Una veintena de organizaciones de la sociedad civil acusaron al gobierno español ante la ONU de incumplir compromisos internacionales al recortar fondos en áreas sociales para afrontar la crisis económica. Los inmigrantes están entre las principales víctimas del plan de austeridad.
Los severos problemas económicos y financieros que sufre España derivaron en "una crisis de derechos humanos", afirman los activistas en su informe presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que el lunes 7 y este martes 8 analizó la situación en este país de asuntos como vivienda, salud, trabajo, educación e inmigración.
El "insuficiente reconocimiento en la Constitución" de esos compromisos y la falta de legislación acorde hacen que la reparación judicial por la eventual violación de los derechos sociales sean "una asignatura pendiente", añade el texto suscripto, entre otros, por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Médicos del Mundo.
El Comité de la ONU, conformado por expertos independientes, supervisa cada cinco años en cada estado parte la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en 1966 y ratificado por España en 1977.
Entre los colectivos más afectados por los recortes fiscales están los inmigrantes que no tienen reconocida su residencia en el país, a los que se les restringe el acceso gratuito que tenían hasta ahora a los centros de salud pública, al igual que las prestaciones económicas, entre otras quitas de derechos.
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El decreto que modifica la Ley de Extranjería indica que todos los indocumentados y hasta los turistas procedentes de países que no tienen convenio sanitario con España tendrán derecho solo a una atención de salud básica, como urgencias, partos y también el cuidado de los niños.
"O los inmigrantes se adaptan a nuestros valores o que den media vuelta y vuelvan por donde han venido", declaró el alcalde de la nororiental ciudad catalana de Badalona, Xavier García Albiol, en una muestra del pensamiento al respecto del centroderechista Partido Popular, que gobierna España.
Para ser considerado "regular", el inmigrante debe estar inscripto y cotizando como trabajador, pero hay muchos que no lo consiguen porque sus empleadores se niegan para así no pagar su parte al sistema de seguridad social.
No hay cifras exactas ni medios para tenerlas, pero fuentes sindicales estiman que los trabajadores que no están inscriptos en la seguridad social llegan a unos cuatro millones, y buena parte de ellos son inmigrantes indocumentados. Por su parte, el gobierno calcula que los extranjeros en situación irregular son unos 500.000.
Las organizaciones no gubernamentales que denunciaron a España pusieron énfasis en la quita de la llamada tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. Es "un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida", indicaron.
Subrayaron, además, que tanto el gobierno de Mariano Rajoy como los regionales "no solo se limitan a la reducción de la inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos en la legislación internacional, sino que para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legales en el país".
La recesión económica en España ya provocó que el desempleo trepara hasta 24 por ciento de la población económicamente activa, que equivale a más de cinco millones de personas.
En los temas de asistencia social se destaca que el gobierno mira hacia otro lado cuando se están produciendo desalojos forzosos, con ayuda policial en muchos casos, de miles de familias por no poder pagar los alquileres o porque los propietarios quieren poner en venta esas viviendas.
Una inmigrante peruana, que solo se identificó con el nombre de Adelina, comentó a IPS su peripecia en España sin los documentos de residencia. Llegó al país "contratada" por unos intermediarios para trabajar en la hotelería, sector en el que se desempeñó un tiempo.
"Nunca me hicieron firmar papeles laborales. Durante casi un año me fueron pagando mes a mes mi sueldo, lo cual me permitió alquilar un pequeño apartamento y pagar el viaje a España de mi esposo y de mis dos hijitos", narró.
"Al principio todo nos fue bien, mi esposo consiguió otro trabajo, pero le duró menos de tres meses. Hace un mes me despidieron también a mí, sin pagarme indemnización porque no estaba registrada, y ahora estamos desesperados, porque en unos días más no tendremos con qué pagar el alquiler y tampoco nuestros billetes de viaje si resolviéramos retornar a Perú", indicó angustiada.
Rajoy aseguró días atrás que ignoraba al ganar las elecciones que se iba encontrar al asumir en diciembre con una situación tan seria en el país. "Pensamos que debíamos afrontar una gripe o un catarro, pero estamos ante una neumonía", graficó.
Esa "enfermedad" es la que azotará a la ciudadanía española durante bastante tiempo, porque el problema es grave y difícil de solucionar, en especial por el rumbo adoptado, según analistas.
El gobernante prometió enfrentar la crisis "metiendo la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas, a la sanidad y a la educación", pero el presupuesto nacional aprobado a fines de marzo impuso, precisamente, los más fuertes recortes en las dos últimas áreas.
En general el ajuste promedio de todas las carteras ministeriales fue de 16,9 por ciento, en un intento por reducir el déficit fiscal de 2011, de 8,5 por ciento del producto interno bruto, a 5,3 por ciento para fines de este año.
