Tal como «Iguana», personaje que en el filme «Días de gracia» (2011) custodia a un secuestrado, una cantidad indeterminada de adolescentes y hasta niños mexicanos aficionados al fútbol y a otros juegos aparecen involucrados, voluntariamente o por la fuerza, en ese tipo de delitos.
Expertos consultados por IPS consideran que niñas, niños y jóvenes se encuentran desvalidos frente a la creciente violencia en México.
«La tendencia de la violencia armada es tan grave que ha alcanzado a la infancia», aseguró Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
«La pregunta es por qué se siguen matando y pareciera que aquí no pasa nada, mientras que en otro país esto sería una emergencia nacional», cuestionó ante IPS el titular de esta coalición que aglutina a 73 organizaciones no gubernamentales que promueven el respeto a los derechos de la infancia y la aplicación de políticas públicas para ese segmento poblacional.
La tasa de mortalidad general entre los menores de 18 años crece desde 2008 en este país que tiene 39 millones de sus 112 millones de habitantes en esa franja etaria. Datos del Sistema Nacional de Indicadores en Salud (Sinais) indican que pasó de 2,3 casos por cada 100.000 habitantes ese año a 3,6 en 2010, cuando se registró el mayor número de muertes en el último decenio.
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La franja de entre 15 y 17 años fue la más golpeada, con 10,7 muertes cada 100.000 personas en 2009 y 14,4 en 2010.
«El Estado ha dejado un vacío institucional propio de estados débiles, fallidos. Hay patrones de errores a ese nivel», señaló a IPS el presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, el profesor universitario Edgardo Buscaglia, exasesor de la Organización de las Naciones Unidas.
En sus estudios, ha encontrado que en ocho de cada 10 expedientes judiciales abiertos desde 2003 están involucrados menores de edad.
Buscaglia, especialista argentino en temas de seguridad, también aseguró que en México se registran 44 de los 58 tipos de violaciones de derechos humanos a menores que enumeran los convenios internacionales.
El Sinais registra 1.180 homicidios de niños, niñas y adolescentes con arma de fuego en 2009 y 1.406 en 2010. En particular, las muertes violentas por esta vía de jóvenes de 15 a 17 años fueron 681 y 964, respectivamente.
En diciembre de 2006, el entonces flamante presidente de México, el conservador Felipe Calderón, ordenó el despliegue de miles de soldados y policías para combatir a las bandas que pugnan por el control de la distribución de drogas ilegales dirigidas al suculento mercado estadounidense.
Esa campaña dejó hasta ahora más de 47.000 personas muertas, la desaparición de por lo menos otras 10.000, el desplazamiento de sus hogares de 250.000 y una cantidad desconocida de huérfanos, según recuentos periodísticos locales y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El seguimiento hemerográfico emprendido por Redim da cuenta de 244 niños y adolescentes muertos en 2011 por hechos violentos derivados de la lucha contra el narcotráfico, mientras que 50 perdieron la vida en lo que va del año.
«El desafío del crimen es un tema fundamental por la gravedad de las violaciones a derechos humanos. Hay una creciente participación de menores en la delincuencia organizada», destacó Consuelo Morales, directora de la no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
Los jóvenes «se ven en situación de riesgo por la delincuencia y por las respuestas de las autoridades, muchas veces irracionales y anticonstitucionales», agregó.
Dentro de la campaña «Infancia sin violencia» lanzada en noviembre, la Redim aplica el Mapa Geo-referencial sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes para identificar y prevenir las agresiones armada, física y sexual en contra de esa fracción poblacional.
Esta herramienta tecnológica permite que los ciudadanos puedan enviar reportes de casos de esas tres variantes y así construir una base de datos para rebatir la falta de información oficial fiable sobre el fenómeno.
«Los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios», cita el informe de 2011 titulado «Infancia y conflicto armado en México».
«Las niñas aparecen sobre todo en el empaquetamiento de la droga», prosigue el documento elaborado por la Redim en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de menores en conflictos armados, vigente desde 2002.
La mayoría de los casos han ocurrido en los norteños estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como en el sureño Guerrero, en los cuales hay fuerte presencia militar, policial y de organizaciones de narcotraficantes.
Los homicidios con arma de fuego de adolescentes de 15 a 17 años representan más de la mitad de los casos de muertes en esta franja desde 2006, según el Mapa Geo-referencial
Esa situación «se debe a que (esos jóvenes) no estudian ni trabajan, sus zonas de residencia son escenario de la lucha antinarco y hay carencia de fuentes de empleo», explicó Pérez.
Organizaciones no gubernamentales calculan que entre 30.000 y 50.000 mexicanos menores de 18 años trabajan para las mafias de las drogas.
«La población civil está desprotegida. Hay que reconstruir el Estado mexicano, pues unos pedazos le pertenecen al crimen organizado, diferentes fragmentos trabajan para otros grupos criminales y pedazos del Estado matan a otros pedazos», ilustró Buscaglia.
El experto ha analizado 22 actividades criminales, como tráfico y trata de personas y lavado de dinero, y ha identificado 784 vacíos institucionales en bolsones territoriales de México.
El informe alternativo sugirió la investigación de los asesinatos y la persecución penal de los autores de esos crímenes, la creación de una defensoría de los derechos de la infancia e instaurar un sistema de datos sobre víctimas y autores de delitos ligados al narcotráfico.
«La respuesta debe ser buscar maneras para que los jóvenes no caigan y a los que ya cayeron garantizarles una vida digna», planteó Morales, quien el año pasado recibió el premio Alison Des Forges al Activismo Extraordinario, la más alta distinción de la organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch.
«Nuestras comunidades no pueden tolerar más violencia, no se puede construir desde la violencia institucionalizada», puntualizó.
