre, que en México se celebra cada 10 de mayo. Cambiaron las flores y los mariachis por una demanda de justicia a la que llamaron Marcha de la Dignidad Nacional.
"Fuimos a recordarle a México que no tenemos mañanitas, no tenemos mucho que celebrar porque una parte del corazón está muerta", dijo a IPS la activista Norma Ledezma, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas de Chihuahua.
Salieron el lunes 7 de este mes de los municipios del norte de México, asolados por la violencia, como Cuauhtémoc, Anáhuac, Bocoyna, Gran Morelos y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Luego se les unieron madres de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco.
Después de andar 2.000 kilómetros llegaron el miércoles 9 a la capital del país, donde se sumaron las madres del Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), que tiene registrados 319 casos de nacionales de ese país desaparecidos en México.
El viernes 11 se reunieron con la procuradora general de la República, Marisela Morales, para plantearle sus principales demandas, como la investigación federal de los casos y la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, la creación de una base nacional de datos con cada hecho documentado y la creación de una fiscalía especial para las desapariciones.
También reclamaron la implementación de protocolos de investigación y un programa federal para atender a las familias, así como la aceptación de todas las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para desapariciones forzadas de personas.
El secretario de gobernación (ministro del Interior), Alejandro Poiré, les canceló la cita que tenían.
"¿Dónde están", es el grito de estas madres organizadas en cada puerta que tocan. Con ellas caminaron integrantes de la organización HIJOS, formada por hijas e hijos de personas desaparecidas durante las décadas del 60 y del 70, en el período conocido en México como la "guerra sucia".
"No pierdan la fe. Nunca piensen que están muertos, Búsquenlos todo lo que se pueda, luchen todo lo que se pueda. Yo estoy luchando desde 1975, ya estoy muy vieja", les dijo la senadora Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka y quien fue a visitarlas al campamento que instalaron el jueves 10 en el Ángel de la Independencia.
La mayoría de estas mujeres, sin embargo, son víctimas indirectas de la guerra contra la delincuencia emprendida por el presidente Calderón, desde que inició su mandato en diciembre de 2006. A partir de entonces, las organizaciones convocantes de la marcha han documentado más de 800 desapariciones.
Pero no hay cifras oficiales. La única pista sobre la dimensión de la tragedia la dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos en abril de 2010, cuando informó que tenía registrados 5.397 reportes de personas desaparecidas y casi 9.000 cuerpos sin identificar.
Las gemelas Nitzia y Mita, de 16 años, buscan a su madre, Nitzia Paola Alvarado Espinoza, quien fue detenida el 29 de diciembre de 2009, junto con su tío José Ángel y su prima Rocío, por militares en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Ninguno de ellos fue presentado nunca a ninguna autoridad. Después de eso, 37 integrantes de esta familia tuvieron que salir del estado.
La caravana que llegó al Ángel de la Independencia, que el fin de semana pasado regresó, también recibió una carta de familiares de víctimas que conformaron la organización LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia), de Nuevo León, uno de los estados más lastimados por la violencia y donde este fin de semana fueron encontrados 49 cuerpos decapitados.
"No hay palabras suficientes que describan el dolor que sentimos las madres por la desaparición de un hijo o hija ( ), pero si algo pudiéramos decir, si con algunas palabras pudiéramos expresarlo, les diríamos que es un calvario, un vía crucis que no termina, una agonía que no cesa", se indica en la misiva.
"Nuestro dolor y nuestra lucha por nuestros hijos e hijas desaparecidas se extiende al ver a una parte de la sociedad indiferente, un gobierno donde también hay autoridades corruptas y coludidas con el crimen", añade LUPA.
Estas mujeres organizadas son madres huérfanas de sus hijos e hijas, y abuelas que no saben qué responder a sus nietos cuando les preguntan por su papá o su mamá. Pero han decidido convertir su dolor en una lucha por la justicia.
Julia Ramírez tuvo 12 hijos. Alejandro, el mayor de ellos, decidió emigrar a Estados Unidos cuando cumplió 18 años para ayudar con los gastos familiares. El 21 de marzo de 2011 dejó su casa de San Luis de la Paz, en Guanajuato, centro del país, y se marchó junto con otros 16 campesinos. Nadie los ha vuelto a ver.
"Mis hijos me decían que iba a haber un festival por el día de las madres. Me dolió mucho dejarlos, pero tengo que seguir la búsqueda: ellos están en la casa, su hermano no", contó.
